POR: JULIO FAILOC RIVAS
La captura del Instituto Nacional de Radio y Televisión del Perú (IRTP) forma parte del plan siniestro de copamiento de las instituciones de la alianza Congreso y Ejecutivo para acabar con la democracia en nuestro país. El copamiento del poder avanza firme, aún con el reciente traspiés sufrido en el Congreso al no alcanzar los 87 votos para implementar la bicameralidad y asegurar la reelección indefinida con impunidad.
Salvo en la era Fujimori Montesinos, ningún gobierno –por más popularidad que haya tenido—se atrevió a poner a su servicio la radio y la televisión nacional con tal descaro, como la ha hecho Dina Boluarte, quién tiene más del 80% de desaprobación de la gestión de su gobierno. Colocar a Ninosca Chandia, secretaria de comunicaciones de la presidenta, al frente de canal de todos los peruanos, es una provocación y un peldaño más en el copamiento del poder de esta alianza nefasta cuyo objetivo va más allá de las elecciones del 2026.
Han copado el Tribunal Constitucional, la Contraloría de la República, el Ministerio Público y la Defensoría del Pueblo, para luego asaltar la Junta Nacional de Justicia, dónde ya tienen una amplia mayoría. ¿Qué sigue? Nada más y nada menos que los organismos electorales y el control de los jueces y fiscales de todo el país, no solo para perpetuarse en el poder, sino también para gozar de la impunidad absoluta para ellos, sus aliados y amigotes, como en las mejores épocas de Fujimori y Montesinos.
El JNE, la ONPE y la Reniec eran piezas claves en el copamiento del poder, porque a pesar de que éstos se han resistido, su cooptación es un asunto de tiempo. Controlar los organismos electorales es un asunto de vida o muerte en el afán reeleccionistas y en esto coinciden la mayoría de los congresistas, salvo algunas excepciones. Tienen claro que, si no se reeligen a las buenas, se reeligen a la mala y eso lo tiene tienen claro la mayoría congresal.
Sin embargo, el reciente traspiés sufrido en el Congreso, al no alcanzar los votos suficientes para asegurar la reelección indefinida a través de la Bicameralidad los hizo entrar en pánico, pues no solo está en riesgo la continuidad de éstos en el poder, sino que también tendrán que pagar la factura por todas las infracciones constitucionales cometidas.
De allí que este Congreso se la jugará con todo para la reconsideración de la votación a fin de lograr los 87 votos y evitar el referéndum. De no lograr este cometido no les quedará otra que enviar al archivo la bicameralidad, porque si hay algo de lo que están convencidos los congresistas es que no le darán un arma letal a la población para que los destroce en las urnas.
Otro aspecto fundamental de la alianza gobierno-Congreso, ahora más que nunca, legislar para garantizar el blindaje y la impunidad. En esta dirección han apuntado la reciente aprobación de la ley que promueve la impunidad en la que claramente favorece a los “cuellos blancos y de pasada también para que los beneficie a ellos en un futuro. En el mismo sentido va la reciente ley presentada por la Almirante Montoya, sobre la denuncia del Pacto de San José o Convención Americana de Derechos Humanos, en la que señalan que sus fallos solo favorecen a los grupos terroristas, pero que en el fondo en esta norma subyace la impunidad por las recientes muertes y futuras violaciones a los derechos humanos.
La democracia está siendo amenazada de muerte por esta alianza de la impunidad que no se detiene ante nada, que no tiene un contrapeso en la población –a pesar de la resistencia en Puno y en el sur—por falta la de liderazgos democráticos y de una visión común de cómo enfrentar esta arremetida de la derecha autoritaria que tiene una agenda y un plan que van más allá de las elecciones del 2026.
Tenemos una obligación política y moral de enfrentar ese conjunto vario pinto autoritario, conservador, mercantilista y corrupto, la tarea histórica es salvar la democracia.