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Incumplimientos en mantenimiento vial en Yunga ocasionan pérdida superior a S/ 1 millón

Contraloría identificó presunta responsabilidad penal y/o administrativa funcional en tres exfuncionarios de la Municipalidad Provincial de General Sánchez Cerro.

En el marco de las acciones de control del Megaoperativo de Control en la región Moquegua, la Contraloría General detectó irregularidades en la conformidad al servicio de mantenimiento periódico rutinario del camino vecinal de Yunga, lo que ocasionó un perjuicio económico de S/ 1 109 033 y se determinó presunta responsabilidad penal y/o administrativa funcional en tres exfuncionarios de la Municipalidad Provincial de General Sánchez Cerro (MPGSC).

En agosto de 2020, dicho municipio suscribió un contrato con una empresa privada para la ejecución del mantenimiento periódico y rutinario de 24.87 km. de vía en el mencionado distrito altoandino, por un monto de S/ 1 695 895 a ejecutarse en un plazo de 445 días calendarios.

El Informe de Control Específico N° 011-2022-2-0444, que evaluó los hechos ocurridos entre el 13 de julio de 2020 al 31 de diciembre de 2021, evidenció que los inspectores del servicio y gerente de Infraestructura y Desarrollo Urbano Rural de la MPGSC, aprobaron, otorgaron conformidad y dieron trámite al pago del servicio denominado Fase II Mantenimiento Periódico a pesar que se incumplieron las especificaciones técnicas en la colocación de material granular de cantera y su transporte.

Esta inconducta de los trabajadores ocasionó el incumplimiento de los requisitos, controles de calidad y obligaciones contractuales. Por ejemplo, se detectó que se colocaron piedras de mayor tamaño a lo establecido en la normativa vigente y que tanto el contratista como los inspectores utilizaron fotografías con inconsistencias en la fechas y coordenadas, para sustentar los avances de trabajo.

El informe de control, elaborado por el Órgano de Control Institucional de la MPGS, fue comunicado al titular de la entidad para las acciones que correspondan. Además, se recomendó al Órgano Instructor de la Contraloría General actuar en el marco de su competencia; como a la Procuraduría Pública Especializada en Delitos de Corrupción, realizar las acciones legales en materia penal.

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