POR: MIGUEL RODRÍGUEZ CALIZAYA
Hoy, en un mundo en el que la vida cotidiana, la educación y el trabajo dependen cada vez más de una sola herramienta, surge una pregunta clave: ¿podemos realmente permitir que los niños crezcan al margen de internet?
Según la Encuesta Residencial de Servicios de Telecomunicaciones (Erestel), al cierre de 2024, el 92.6% de los hogares peruanos ya contaba con acceso a internet fijo o móvil, de acuerdo con información difundida por el Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones (OSIPTEL) en 2025.
Asimismo, la Organización Internacional del Trabajo (OIT, 2025) señala que el 53% de los trabajadores de plataformas digitales en América Latina tiene clientes en el extranjero, principalmente en Estados Unidos y Canadá. Además, más del 60% de universidades en el mundo ofrece actualmente programas en línea, según Atlantic International University (2025).
Estos datos no solo describen una realidad estadística, sino que evidencian un cambio estructural: la digitalización ha dejado de ser complementaria y se ha convertido en un requisito fundamental para el ejercicio de oportunidades educativas y laborales. Entonces, quienes tengan mayor experiencia en cómo funciona la tecnología de hoy en día tendrán muchas más oportunidades de desarrollo a nivel personal, académico y profesional.
ACCESO, CONOCIMIENTO Y DERECHOS
En ese sentido, la UNESCO, desde 2011, sostiene una postura favorable en cuanto al uso de internet, destacando que es esencial para la creación y difusión de conocimiento, la libertad de expresión y el diálogo intercultural, en cumplimiento de su misión, conforme al documento del Consejo Ejecutivo 186 EX/37.
Esto implica que el acceso a internet no solo tiene una dimensión funcional, sino también formativa y de derechos, al incidir directamente en la construcción de ciudadanía, pensamiento crítico y comprensión intercultural desde edades tempranas.
Sin embargo, desde un enfoque de protección del interés superior del niño, el acceso no puede entenderse sin responsabilidad. El Ministerio de Educación del Perú (MINEDU, 2015) establece la necesidad de reglas claras de supervisión parental, lo que revela que el ordenamiento no busca restringir el acceso, sino regular su ejercicio.
A su vez, el estudio de Aldeas Infantiles SOS Perú (2022), al señalar que el 50% de padres desconoce si sus hijos navegan de forma segura y que el 53% de adolescentes reconoce riesgos en línea y los evita, evidencia una tensión clara: no es la tecnología la que falla, sino el déficit de acompañamiento y control preventivo.
EDUCACIÓN DIGITAL
En consecuencia, desde una lógica de política pública y protección de derechos, el problema no radica en el acceso a internet, sino en la ausencia de mecanismos eficaces de supervisión y educación digital, ejercidos principalmente por los padres o tutores.
Por ello, más que una prohibición, que resultaría desproporcionada frente a una realidad ya consolidada, lo más razonable es apostar por la educación digital, la corresponsabilidad parental y la regulación del entorno de uso como medidas de protección efectiva del niño o niña.
