POR: JULIO FARFÁN VALVERDE
El sillón municipal de la provincia de Ilo parece haber transformado la vocación de servicio en un ejercicio de cinismo y soberbia absoluta. La gestión del alcalde Humberto Tapia Garay atraviesa su momento más crítico, no solo por los alarmantes cuestionamientos legales y de control que arrastra, sino por un comportamiento que la opinión pública califica abiertamente como autoritario, evasivo y profundamente desconectado de la realidad ciudadana. Hoy, Ilo asiste al penoso espectáculo de una primera autoridad que se cree dueña de la verdad, colocándose por encima de las leyes y de los propios vecinos que la eligieron.
EL BLOQUEO CIUDADANO: OBRAS A LA FUERZA Y SORDERA EDIL
La indignación y el repudio generalizado no son gratuitos. Mientras los vecinos de diversas zonas de vivienda y comerciantes locales intentan desesperadamente establecer puentes de diálogo, la respuesta del despacho de Tapia Garay ha sido el portazo y la indiferencia. El caso más alarmante se vive en el corazón de nuestra zona de tránsito turístico.
En plena temporada de verano —cuando el puerto de Ilo recibe la mayor afluencia de visitantes y el comercio local, entre restaurantes, hoteles, heladerías, tiendas, cadenas como Plaza Vea, taxistas y hasta ambulantes, se juega el sustento diario y el de todo el año—, la comuna provincial, representada por su empoderado alcalde, insiste de manera intransigente en ejecutar mantenimientos y modificaciones viales sin planificación consensuada.
Al bloquear deliberadamente el tránsito peatonal y vehicular, de la forma que sea y sin medir las consecuencias, la gestión ahuyenta el turismo y asfixia la economía de las familias ileñas. Frente a los reclamos legítimos, el alcalde ha optado por la línea dura del autoritarismo, llegando a manifestar de forma prepotente que “ningún plantón detendrá los trabajos”. Esta falta de criterio técnico, de sensibilidad humana y, principalmente, de tolerancia política demuestra que, para el burgomaestre, el poder no es para servir, sino para imponer.
EL CERCO MEDIÁTICO: ENTRE “AYAYEROS” Y LA EVASIÓN A LA VERDAD
Pero el rasgo más peligroso de este estilo de gobierno es su frontal desprecio por la transparencia y la libertad de prensa. Tapia Garay insiste ante las cámaras en un discurso gastado y hace uso de su cinismo acostumbrado, asegurando que él responde a cualquier cuestionamiento. Sin embargo, la realidad desmiente su narrativa: este medio de comunicación, Prensa Regional, ha solicitado formalmente y por escrito una entrevista con el alcalde en varias oportunidades. ¿La respuesta? El silencio cobarde y la evasión.
El alcalde huye de la prensa independiente y seria porque no tiene respuestas para los escandalosos casos de corrupción destapados por nuestras investigaciones y advertidos por la propia Contraloría General de la República. Prefiere el monólogo y el aplauso empaquetado. Para lograrlo, se ha denunciado un sistemático sometimiento mediático, así como beneficios para quienes no lo cuestionan y optan por un silencio cómplice. El objetivo es claro: mantener amordazados a sectores de la prensa local, transformando a algunos reporteros y periodistas en auténticos “ayayeros” y comunicadores sumisamente “oficialistas”, que callan, blindan y maquillan los escandalosos hechos irregulares y de corrupción de la actual gestión.
UN ALCALDE CONTRA LAS CUERDAS DE LA LEY
Detrás de la careta de empoderamiento, cinismo y soberbia, lo que se esconde es una profunda debilidad institucional. La opinión pública no olvida que Humberto Tapia Garay es una autoridad fuertemente cuestionada por los entes de control y la justicia.
SUSPENSIÓN E INHABILITACIÓN
El Concejo Municipal de Ilo tuvo que aprobar por unanimidad su suspensión en el cargo tras una sentencia penal de segunda instancia por el delito de usurpación de funciones. Incluso, el Órgano de Control Institucional (OCI) detectó que continuó firmando resoluciones de manera irregular estando inhabilitado. A ello se suman irregularidades y casos de corrupción bajo la alfombra.
La ciudadanía de Ilo está decepcionada. Un gobernante que no escucha a sus vecinos, que destruye la economía local en época turística, que compra silencios y que huye de los medios que informan con objetividad y rigor pierde toda legitimidad moral para dirigir los destinos de nuestra provincia. A ello se suma su inhabilitación judicial mediante sentencia condenatoria por ser autor de un delito doloso, confirmada en segunda instancia por la Sala Penal.
Ilo no tiene un dueño; tiene un servidor público temporal que hoy, al término de su gestión, camina por el sendero del repudio popular debido a su empoderamiento de cinismo y soberbia.
