El Poder Ejecutivo aprobó nuevas disposiciones para fortalecer la protección legal de las personas que actúan en legítima defensa frente a la delincuencia, estableciendo una presunción de racionalidad en favor de quienes utilizan la fuerza para proteger su integridad, sus bienes o los derechos de terceros.
La medida fue oficializada mediante el Decreto Legislativo N.º 1743, que modifica el numeral 3 del artículo 20 del Código Penal e incorpora disposiciones al Código Procesal Penal.
FISCALÍA DEBERÁ DEMOSTRAR LO CONTRARIO
El principal cambio establece que se presume que una persona que ejerce legítima defensa ha actuado de manera racional frente a una agresión, correspondiendo al Ministerio Público demostrar lo contrario.
La norma mantiene tres condiciones fundamentales para reconocer la legítima defensa: que exista una agresión actual, ilegítima y real; que el medio empleado sea racionalmente necesario para impedirla o repelerla; y que se cumpla el requisito de ausencia de provocación suficiente.
La modificación también precisa que la racionalidad del medio empleado deberá evaluarse desde la perspectiva de quien se defiende, considerando las circunstancias existentes en el momento de la agresión.
Para esta evaluación se tomarán en cuenta factores como la intensidad y peligrosidad del ataque, la forma de proceder del agresor, los medios disponibles para defenderse y los bienes jurídicos protegidos.
Asimismo, se excluye el criterio de proporcionalidad de medios para determinar la necesidad racional de la defensa.
JUECES DEBERÁN JUSTIFICAR SUS DECISIONES
Otro cambio importante establece que toda resolución judicial que descarte la presunción de racionalidad deberá contar con una motivación cualificada, bajo sanción de nulidad.
Esta exigencia también alcanza a los procesos judiciales que actualmente se encuentran en trámite, conforme a la disposición complementaria final del decreto legislativo.
La norma busca que las decisiones judiciales consideren las condiciones de incertidumbre, peligro y rapidez en las que una persona debe reaccionar frente a una agresión.
CAMBIOS EN LAS INVESTIGACIONES FISCALES
El decreto también incorpora un segundo párrafo al numeral 1 del artículo 334 del Código Procesal Penal.
Esta disposición establece que, cuando se investiguen hechos relacionados con una posible actuación en legítima defensa, el fiscal deberá pronunciarse expresamente sobre dicha circunstancia.
Si determina que concurren todos los requisitos legales, deberá declarar que no procede formalizar ni continuar la investigación preparatoria y disponer el archivo de lo actuado.
La reforma no significa que cualquier reacción violenta quede automáticamente justificada. El uso de la fuerza, incluida la fuerza letal, continúa sujeto al cumplimiento de los requisitos establecidos en el Código Penal.
