POR: CÉSAR A. CARO JIMÉNEZ
26 de marzo de 1967, la SPCC en aquel entonces propiedad de American Mining and Smelting Company (Asarco), la cual en sus inicios estuvo ligada a importantes accionistas norteamericanos como la Phelps Dodge Overseas Capital Co., la Cerro de Pasco Co. y la Newmont Mining Company, que controlaban en aquel entonces el 20% de la fundición y el 15% de la refinación del cobre en el mundo; apenas tenía un poco más de un lustro explotando industrialmente las minas de cobre de Toquepala, cuando el Papa Pablo VI publicó en el Vaticano su segunda Encíclica, llamada Populorum Progressio, definida como una carta social sobre el desarrollo de los pueblos, como el mejor camino para la Paz Mundial.
1 de abril del 2022, la actual administración de la SPCC, hoy propiedad del Grupo México, –que según muchos analistas es más un resultado político que un esfuerzo empresarial, pues su actual situación deriva según especialistas en el tema, de la absorción de paraestatales a través de compadrazgos y asignaciones directas de concesiones en las entidades con mayor riqueza minera mexicana que durante la transición histórica del periodo conocido como mexicanización de la minería (década de los sesenta-setenta) hasta el periodo de liberalización en los años ochenta que se cristalizó con la Ley Minera de 1992, gracias a la cual dos de las empresas mineras más grandes del país azteca, que en ese entonces pertenecían a Estados Unidos de América, tuvieron que ceder control accionario (20%) a empresarios mexicanos.
El grupo que compró dichas acciones fueron luego los fundadores del Consejo Mexicano de Hombres de Negocios que durante ese periodo accedieron a un notable capital empresarial debido a su estrecha relación política con la administración de México, conservando hasta la fecha un gran poder político. Uno de estos hombres fue Germán Larrea quien en la década de los setenta logró el dominio del sector minero a través de la creación de MEDIMSA (hoy Minera México, una de las tantas subsidiarias de Grupo México –, ha enviado una Carta Abierta al Gobierno peruano, en la que se resaltan una serie de aspectos controversiales, que habrá oportunidad de analizarlos, pero por el momento tan solo me referiré a su queja, –justa por cierto–, por la violencia que vienen ejerciendo los comuneros de Tumilaca, Pocata, Coscore y Tala, al haber bloqueado el suministro de agua dulce, aparte claro está de la madre del cordero: ¡el impedir la circulación del ferrocarril industrial! (El abastecimiento de agua mal que bien lo pueden solucionar, pero sin tren no pueden transportar adecuadamente los concentrados de cobre).
Y si bien todo acto de violencia debe ser rechazado, también cabe reconocer que no deja de ser cierto que usualmente los pobres no tienen otra forma de ser escuchados por ningún poder en la sociedad. No pueden limitarse tan solo a alzar la voz porque saben que nadie los escucha. Los grandes intereses controlan todo. Y ojo, que también una forma de violencia es el que Estado en general, las grandes empresas privadas y nuestros políticos, a pesar de los años transcurridos no hayan logrado hasta la fecha dotar de agua y servicios de calidad a todas las ciudades del departamento. (Y aquí una observación que en algún momento deberá ser motivo de una nota: ¡es notorio que, a partir de la ley del Canon Minero, se incrementó la corrupción y el número de candidatos en casi todo el país! Y dicho sea de paso: ¿para qué sirven don Poncio Cueva y los señores consejeros que en lugar de guiar, analizar, enfrentar, etcétera, optan en este momento por el silencio o refugiarse en entelequias como decir que el pueblo va a decidir? Menos daño harían en sus casas.
De ser algo analistas, responsables, valientes o informados, se darían cuenta que en estos días se está decidiendo muchas cosas: que tras la actitud de los comuneros se esconde una vieja discusión, económicamente decisiva e importante: la propiedad del suelo y del subsuelo.
En el caso nuestro, la Constitución establece que los recursos naturales del subsuelo pertenecen al Gobierno. Pero en otros lugares del mundo, como en algunos estados de EE.UU. o el Canadá corresponden al dueño o dueños del terreno, que son los que deberían beneficiarse directamente, dado que ellos sufren en muchos casos el perjuicio de la extracción del mineral, a tal punto que alguna ocasión Alan García dijo: “Los campesinos tienen espíritu emprendedor, saben comerciar y quieren prosperar. El Perú no puede seguir tratándolos como niños bajo tutela… El dueño de la superficie deberá ser dueño del subsuelo para participar en la riqueza, recibir las regalías y tratar directamente con el capital y la tecnología. El campesino tendrá interés en aliarse con las empresas y habrá más inversiones en zonas nuevas”.
Y en cuanto, a lo que el Estado gana hoy con el actual régimen minero, también tiene que revisarse, dado que lo que recibe el Perú en comparación con lo que recibe Chile, cuyos costos de producción son significativamente más altos, pero que reciben más recursos gracias a la existencia de CODELCO. En nuestro caso el Estado recibe algunos derechos mineros que no son significativos en términos relativos. Además, no olvidemos que el canon es la mitad del IR que pagan las empresas mineras, que seguirá siendo igual cualquiera que sea el porcentaje, menos del 51% por cierto, que el Estado tenga en acciones. (Reitero: creo que en nuestro medio el privado es mejor administrador, pero ello no implica que sea propietario del total de la propiedad minera, más aun recordando que su inversión ha sido devuelta vía la depreciación acelerada o la devolución del IGV).
Quizás, observando lo que está ocurriendo en Chile, sea hora de recordar a Paulo VI cuando en la Encíclica anteriormente citada, expresó: “La propiedad privada no constituye para nadie un derecho incondicional y absoluto. No hay ninguna razón para apropiarse en uso exclusivo de lo que supera la propia necesidad cuando a los demás les falta lo necesario. El bien común exige algunas veces la expropiación sí, por el hecho de su extensión, de su explotación deficiente o nula, de la miseria que de ello resulta a la población, del daño considerable producido a los intereses del país, algunas posesiones sirven de obstáculo a la prosperidad colectiva”.
Y pienso que muy bien podrían ampliarse los temas de la Mesa de Diálogo: ahí está el agua de Suches; el posible uso compartido de la ferrovía entre Ilo, Toquepala y Cuajone; en las acciones laborales aun no pagadas y en el respeto y apego al orden jurídico también en lo que respecta a Quebrada Honda…que quizás al igual como sucedió en la llamada mexicanización de la minería, en nuestro Perú se pudiera hacer algo parecido, pero cuando veo a todos mis costados, arriba y abajo, no encuentro salvo una que otra excepción, ni líderes, ni partidos con honradez, conocimientos y visión del futuro, a tal punto que me temo que la clásica pregunta del Zavalita de Vargas Losa en “Conversación en la Catedral” quede sin contestar, porque cada día estaremos peor, o como lo dice en su último coloquio Vargas: “en el Perú quien no se jode, jode a los demás”.