POR: DRA. FANNY REAÑO BAYONA *
Los primeros cien días de un gobierno suelen entenderse, desde el derecho constitucional y la ciencia política, como un periodo de gracia: la “luna de miel” en que la oposición concede el margen mínimo para que el Ejecutivo organice su Gabinete y ponga en marcha su plan. La presidenta Keiko Fujimori, quien juramentó el 28 de julio y cumplió sus primeros cien días el 4 de noviembre, no la tuvo. Para amplios sectores del Parlamento, la fijación con la contienda electoral y el revanchismo partidario siguen pesando más que la estabilidad institucional.
Conviene un deslinde conceptual. Una democracia madura exige una oposición firme, fiscalizadora y vigilante de la legalidad; jamás un obstruccionismo que paralice al Estado. La segunda vuelta dejó un país polarizado: Fujimori obtuvo el 50,135 % de los votos válidos frente al 49,865 % de Roberto Sánchez, una diferencia de menos de 50 000 votos. Pero el mandato de las urnas, proclamado por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), es jurídicamente inobjetable, y erosionar su legitimidad mediante la traba procedimental contraviene los principios básicos de gobernabilidad.
Lo más crítico es la materia que se entrampó. A fines de agosto, el Ejecutivo pidió la delegación de facultades legislativas, mecanismo previsto en el artículo 104 de la Constitución, con un paquete de 66 materias. El pedido enfrentó un dictamen inicial que recomendaba negarlo y archivarlo, el rechazo de seis comisiones ordinarias y textos sustitutorios diversos. Recién el 6 de octubre, el Pleno de la Cámara de Diputados lo aprobó, con 66 votos a favor, 34 en contra y 24 abstenciones, pero recortado a 20 medidas, 90 días de plazo y solo dos materias: seguridad ciudadana y fenómeno El Niño. Después, el Senado lo amplió a 27 materias (35 votos a favor, 18 en contra y 6 abstenciones). Entre la solicitud y la aprobación final transcurrieron casi dos meses.
Es justo reconocer que el recorte tuvo defensores: voces jurídicas y parlamentarias cuestionaron la amplitud del pedido original, y la ampliación hecha por el Senado abrió un debate sobre los límites de la Cámara Alta frente a lo aprobado por Diputados. Pero una cosa es delimitar con rigor y otra demorar hasta que la urgencia se convierta en costo.
El nuevo diseño bicameral agrava la complejidad. La Cámara de Diputados es espacio de trámite, debate incisivo y representación directa; el Senado aporta contrapeso y ponderación. Dilatar pedidos urgentes por consignas partidarias desvirtúa esa distribución de funciones. Las facultades deben otorgarse oportunamente; vencido el plazo, corresponde al Congreso ejercer el control posterior sobre cada decreto legislativo. Bloquear antes de permitir la ejecución no es fiscalización: es sabotaje preventivo.
¿Qué se postergaba? La inseguridad ciudadana, la extorsión y el avance del crimen organizado, el flagelo que más desangra a las familias peruanas. Las bancadas del bloque “Consenso por la Democracia” —Juntos por el Perú, de Roberto Sánchez; Ahora Nación; Obras y el Partido del Buen Gobierno, de Jorge Nieto—, que incluso disputaron juntas las mesas directivas de ambas cámaras, han sido criticadas por entrampar el debate, aunque sus voceros sostienen que respaldan facultades en lo urgente. Resulta revelador el pacto de Nieto con Sánchez, pese a haber anunciado en campaña que su partido sería oposición a cualquiera de los dos candidatos. Y mientras el oficialismo busca alianzas de gobernabilidad con el centro y la derecha parlamentaria, algunos usan las tribunas del Congreso como escaparate rumbo al 2031. ¿Pesa más la ambición de cuotas de poder y el despecho de la derrota que la tranquilidad de millones de peruanos?
Las consecuencias no se agotan en la capital. En las regiones, y de manera sensible en Moquegua, la dilación en la transferencia de recursos, la traba a obras de infraestructura básica y los retrasos en los presupuestos de seguridad amenazan con ahondar las brechas sociales y asfixiar la reactivación local. Existe, además, un costo invisible: el desgaste en la salud mental colectiva de una ciudadanía exhausta de ver cómo las disputas de la clase política devoran el futuro de sus regiones.
Nuestro “espejo de análisis” obliga a preguntar: ¿se usa el esquema bicameral como herramienta de alta fiscalización constitucional o como laberinto de boicot y revancha partidaria? ¿Con qué solvencia criticarán la gestión del Ejecutivo quienes retrasaron y recortaron las herramientas que este pidió para actuar? ¿Es éticamente admisible subordinar la lucha contra la delincuencia a cálculos y apetitos electorales?
Aprobada la delegación, el plazo de 90 días será también la vara para medir al Gobierno: la presidenta tiene la responsabilidad impostergable de legislar con eficiencia y mostrar gestión concreta. La oposición, por su parte, tiene el deber patriótico de fiscalizar sobre decretos expedidos y resultados, no sobre la parálisis previa. La historia y el pueblo peruano juzgarán con severidad a quienes conviertan el Parlamento en una trinchera contra la paz y el desarrollo de la patria.
[*]Doctora en Salud Pública y doctora en Derecho y Ciencia Política (Universidad Nacional Mayor de San Marcos). Obstetra, abogada y magíster en Administración de Servicios de Salud.
