POR: FANNY REAÑO BAYONA (*)
En el tablero político peruano, la geografía electoral suele funcionar como una radiografía implacable de nuestras fracturas estructurales. Desde una rigurosa perspectiva del derecho y la ciencia política, si observamos los procesos de segunda vuelta presidencial que han definido el rumbo institucional del país durante las últimas décadas, el sur andino —conformado por regiones como Puno, Moquegua, Arequipa y Cusco— se erige, de manera ininterrumpida, como un bastión ideológico refractario al fujimorismo.
Este divorcio entre el poder central y las macroregiones del sur no constituye un mero desajuste coyuntural, sino un cisma histórico y político profundo.
A lo largo de los años, este rechazo no solo se ha traducido en porcentajes abrumadores en las urnas contra Fuerza Popular, sino que también se ha institucionalizado mediante una sólida representación parlamentaria de la izquierda y el socialismo democrático.
Frente a este escenario, resulta imperativo analizar si es políticamente viable construir puentes de entendimiento entre un Ejecutivo de raigambre conservadora y un sur territorialmente politizado, donde conviven la resistencia social, la potencia económica de la gran minería y la persistencia de una memoria colectiva generacional.
“El sur andino no es un desajuste coyuntural; es un cisma histórico y político profundo que desafía la legitimidad de cualquier poder central”.
EL CISMA Y LA GEOGRAFÍA ELECTORAL
La configuración geopolítica del Perú evidencia una fractura institucional persistente, donde las macroregiones del sur operan como un polo de resistencia ideológica frente a proyectos de raigambre centralista o conservadora.
Los comicios generales reflejan un patrón de polarización ineludible. De acuerdo con las cifras oficiales de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), durante los procesos de segunda vuelta presidencial, las circunscripciones del sur manifestaron un rechazo categórico hacia la opción de Fuerza Popular.
Puno registró un contundente antivoto en segunda vuelta, con el 89.25 % para la alternativa contraria. Moquegua alcanzó el 73.15 % de rechazo en la misma instancia de balotaje. Arequipa marcó un 64.86 % de votación adversa al fujimorismo y Cusco consolidó una tendencia de rechazo que ascendió al 75.40 %.
Este bloque no solo responde a un reflejo presidencial, sino que se institucionaliza territorialmente mediante bancadas de izquierda y del socialismo democrático.
Con la implementación del sistema bicameral, diversas figuras revalidan o escalan posiciones. Líderes de la macrozona sur, como Víctor Raúl Cutipa, transitan hacia la nueva representación parlamentaria, acompañados por legisladores regionales de bancadas de izquierda en Puno, Moquegua, Arequipa y Cusco, quienes marcan un contrapeso legislativo directo al Ejecutivo.
LA PARADOJA MACROECONÓMICA: EL MOTOR CUPRÍFERO Y FISCAL ANCLADO AL SUR
Resulta una contradicción sistémica que el territorio que genera una mayor aportación al producto bruto interno (PBI) minero y a la caja fiscal del Estado sea, simultáneamente, el más distanciado del Ejecutivo central.
Lejos de ser una zona aislada, el sur alberga algunas de las corporaciones extractivas más grandes del continente, con cifras respaldadas por fuentes oficiales.
En Moquegua destaca la operación de Anglo American con el yacimiento Quellaveco, cuya inversión estimada asciende a US$ 5,500 millones, consolidándose como uno de los proyectos cupríferos más grandes del país, según el Ministerio de Energía y Minas (Minem). A ello se suma la presencia histórica de Southern Peru Copper Corporation mediante la unidad minera Cuajone.
Durante los últimos diez años, los aportes fiscales y las transferencias por canon minero de estas operaciones han significado que hasta el 76 % de los recursos determinados de la región se destine a financiar la inversión pública local, con distritos productores como Torata, que perciben más del 90 % de sus presupuestos de esta fuente, según información del Ministerio de Economía y Finanzas y del Grupo Propuesta Ciudadana.
En Arequipa opera Sociedad Minera Cerro Verde, cuyos aportes por canon, regalías e impuesto a la renta superan los cientos de millones de soles anuales. Es el segundo productor de cobre más grande a nivel nacional, con más de 400,000 toneladas métricas finas procesadas anualmente y una participación significativa en la macrozona sur, según información del Banco Central de Reserva del Perú y del Ministerio de Energía y Minas.
En Tacna, la actividad cuprífera de la unidad Toquepala, operada por Southern Perú, sustenta gran parte del presupuesto regional. Durante la última década, las transferencias por canon minero han registrado hitos históricos, superando los S/ 200 millones anuales durante diversos ejercicios fiscales recientes, para dinamizar la inversión pública departamental.
Ninguna administración gubernamental puede pretender estabilidad fiscal ni gobernabilidad sostenible ignorando el peso estratégico de estas cuencas extractivas, bajo el pretexto de la desafección electoral o del predominio de opciones de izquierda en sus consejos regionales y cámaras legislativas.
EL FACTOR DEMOGRÁFICO, LAS BRECHAS SANITARIAS Y LA MEMORIA COLECTIVA
Han transcurrido 26 años desde que Alberto Fujimori abandonó la Presidencia de la República en el año 2000: más de un cuarto de siglo de transiciones democráticas y crisis sucesivas de gobernabilidad.
Las estadísticas demográficas del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) y los padrones electorales del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) muestran que los votantes jóvenes y adultos jóvenes —segmentos etarios de entre 18 y 35 años— representaron aproximadamente el 42 % del electorado hábil en las regiones de Puno, Cusco, Arequipa y Moquegua.
Estos ciudadanos no experimentaron directamente el régimen de los años noventa. No obstante, el antivoto se reproduce intergeneracionalmente.
Desde una lectura especializada en salud pública, este fenómeno no se explica únicamente por factores ideológicos abstractos, sino también por el profundo impacto de las brechas sociales no resueltas.
La precariedad histórica de los servicios de saneamiento básico, la deficiente administración de los servicios de salud y el colapso recurrente de la infraestructura hospitalaria en las provincias altoandinas alimentan la percepción ciudadana de abandono estatal.
Esta exclusión estructural fortalece la transmisión de relatos comunitarios y hace que el antivoto se perpetúe como un mecanismo de defensa frente a un modelo económico centralista que extrae la riqueza minera de sus suelos, pero deja hospitales desabastecidos y comunidades vulnerables.
“El antivoto no se alimenta solo de ideología, sino de hospitales colapsados, saneamiento ausente y de la memoria de una exclusión estructural no resuelta”.
GOBERNABILIDAD, GABINETE MINISTERIAL Y RECONCILIACIÓN CONSTITUCIONAL
Desde nuestra formación y análisis especializado en derecho y ciencia política, comprendemos que la gobernabilidad no se sostiene únicamente sobre mayorías numéricas en el Parlamento, sino también sobre la legitimidad institucional y el equilibrio de poderes.
Con la asunción de Keiko Fujimori como presidenta constitucional de la República —la primera mujer en alcanzar la primera magistratura mediante elección democrática para el periodo 2026-2031— y un gabinete ministerial encabezado en la Presidencia del Consejo de Ministros por Luis Galarreta, el país ingresa en un punto de inflexión político ineludible bajo el nuevo esquema de bicameralidad.
El primer gran desafío normativo e institucional que afronta el Ejecutivo radica en la negociación y obtención de facultades legislativas ante un Parlamento bicameral fraccionado, donde la Cámara de Diputados se encuentra bajo la hegemonía de la izquierda, mientras que el Senado responde a una correlación de fuerzas de derecha.
En este escenario, las bancadas de izquierda despliegan una narrativa de confrontación orientada a mantener movilizadas a sus bases locales. Prueba de ello fueron las protestas durante el mensaje a la nación, donde se atribuyó al fujimorismo la responsabilidad política por las muertes ocurridas durante la gestión de Dina Boluarte, incurriendo en una evidente contradicción cronológica e ideológica al responsabilizar a un gobierno entrante por una crisis heredada del régimen anterior.
Ante esto, surgen interrogantes cruciales desde el análisis político: ¿cómo logrará el gabinete presidido por Galarreta construir canales de diálogo vinculantes y descentralizados con las regiones del sur antes de que la conflictividad social resurja con fuerza? ¿Es viable una reconciliación institucional cuando los operadores políticos de la izquierda en la Cámara de Diputados instrumentalizan el dolor social para mantener un discurso de choque frontal?
La estabilidad constitucional del quinquenio dependerá de la capacidad del Ejecutivo para descifrar este laberinto político y transformar las demandas de salud, desarrollo y justicia social en acuerdos legítimos y duraderos.
“La estabilidad del quinquenio 2026-2031 no dependerá de mayorías numéricas en el Congreso, sino de la capacidad del gabinete Galarreta para demoler el muro invisible mediante un diálogo vinculante”.
(*) Abogada y obstetra, doctora en Derecho y Ciencia Política por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, doctora en Salud Pública y magíster en Administración de Servicios de Salud.
