El caso del presunto servicio de catering fantasma en la Sub Región de Desarrollo Ilo, revelado por Diario Prensa Regional a partir de una fiscalización realizada por el consejero regional Ángelo Sleyther Quilco Flores, dio lugar a una intervención del Ministerio Público la mañana de este viernes.
El fiscal adjunto provincial provisional Rony Jala Quispe, acompañado de efectivos de la Dirección Contra la Corrupción (Dircocor) de la Policía Nacional del Perú, participó en una diligencia fiscal desarrollada en las instalaciones de la entidad regional, donde se intervino en diferentes oficinas administrativas, entre ellas Logística, con la finalidad de cautelar información relacionada con la contratación investigada.
La actuación fiscal constituye un nuevo episodio en un caso que ha generado cuestionamientos sobre el manejo de recursos públicos, luego de conocerse que personas consignadas como participantes de una capacitación negaron haber asistido a la actividad para la cual se contrató un servicio de alimentación.
DE LA FISCALIZACIÓN A LA INTERVENCIÓN FISCAL
Como informó Prensa Regional, el caso salió a la luz tras la visita de fiscalización inopinada realizada el 25 de agosto de 2026 por el consejero regional Ángelo Quilco Flores, presidente de la Comisión de Fiscalización y Control Interno del Consejo Regional de Moquegua.
La intervención permitió advertir diversas contradicciones relacionadas con la Orden de Servicio N.° 001714, emitida a favor de Corporación JNY S.A.C., por S/ 2 650 (dos mil seiscientos cincuenta soles).
La contratación correspondía al suministro de alimentos para 50 participantes de un taller de coordinación y orientación sobre rendición de cuentas de titulares y transferencia de gestión, programado para el 14 de agosto de 2026. Sin embargo, durante la fiscalización, algunas personas que figuraban entre los asistentes manifestaron que no habían participado en dicha capacitación. Estas declaraciones quedaron registradas en audios recabados durante la intervención del consejero.
A ello se sumó que la actividad no figuraba en la agenda institucional difundida para aquella fecha, mientras que el expediente administrativo contenía una conformidad de servicio, una factura, una carta del proveedor y fotografías presentadas como sustento de su ejecución.
DOCUMENTACIÓN BAJO LA LUPA
Uno de los aspectos que llamó la atención fue que la Oficina de Tesorería había formulado observaciones al expediente y dispuesto su devolución a Recursos Humanos, área que solicitó la contratación.
Entre las deficiencias advertidas figuraban aspectos presupuestales, la verificación de los requisitos del proveedor, la falta de un plan de trabajo debidamente sustentado y la necesidad de ampliar las evidencias fotográficas que acreditaran la ejecución del servicio.
En ese contexto, la diligencia fiscal busca cautelar información que permita esclarecer las circunstancias en que se tramitó la contratación y determinar si el servicio de alimentación fue efectivamente prestado.
La documentación de las áreas administrativas resulta especialmente importante para establecer qué verificaciones se realizaron antes de otorgar la conformidad y qué actuaciones se cumplieron para tramitar el pago.
La intervención encabezada por el fiscal adjunto Rony Jala Quispe abre una nueva etapa en el esclarecimiento de las circunstancias que rodean esta contratación.
Entre los aspectos pendientes figuran determinar si la capacitación se desarrolló conforme a lo previsto, quiénes participaron realmente, si los alimentos fueron entregados y qué documentación sustentó la conformidad del servicio.
También deberá esclarecerse la actuación de las áreas administrativas que intervinieron en el procedimiento, sin que ello implique atribuir anticipadamente responsabilidades a sus funcionarios o al proveedor.
FOTO DE LA
Sub Región Ilo. El fiscal adjunto provincial Rony Jala Quispe, acompañado de efectivos de la Dircocor, realizó este viernes una diligencia en oficinas de la Sub Región Ilo para cautelar documentación relacionada con el presunto servicio de catering fantasma, caso revelado por Prensa Regional tras la fiscalización del consejero Ángelo Quilco Flores.
