POR: VICENTE ANTONIO ZEBALLOS SALINAS
El proceso de sucesión presidencial que permitió que Dina Boluarte se colocara la banda presidencial, siguió una apretada ruta constitucional, en la incomprensible torpeza del “golpe de estado”, que aún no se logra aclarar el real contexto para su decisión; si bien el alegato de la defensa de Pedro Castillo, persistía en las irregularidades del actuar parlamentario por negarle el derecho de defensa, la Sala Especial de la Corte Suprema, acaba de darle el amparo legal, al ratificar la prisión preventiva de 18 meses, y aún está en proceso la otra denuncia constitucional formulada por el Ministerio Público.
En algunos apuntes anteriores expresábamos el extraño giro que dio el Congreso sobre la denuncia constitucional formulada contra la actual presidenta, de un activismo para su inhabilitación se determinó finalmente su archivamiento, en paralelo a la tercera solicitud de vacancia contra Pedro Castillo, que nos permitía leer el emparejamiento de ambos acontecimientos, aunque estaba distante del golpe de Estado.
En una de las primeras declaraciones de la presidenta Boluarte, señaló que el fuero militar seria quien asumiría las investigaciones sobre los fallecimientos y excesos ocurridos en las movilizaciones sociales, aunque pronto se rectificó; y recientemente entrega al Congreso una propuesta de ley para modificar su Reglamento, facilitar los viajes presidenciales, y entregar la encargatura presidencial al presidente del Congreso, lo que contraviene manifiestamente la Constitución, rompiendo un principio fundamental en el que descansa nuestra forma política, cual es el principio de separación de poderes. Esta última medida, también nos coloca en la certeza de que para la presidenta Boluarte sus viajes al exterior no serían negados por el Congreso, como ocurrió de manera reiterada con el anterior presidente, lo que no debe ser tomado como un exceso de confianza sino como un manifiesto contubernio.
El Estado de Emergencia decretado por el Gobierno, más allá de las exigencias de excepcionalidad, temporalidad, proporcionalidad, ha permitido militarizar gran parte del país y empoderar a instituciones no deliberantes, que, desde una perspectiva democrática, resulta sumamente peligroso, por la alteración del orden constitucional, especialmente por las afectaciones a los libertades y derechos fundamentales; la reciente nota denuncia de Reuters ante la obsecuencia y silencio de la prensa nacional, pone en evidencia los abusos y manifiesto descontrol de algunos sectores de los institutos armados. A ello, se suman algunas designaciones, en puestos claves, que marcan una posición ideológica definida con renuencia al espíritu democrático que debe orientar la toma de decisiones.
Es evidente la fragilidad del Gobierno, no tiene una representación parlamentaria propia, mucho menos una agrupación política que le de soporte, esta soledad pareciera inclinarlos a construir alianzas estratégicas con grupos políticos conservadores, revisemos la prensa de estos días y la complacencia de grupos de interés que denostaron al anterior gobierno, del que hasta hace unas semanas fue parte Dina Boluarte y hasta allí podría ser comprensible, la sobrevivencia política exige estos acuerdos; sin embargo, se percibe un proceso impositivo, vertical, con el acompañamiento de los institutos armados, que en estas últimas décadas pasaron autoexcluido tras los bochornosos sucesos en el gobierno Fujimori-Montesinos. Fue determinante su posición uniforme respecto al sui generis golpe de estado Castillista, hoy tienen un rol protagónico en el orden público y es innegable la conjugación de esfuerzos para las movilizaciones sociales de contención, citando a Martin Adán, pareciera que estamos volviendo a la normalidad.
La política local, es rica en ironías, se destituyó al expresidente Vizcarra por la denuncia de ilícitos que estaban en investigación preliminar, pero casi se elige a Keiko Fujimori, inmersa en un proceso penal mucho más avanzado; cuando la ciudadanía reclamaba “que se vayan todos”, el más vapuleado -el Congreso- es quien finalmente se queda en el ejercicio de poder. Las decisiones para la salida de esta crisis política pasan por el congreso, a pesar de la grave crisis de legitimidad-que no acaban de entenderlo-, en dos acciones concretas: reformas constitucionales para el adelanto de elecciones que se definió para el 2024, que perfectamente pueden hacerse para el 2023 y reformas legales, que permitan adecuar el marco normativo electoral como lo propuso en su momento el sistema electoral. Insistir en la necesaria reforma política y bajo la decisión del actual congreso, es entregar una vez más las expectativas ciudadanas de mejor institucionalidad a quien de manera recurrente la ha venido perforando; recordemos lo suscitando recientemente con la SUNEDU y la complacencia del Tribunal Constitucional.
El Gobierno está convocando a mesas técnicas para definir y perfilar las reformas políticas, cuyas propuestas deben encaminarse con efecto vinculante al nuevo Congreso por instalarse, dado que el actual Gobierno no tiene el peso ni las armas políticas para exigir su aprobación; no debiendo soslayarse el Acuerdo Nacional, pues las decisiones que se acojan trascienden al gobierno, comprometen al Estado en general. En esta coyuntura compleja, no debemos minimizar la reacción ciudadana, hay un compás de espera paciente e incisivo, que, si desde la perspectiva del Estado no se asumen las decisiones políticas adecuadas, cautas y responsables, puede tornarse en incontrolable y sobrepasar sus capacidades de gestión y orden. Sobran las experiencias comparadas, en tal sentido.
El absurdo dilema, desde los albores de la última segunda vuelta, terrorista-demócrata, comunista-demócrata, no hace más que disociarnos, generando posiciones radicalizadas, que no nos permite visualizar el nebuloso escenario al que podemos introducirnos. Desde nuestras concepciones democráticas, principistas y consecuentes, estamos en la obligación de exigir al Estado una lectura adecuada de los recientes acontecimientos, del porqué de la reacción ciudadana, la focalización del rechazo en el interior del país, de las desavenencias con sus representantes. Debemos defender nuestra democracia, desde la democracia y sus propios valores, que no implica abuso de poder. Los ciudadanos están en alerta, la incertidumbre de ayer, de hoy, no puede ser de mañana.