Ciudadanos que participaron en el remate vehicular organizado por la Municipalidad Provincial de Mariscal Nieto denunciaron presuntas irregularidades durante el proceso realizado en el Centro Cultural Santo Domingo, señalando cobros adicionales que, según indican, no estaban estipulados en las bases del evento.
Rossy Calisaya y Juan Quispe, participantes en la subasta, expresaron su malestar por el incremento inesperado en los costos tras adjudicarse algunos lotes. “Nos hemos sentido perjudicados porque en las bases no indicaba que debíamos pagar el 21% adicional del precio adjudicado”, manifestó Quispe, quien señaló que por un lote valorizado en 11 mil soles terminó pagando cerca de 3 mil soles más por concepto de comisión del martillero.
En esa misma línea, Calisaya cuestionó que el cobro exceda lo establecido. “En las bases dice claramente que el martillero debe cobrar el 3% del precio rematado, pero nos están cobrando el 18% más, lo que suma un 21%. No entendemos a qué corresponde ese monto”, indicó.
Ambos coincidieron en que la información sobre estos cobros fue comunicada recién después de adjudicados los bienes, lo que —según afirman— limitó su posibilidad de desistir. “Nos dijeron que, si no pagábamos, perderíamos el 30% que ya habíamos entregado como garantía, por eso muchos se vieron obligados a cancelar”, explicó Quispe.
Asimismo, denunciaron que más del 50% de los lotes quedaron desiertos debido a estos costos adicionales, pese a la alta participación inicial. “Había mucha gente interesada, pero al conocer el cobro del 21%, muchos se retiraron”, precisaron.
Los afectados también señalaron que no hubo presencia de entidades fiscalizadoras durante el proceso. “No había Contraloría ni otra entidad externa que supervise el remate, solo personal de la municipalidad”, cuestionó Calisaya.
Ante esta situación, anunciaron que acudirán a instancias como Indecopi y otras entidades competentes para formalizar sus denuncias. “Vamos a tomar acciones legales porque consideramos que se han realizado cobros indebidos y se ha afectado a los participantes”, afirmaron.
Finalmente, hicieron un llamado a las autoridades para que se revise el proceso y se garantice la transparencia en futuras convocatorias. “No se puede cambiar las reglas después de adjudicar los lotes, eso genera desconfianza en la población”, concluyeron.
