POR: JULIO FAILOC RIVAS
Al Congreso le importa muy poco los 28 muertos que se le imputa como resultado de haber rechazado el adelanto de elecciones en su momento, y que posteriormente aprobaron para abril del 2024. De no ser por la cercanía de las fiestas, las calles hubieran arremetido contra este acuerdo. Al final fueron salvados por las campanas navideñas.
Queda claro que la señora Boluarte pactó con la derecha fujimorista en sus tres versiones, ante la negativa de Perú Libre y de las izquierdas de formar parte de su gabinete, quienes incluso bloquearon los puentes de diálogo con la presidenta, por lo que tienen cuota de responsabilidad en este asunto. La derecha ni corta ni perezosa, semanas antes le había dado el soporte orgánico para que asuma la presidencia, archivando sus dos acusaciones constitucionales que la salvaron de su destitución. Luego la pusieron a su servicio, para usarla como pararrayos ante la población movilizada, como para ‘pasar piola’, y legislar a su antojo y conveniencia, tal cual lo vienen haciendo.
El Congreso está actuando como si estuviera en su mejor momento político, mientras las movilizaciones en las calles no han cesado ni cesarán hasta que no cumplan con el cometido de lograr que se vayan todos y que no quede ninguno. Por el contrario, avanzan a imponer su plan siniestro de capturar el ejecutivo y los organismos electorales, para ponerlos al servicio de la bicameralidad y de la reelección indefinida de los actuales congresistas, lo que al final nos costará más vidas; ello en lugar de tender puentes para un diálogo sin balas que nos ayude a salir de la crisis que nos mantiene empantanados.
La militarización del país y el terruqueo para neutralizar las movilizaciones sociales son las principales armas a las cuales el Congreso viene apelando para imponer ‘sus reformas políticas’, que les sean funcionales para recuperar todo el poder. En esta línea se encuentran el secuestro del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) y la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) con la finalidad de torcer la voluntad popular a favor de la reelección de los congresistas.
Somos partidarios de las reformas políticas y electorales, pero sin trampas ni condicionamientos de alguna parte interesada. Las reformas, por un lado, deben de estar orientadas a garantizar elecciones primarias y filtros para los candidatos que tienen deudas pendientes con la justicia, permitiendo a los partidos contar con mejor oferta electoral para las elecciones del 2024, y, por otro lado, contar con un poder legislativo oxigenado, nuevo, y con capacidad de autorregulación lo cual exige un parlamento con dos cámaras, pero sin reelección, es decir, sin los actuales congresistas a quienes la población rechaza de manera contundente.
El diálogo nacional descentralizado exige previamente gestos políticos, tanto del ejecutivo como del legislativo, dirigidos a la población movilizada, por ejemplo, el inicio de la desmilitarización del país acompañada de una agenda que incluya las reformas necesarias que eviten el retorno de los mismos, para que en dos años no tengamos los mismos problemas con otros rostros.