POR GUSTAVO GORRITI Y ROMINA MELLA
CON LA COLABORACIÓN DE ROSA LAURA
IDL REPORTEROS
El acuerdo suscrito el viernes 15 de febrero en Sao Paulo, entre el Equipo Especial de la Fiscalía de la Nación, con la corporación Odebrecht y cuatro aspirantes a colaborador eficaz (o delator premiado), puede ser descrito y calificado desde varias perspectivas. La más importante es la estratégica.
Porque el Acuerdo, según esta perspectiva, permite, si se aplica bien, desatar o cortar los últimos nudos que traban el camino hacia la solución definitiva del caso. Ello sucederá cuando todas las preguntas importantes de la investigación tengan una respuesta clara, probada y vuelta a corroborar. Cuando se sepa con certeza quién hizo qué, cómo y por cuánto; y cuando todos los hechos probados y vueltos a probar se articulen en un relato preciso de los hechos y sus consecuencias, al que solo se pueda contradecir con la mentira, la tinterillada o la fuga (dado que el asilo se ha puesto más bien difícil).
Ahora, como sucedió en Brasil desde el último semestre de 2016, Odebrecht se obliga a ser colaborador y aliado de la investigación fiscal sobre sus propios delitos de antaño. No solo a confesar sino a probar. A respaldar la versión de los delatores (o aspirantes a la colaboración eficaz) con búsquedas minuciosas en sus archivos. Los digitales en los sistemas drousys y mywebday, por supuesto, pero también en los registros físicos y en la arqueología documental que sirva para reconstruir transacciones complejas si la investigación lo requiere.
Porque el Acuerdo, según esta perspectiva, permite, si se aplica bien, desatar o cortar los últimos nudos que traban el camino hacia la solución definitiva del caso.
El acuerdo era además un requisito para la continuación de la extraordinaria cooperación que la Procuraduría Federal Anticorrupción brasileña ha otorgado a los fiscales peruanos, puesto que una investigación con métodos incompatibles a los que ellos emplearon amenazaría sus propios acuerdos.
Entonces, ¿por qué no se hizo antes? Ustedes conocen parte de la historia y por lo menos vieron y vivieron el drama de Año Nuevo. Pero probablemente no conozcan otras, que explican lo endemoniadamente complejo y difícil que fue llegar hasta el consulado peruano en Sao Paulo. Aquí se las contamos.
Primero, unos breves antecedentes: La investigación del caso Lava Jato en Brasil demostró en Sudamérica lo que ya se sabía, a partir de la experiencia, en otras partes. Que la delación premiada funciona muy bien. Que es espectacularmente eficaz cuando se maneja en forma competente. Y que cuanto más importante, criminalmente hablando, sea el delator, más grande será la calidad, el volumen y la potencia de su información.
Hasta mediados de 2016, Odebrecht lideraba a los irreductibles, a los que sostenían que no tenían nada que delatar y que, de cualquier forma, no lo harían jamás. Tenían a su CEO, Marcelo Odebrecht y a varios otros ejecutivos presos por más de un año, que aún resistían.
Pero en agosto de 2016 la resistencia colapsó y Odebrecht –bajo órdenes de Emilio Odebrecht– capituló.
Dado que varios ejecutivos de otras compañías habían hablado antes, ellos tenían que ofrecer algo diferente. Competitivos y disciplinados como son, ofrecieron una delación que no fuera individual sino corporativa.
Puñales de hielo recorrieron las médulas y vísceras de muchos corruptos de alto calibre. Habían pensado que Odebrecht poseía una tecnología de ocultamiento de coimas y sobornos a prueba de cualquier investigación. ¿Y ahora?
Odebrecht empezó a confesar sus crímenes y a señalar a algunos cómplices. No a todos. Al fin y al cabo, querían seguir trabajando en otros países y denunciar a gente con poder no les auguraba un buen porvenir.
No lo tuvieron. Las investigaciones y revelaciones encendieron, como es lógico, la indignación de todos, auténtica en la mayoría de los casos. Pero también se levantó a la par otra indignación impostada, artificial y tan falsa como billete de trece soles. La de quienes querían expulsar a Odebrecht a como diera lugar, no para limpiar el suelo patrio de su presencia corruptora, sino para prevenir que confesara y revelara su propia corrupción.
No lo consiguieron. Y de revelación en revelación, el territorio de los bribones se fue encogiendo. Emplearon todo el arsenal que antes les había funcionado: desinformaciones, tinterilladas, distracciones, intentos de decapitación burocrática, pero continuaron perdiendo terreno.
En ese punto, cuando el nuevo y eficiente Equipo Especial, coordinado por el fiscal Rafael Vela, le dio impulso a las negociaciones para un acuerdo con Odebrecht, empezó una nueva campaña: tratar de convencer a la gente de que los términos del acuerdo eran ‘lesivos’ para los intereses del país, que eran blandos, concesivos, entreguistas, limitados. Ninguno mencionó la razón de fondo: si no hay acuerdo, no hay confesión y si no hay confesión, hay impunidad.
Lo interesante es que varios de los más vociferantes opositores al acuerdo tenían un pasado notorio: colaboraron o trabajaron con Odebrecht, o intentaron hacerlo, durante los años de la coima y de la cutra. ¿El detalle? Ya viene.
Hasta aquí los antecedentes.
En medio de avances notables en la investigación del caso en el Perú, pero bajo un acoso constante, el Equipo Especial continuó en la negociación del acuerdo con Odebrecht. Esta se interrumpió brevemente durante los pocos días en los que Chávarry quiso decapitarlos funcionalmente y se reanudó cuando las cabezas se mantuvieron firmes sobre los cuellos (funcionales), excepto la del propio Chávarry.
En enero y principios de febrero de este año, ocurrieron, en un ambiente de crispación y crisis aparte de las críticas y el hostigamiento externos, las negociaciones finales.
En las discusiones intervinieron los fiscales del Equipo Especial; los procuradores ad hoc del ministerio de Justicia, liderados por Jorge Ramírez; los abogados de Odebrecht en Perú y, con frecuencia, los ejecutivos y abogados que venían de Brasil en representación corporativa o individual. El de Jorge Barata, Carlos Kauffman, por ejemplo, fue un visitante frecuente en Lima.
El punto más difícil fue la discusión de los montos de indemnización. Al procurador Jorge Ramirez le inquietaba la vociferante oposición externa.
Eso provocó algunos retrocesos y retrasos. Pero también sirvió a la hora de negociar montos. Cuando Jorge Ramírez logró fijar la suma de reparaciones en 610 millones de soles, quedó satisfecho. Era mayor de lo que había logrado finalmente Estados Unidos (donde Odebrecht solo pagó $93 millones de dólares).
Pero el hecho de que el pago se hiciera en 16 años, sin intereses, provocó críticas –en casos notorios, de gente que no reveló sus conflictos de interés en el tema–. Aunque algo remecido, Ramírez resistió.
Entonces, desde comienzos de año, entró en escena Claudia Suárez, la jefa de SUNAT, para demandar que el Acuerdo incluyera el cobro de la deuda tributaria.
La deuda es exigible y suma 450 millones de soles. La negociación se zanjó al acordar que Odebrecht la pagaría con parte del dinero de la venta de Chaglla. Mientras tanto, el fideicomiso actual se mantendrá vigente hasta que se haga el pago.
Ramírez entonces preguntó que porqué se pagaba al contado a la SUNAT y a su procuraduría a plazos. Las explicaciones sobre el carácter diferente de las deudas no le resultaron satisfactorios y, ya que el asunto era a plazos, exigió el pago de intereses.
Ese fue uno de los puntos de crisis de la negociación. Los representantes de Odebrecht no tenían autoridad para negociar un mayor pago. Hubo, según fuentes dignas de crédito, conversaciones a gritos (más bien unilaterales) con los directivos en Brasil. Ramírez no cedió y la negociación llegó a un punto muerto.
El 13 de febrero, los negociadores de Odebrecht aceptaron pagar una cuota adicional en concepto de interés. El cálculo estimado fue de 150 millones de soles. Fue una apuesta arriesgada porque solo el 14 de febrero el directorio de Odebrecht en Brasil aprobó el pago.
Así, lo que Odebrecht tendrá que pagar es lo siguiente:
La reparación previamente aprobada con la procuraduría que dirige Amado Enco, por 65 millones de soles.
610 millones de soles con la procuraduría ad hoc que dirige Jorge Ramírez.
150 millones de intereses con la misma procuraduría.
El monto total de reparación, con alguna posible variación por el tipo de interés, es de 825 millones de soles.
A lo que se añade el pago de la deuda tributaria, por 450 millones de soles.
En medio de esas negociaciones las discusiones con la fiscalía se hicieron inesperadamente tensas también.
La negociación era sobre cuatro casos en los que Odebrecht ha reconocido culpa (IIRSA Sur, la línea 1 del Metro, las vías de evitamiento de Cusco y Costa Verde en el Callao). Pero el acuerdo no se limita a ellos sino es con la Corporación en conjunto. Aunque se centra operativamente en los cuatro casos, Odebrecht se obliga a colaborar, sin plazo ni límite, en cualquier otra investigación de la Fiscalía. De hecho, Odebrecht ha dado información sobre otros 17 casos, algunos de los cuales no se relacionan con proyectos sino con donaciones a campañas políticas.
En lo que tenía avanzado el acuerdo, quedaba claro que Odebrecht se comprometía a poner a disposición de la fiscalía a todo ejecutivo o ex ejecutivo que tuviera información de interés para la fiscalía (excepto aquellos con los que está en conflicto, como Rodrigo Tacla Durán, por ejemplo).
Para José Domingo Pérez, que tuvo a su cargo la redacción, el acuerdo era de orden fundamentalmente corporativo.
El 7 de febrero el abogado de Odebrecht, Luis Bramont sostuvo que el acuerdo debería hacerse en forma individualizada, pues de otra manera correría el riesgo de no ser homologado. Sugirió posponer la firma del acuerdo unas semanas mientras se afinaba la redacción, y bajaba la tensión por las constantes críticas.
Entonces, levantando fuerte la voz, el fiscal superior Rafael Vela dijo, cortante, que el acuerdo se firmaba en la fecha programada, el 15 de febrero, o no se firmaba nunca. Y añadió, sin cambiar de tono, que el único que tenía la facultad de redactar o modificar el texto era el fiscal José Domingo Pérez y nadie más.
Pérez Gómez dijo que no solo refrendaba lo expresado por Rafael Vela sino que, de no firmarse el acuerdo el día 15, toda cooperación con Odebrecht terminaba para él.
Demudados, los representantes de Odebrecht retrocedieron y aceptaron sin chistar la fecha de la firma. Bramont no volvió a participar en las discusiones.
Pero, sin reconocerlo en forma explícita, varias de sus observaciones fueron tomadas en cuenta. Para sorpresa de los abogados de Odebrecht, el proyecto de acuerdo pasó de algo menos de 300 páginas a casi mil en dos días. El nuevo texto respondía casi todas las objeciones que había planteado Bramont. ¿Cómo lo hicieron? De acuerdo con fuentes bien informadas, casi todos los fiscales del Equipo Especial trabajaron sin dormir dos noches y la labor intensa de equipo hizo en 48 horas lo que se estimaba iba a tomar cerca de un mes.
El acuerdo, dijo un ejecutivo de Odebrecht, “es mucho más duro que el de Brasil… se fue al extremo de lo que la empresa puede pagar”. Sin embargo, la sensación perceptible al final de la firma en Sao Paulo, era que la empresa había logrado los objetivos más difíciles de toda su historia: la supervivencia y la redención.
Por lo menos ha empezado a lograrlo.
DESINFORMACIONES Y CONFLICTOS DE INTERÉS
La negociación del acuerdo con Odebrecht ha enfrentado una intensa oposición de los sectores afectados o en camino de serlo, por el avance de las investigaciones. En muchos casos, los argumentos se han basado en información falsa o distorsionada.
Lo interesante en este caso es que varios de los críticos más duros del acuerdo tuvieron, o quisieron tener, en el pasado vinculación con Odebrecht. Eso cuando Odebrecht era la primus inter pares de las corporaciones corruptas, cuyos crímenes trata de expiar hoy.
Por ejemplo, el sábado pasado, Fernando Rospigliosi publicó en El Comercio un artículo en el cual sostenía, como parte de sus argumentos contra el acuerdo que:
“En Estados Unidos, donde Odebrecht no gratificó a funcionarios ni realizó obras, va a pagar US$2.600 millones en multas por haber utilizado su sistema financiero para operaciones ilegales”.
Eso es totalmente falso. En su primer “plea agreement”, Odebrecht acordó pagar una multa global, es decir, para todos los afectados entonces reconocidos, de $2,600 millones de dólares. La mayor parte era para Brasil, otra parte para Suiza y el 10% (260 millones) para Estados Unidos.
Pero en 2017, luego de investigar la capacidad real de pago de Odebrecht y las reformas internas que había emprendido, el Departamento de Justicia estadounidense rebajó la multa de 260 millones a $93 millones de dólares. Es decir, menos de lo que va a pagar en el Perú.
¿Fuentes? (http://www.fcpablog.com/blog/2017/4/14/doj-reduces-odebrecht-penalties-we-revise-the-top-ten-list.html) y también el propio memorando del DOJ.
La información que sí es cierta es que Rospigliosi buscó contratar con Odebrecht en una de las épocas en las que el departamento de operaciones estructuradas de la compañía coimeaba con mayor intensidad.
El 31 de enero de 2009, Rospigliosi presentó una propuesta a Odebrecht, entonces contratista de Kuntur para ofrecer servicios de inteligencia social en las zonas donde pasaría el gasoducto de Kuntur. Lo hizo a nombre de la consultora Capital Humano y Social con la que estuvo vinculado hasta 2017. La inteligencia incluía el “Análisis de entorno”, “mapeo de actores” y “descripción de escenarios”. Ofrecía cuatro estudios provinciales, a 18 mil 700 dólares cada uno (más IGV, por supuesto), a entregarse en 45 días.
No hemos podido encontrar registro de que fuera contratado o no el entonces reciente ex ministro del Interior y ex jefe de Inteligencia. Lo cierto es que ofreció personalmente sus servicios a la entonces prósperamente corrupta compañía.
Según Ricardo Valdés, de CHS, a quien contactó IDL-R, la compañía no ha “ trabajado para Odebrecht […] [pero] lo que hemos tenido es un informe quincenal, hacíamos una evaluación de la conflictividad social, […] que se ofertaba a un conjunto de empresas, recuerdo que Odebrecht fue una de ellas”.
UN GATO ENCERRADO
Otro caso notable es el de dos personajes que sobresalen en el ambiente de incierta mescolanza de una especie de periodismo con relaciones públicas y lobiísmo: Rafael Hidalgo y Juan Carlos Valdivia. Ambos tienen biografías interesantes, pero para el propósito de esta nota basta indicar que editan la publicación digital gatoencerrado.net, que ha sido acremente crítica del Acuerdo. Una reciente publicación del 25 de enero pasado lo muestra bien:
Un interés que algunos podrían encontrar hasta encomiable, ¿verdad?
¿Cómo explicarse entonces que tanto Rafael Hidalgo como Juan Carlos Valdivia hubieran sido contratados por Odebrecht hace no tanto tiempo, para “servicios de asesoría externa en relaciones institucionales”, por seis meses y con un honorario de más de 5 mil dólares por mes para cada uno? Ambos fueron contratados el mismo día.
¿Cómo explicar que la persona que los contrató fuera nadie menos que Raymundo Trindade Serra, el mismo que, ahora que se ha firmado el acuerdo, declarará como delator premiado ante los fiscales peruanos respecto de los casos de soborno en los que participó?
Pero, sobre todo, ¿cómo explicar la fecha en la que trabajaron para mejorar la imagen y hacerle relaciones públicas a Odebrecht? Trindade Serra los contrató a comienzos de julio de 2016. El caso Lava Jato había reventado casi dos años antes de esa fecha y Marcelo Odebrecht llevaba más de un año preso. Odebrecht todavía no capitulaba, negaba todo y hacía un último esfuerzo de lavado de imagen antes del colapso, que ocurrió pocas semanas después.
¿No se necesita un cuajo de dimensiones tan colosales como ciertos egos para hablar de hoy sin revelar lo de ayer? ¿O esperaban hacerlo junto con la confesión de Serra?
IDL-R preguntó a Juan Carlos Valdivia sobre su consultoría. Este dijo que fue sobre “…lo que yo suelo hacer, que es asesoría en comunicaciones. Hacíamos una evaluación política del país, de lo que estaba sucediendo. Una vez a la semana nos reuníamos, hablábamos de lo que estaba sucediendo, las encuestas…”. Valdivia dice que cuando “…salió la noticia en diciembre de 2016 [el informe del DOJ], les dije que ya no iba a seguir trabajando con ellos, y se acabó el asunto”. Decisión que coincidió con la fecha de expiración de su contrato.
Rafael Hidalgo sostuvo que el contrato “ …fue una consultoría en comunicaciones, analizar publicaciones sobre la empresa. […] fue solo con Raymundo Trindade, que se encargaba de la parte comunicacional […] Ellos decían que no habían incurrido en ninguna práctica ilícita en el Perú. Marcelo Odebrecht negaba su participación en hechos irregulares”. Hidalgo salió junto con Valdivia, en diciembre, al emitirse el comunicado del DOJ, cuando terminaba su contrato y se cumplían varios meses del reconocimiento por Odebrecht de los delitos cometidos.
CRÍTICAS Y GESTIONES
Manuel Romero Caro fue dueño del diario Gestión, hasta venderlo a El Comercio. Ahora tiene ahí una columna en la que escribe con frecuencia duras críticas contra Odebrecht. Uno reciente: “Cuestionamientos al acuerdo con Odebrecht”, abunda en argumentos como el siguiente:
“Negociación desbalanceada . No comparto la “negociación” llevada a cabo con Odb por los representantes de la Procuraduría y de la Fiscalía. Desde hace años se sabe de los sobornos solo en los 4 proyectos escogidos por Odb . Además de la impunidad para sus ex directivos; se le ha permitido seguir operando en el país; se les ha aceptado una reparación pequeña; se le habría exonerado de incluir la venta de Chaglla en lo dispuesto por la Ley 30737 ; se les ha otorgado un blindaje de medidas cautelares (bloqueos, embargos,etc) . Y a cambio de todo lo anterior, ¿en qué aspectos importantes ha cedido Odebrecht a cambio de las numerosas concesiones recibidas, fuera de la información referida a solo el 6.25% de sus obras en Perú?”.
¿“Desde hace años se sabe de los sobornos solo en los 4 proyectos escogidos por Odb”? ¿Desde hace cuántos?
Porque hace relativamente pocos años, en 2012 (uno de los años en los que el sector de operaciones estructuradas funcionó en forma casi descontrolada), Romero Caro fue contratado por Odebrecht para trabajar para ellos en algo así como una “estrategia de imagen” y relaciones públicas para el Proyecto Kuntur. El pago parece haber sido digno de un gasoducto.
¿Qué le pasó en el trabajo con la empresa bandolera que lo lleva a hacerle ahora la guerra a la empresa arrepentida? Tiene el derecho de hacerlo, pero un principio básico en periodismo es informar al público sobre conflictos de intereses y cualquier otro condicionante de opinión. Especialmente cuando trabajó para una compañía que se encontraba en una frenética etapa de expansión de sobornos, poco antes de su caída.
Contactado por IDL-Reporteros, Romero Caro reconoció haber tenido “…esta consultoría [que] debe haber terminado en julio o agosto de 2012”. Sostuvo haber hecho un ‘disclaimer’ “… la primera vez que saqué un artículo en 2014 sobre Odebrecht … indiqué que había tenido una consultoría para el proyecto Kuntur”. Remitió copia de una publicación con una nota a pie de página en la que admite haber efectuado una consultoría a Kuntur en 2012. En realidad, fue contratado por Odebrecht para prestar varios servicios a Kuntur a lo largo de cuatro meses.
No son estos, ni mucho menos, los únicos casos. Hay varios otros que ocultan conflictos de interés y frecuente corrupción. IDL-R volverá sobre el tema, con las pruebas que indiquen y revelen quién es qué cuantas veces sea necesario.
Por lo pronto, con lo informado, debiera quedar claro para el público que el Acuerdo firmado con Odebrecht en Sao Paulo ha cortado un nudo y abierto un camino promisorio hacia el desenlace del caso Lava Jato y el comienzo de otras investigaciones que, de ser exitosas, nos permitirán tener en no mucho tiempo un país mucho más limpio, honesto e íntegro que el que hemos vivido hasta hoy.
No va a ser nada fácil y la derrota es aún posible. Pero si se mantiene el alerta y la energía que decidieron jornadas decisivas el año pasado, los resultados de este año serán aún mejores.
