POR: VICENTE ANTONIO ZEBALLOS SALINAS
Desde semanas atrás se viene advirtiendo que no descuidemos nuestra decisión electoral, en particular de la futura composición del todopoderoso Senado, que, estando a las facultades asignadas, se convierte en el eje central de las más importantes definiciones políticas.
Agregando a ello, las proyecciones electorales, bajo elecciones en distrito único y múltiple, y con exigente valla del 5% de votos válidos “y” 3 senadores, quedan seriamente acotadas las agrupaciones que llegarían a tener representación, como efectivamente viene ocurriendo con seis agrupaciones, aunque ninguna de ellas tenga mayoría absoluta. Sin embargo, es evidente percibir en ellas coincidencias programáticas que permitirán actuar y decidir en bloques, por lo menos en lo formal.
La ingrata experiencia del parlamento que está culminando su periodo nos deja abierto el reparo de ir al encuentro de un incierto panorama legislativo.
Las distintas modificaciones que se han dado a nuestra Constitución, con énfasis en la restitución del Senado, no garantizan en lo más mínimo que las tensas relaciones entre el Gobierno y el Parlamento se vean superadas o, por lo menos, limitadas, no obstante la argumentación de “mejorar la representación y fortalecimiento democrático”.
Puesto que las reclamadas reformas referidas a la vacancia presidencial, la disolución del Congreso o la reconfiguración de las causales de acusación presidencial —incluso sugeridas por el Sistema Interamericano de Derechos Humanos— no tuvieron atención alguna, se soslayó la oportunidad de focalizar los correctivos constitucionales que se constituyeron en factores de conflicto y que debieran acudir a mejorar las relaciones interinstitucionales, permitiendo una reforzada gobernabilidad.
Desde esta última perspectiva, está expedito el escenario para —una vez más— instrumentalizar la Constitución e ir al acoso, por no decir a la caza, de quien esté en la gestión de Gobierno, o recoger las pretensiones e intereses parlamentarios o facilitar la sucesión presidencial.
Si bien Keiko Fujimori ya está en la segunda vuelta electoral, el indefinido resultado final sobre la contraparte política que la acompañará, sea cual sea, y quien finalmente coseche la elección presidencial, no tendrá una mayoría parlamentaria determinante.
Nos podemos colocar en el hábil escenario construido bajo el gobierno de Pedro Castillo para evitar su vacancia. La norma establecía una mayoría de dos tercios de votos congresales, es decir, 87 votos; entonces, la labor férrea era conseguir 34 votos que puedan evitarlo, lo que hasta ciertas circunstancias se logró.
Es cierto que una de las bancadas más disciplinadas es la fujimorista, lo que no garantiza que en el futuro puedan darse deserciones. Una vez en el ejercicio de la función, los congresistas, asumiendo su protagonismo —representantes de la nación, pero también de sus egos y sus singulares intereses—, rompen con facilidad la unidad y cohesión de la agrupación política que los apuntaló hacia su cargo.
Prontamente divagan en su “independencia”, manifestada en presiones y condiciones, dejando a la deriva la gobernabilidad que debieran impulsar en favor del país. A consecuencia de ello, sobreviene el naufragio de nuestra estabilidad política, y son las falencias normativas las que alientan estas posiciones.
Cuando debiéramos esperar un ejercicio prudente de la responsabilidad política asumida, vamos al encuentro de respuestas soberbias, excluyentes y ausentes de realismo. Hay renovados rostros políticos que puedan significar esperanzas en la turbulencia, pero también hay reelegidas alternativas que son el fiel reflejo del statu quo reprochado. No tenemos ninguna garantía de que esta segunda Cámara se instituirá en un punto de quiebre de la calamitosa performance de la actual representación.
Sesenta representantes para el Senado se suman a los 130 diputados. Los politólogos observaban que somos una de las democracias menos representativas en cuanto a la relación densidad electoral–representantes parlamentarios, y en esa lógica pudieran ser más y hasta sería comprensible.
Pero sin modificar las reglas electorales, sin revisar las relaciones Ejecutivo–Legislativo, sin una reforma política gravitante, sin mayores espacios de participación ciudadana que ahonden en mejorar verdaderamente la representación y que esta se determine por los intereses nacionales, poco o nada se podrá lograr, y más bien estamos garantizando novedades en el número de representantes y continuismo en nuestra propia gobernabilidad.
No se trata de un permanente descontento, se trata de recuperar nuestra democracia colocando como protagonista a nuestros ciudadanos, y necesariamente debe establecerse con rigor nuestras debilidades.
Cuánto quisiéramos estar equivocados: el panorama político que se nos propone es delicado y pareciera que ingresamos a un segundo tiempo de lo mismo.
