El candidato Fernando Zúñiga Chávez habría incurrido en conducta prohibida en propaganda electoral tras participar en una actividad por el Día de la Madre en el distrito de Islay-Matarani, realizada este domingo 3 de mayo, donde presuntamente entregó regalos y diversos objetos a mujeres de la localidad utilizando además propaganda política en su vestimenta y presentación pública.
Según se advirtió, esta acción podría contravenir la normativa electoral que prohíbe la entrega de dádivas durante un proceso electoral.
En esa línea, el abogado municipalista mollendino Norberto “Beto” Lajo Paredes señaló que existen restricciones claras desde el momento en que una persona adquiere la condición de candidato o candidata en las Elecciones Regionales y Municipales 2026.
Explicó que el artículo 42 de la Ley N.º 28094, Ley de Organizaciones Políticas, prohíbe expresamente recurrir a regalos, obsequios y dádivas dentro del marco de un proceso electoral.
“Con el nuevo sistema electoral ahora se tienen las mal llamadas elecciones primarias, porque verdaderamente deben denominarse elecciones internas. Los ciudadanos que tenían aspiraciones a postular tuvieron plazo hasta el 2 de abril; a partir de ahí ya son candidatos”, precisó.
POSIBLES SANCIONES
Según Lajo Paredes, de comprobarse la infracción, el candidato habría incurrido en una conducta sancionable que inicialmente podría derivar en una multa. Asimismo, indicó que, si existe reincidencia o si el monto de los regalos, obsequios o dádivas supera las dos UIT, la sanción podría llegar hasta la exclusión del proceso electoral.
QUÉ SÍ PERMITE LA NORMA
El especialista explicó que la normativa permite, de manera excepcional, un gasto equivalente al 0.3 % de una UIT, es decir, alrededor de 16 soles por persona, únicamente para el consumo inmediato de alimentos perecibles durante una actividad, además del uso de material publicitario, pero precisó que esta excepción no incluye la entrega de regalos, dádivas ni obsequios.
CIUDADANOS TAMBIÉN PUEDEN DENUNCIAR
Lajo señaló que estas infracciones pueden ser detectadas de oficio por fiscalizadores del Jurado Nacional de Elecciones y los Jurados Electorales Especiales mediante el seguimiento de redes sociales y portales web, además de denuncias ciudadanas, incluso anónimas, siempre que cuenten con pruebas.
