El Poder Ejecutivo aprobó una amplia reforma de la legislación penal para fortalecer la lucha contra la extorsión, el sicariato, la delincuencia organizada y los delitos informáticos, incorporando nuevas conductas sancionables y modificando los mecanismos de investigación utilizados por la Policía Nacional y el Ministerio Público.
Las medidas están contenidas en el Decreto Legislativo N.º 1744. La norma modifica diversos artículos del Código Penal, la Ley de Delitos Informáticos, el Código Procesal Penal y la legislación que regula el acceso a datos de geolocalización de equipos de comunicación.
PRÉSTAMO DE CUENTAS PARA EXTORSIONES
Uno de los principales cambios corresponde al artículo 200 del Código Penal, referido al delito de extorsión.
La nueva disposición comprende expresamente a quienes proporcionen, cedan o presten cuentas bancarias, billeteras digitales, cuentas de dinero electrónico u otros productos financieros para recibir o canalizar dinero exigido mediante extorsión.
Para la configuración de esta conducta, la norma contempla que la persona conozca la finalidad delictiva o deba presumirla.
También alcanza a quienes suministren información obtenida por razón de sus funciones, cargo u oficio, o proporcionen deliberadamente medios para facilitar una extorsión.
Estas conductas quedan comprendidas en el régimen sancionador previsto para este delito.
AGRAVANTES POR USO DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL
La reforma modifica la Ley N.º 30096, Ley de Delitos Informáticos, incorporando nuevas circunstancias agravantes. Entre ellas figura la utilización de inteligencia artificial o tecnologías similares para cometer delitos informáticos.
También se consideran agravantes la participación de varias personas, el abuso de posiciones de acceso a información reservada, la afectación de activos críticos nacionales y el empleo de personas jurídicas.
En los supuestos establecidos, el juez podrá incrementar la pena hasta un tercio por encima del máximo legal. Cuando el delito sea cometido por integrantes de una organización criminal, el incremento podrá llegar hasta la mitad del máximo previsto.
MAYORES PENAS POR SICARIATO Y ARMAS
El decreto modifica las sanciones relacionadas con la conspiración y el ofrecimiento para cometer sicariato.
Establece penas de entre 12 y 15 años de prisión cuando estas conductas involucren menores de edad u otras personas inimputables, o sean realizadas desde establecimientos penitenciarios.
En materia de armas de fuego, se incorporan delitos específicos para sancionar declaraciones falsas sobre pérdidas o sustracciones de armamento, así como la suplantación de identidad para adquirir, registrar, transferir u obtener autorizaciones de porte o tenencia de armas y municiones.
También se regulan nuevas condiciones de sanción para quienes presten, alquilen o faciliten armas destinadas a actividades ilícitas.
DETENCIONES Y GEOLOCALIZACIÓN
La modificación del artículo 266 del Código Procesal Penal establece que la detención judicial por flagrancia podrá extenderse hasta un máximo de 15 días en casos de extorsión, sicariato, secuestro y delitos cometidos por organizaciones criminales, mediante requerimiento fiscal y decisión judicial.
Asimismo, se amplían los supuestos para acceder a datos de localización y geolocalización de teléfonos móviles y otros dispositivos electrónicos durante determinadas investigaciones penales.
Estas medidas también comprenden investigaciones sobre delitos informáticos, minería ilegal, lavado de activos y criminalidad organizada, siempre que se cumplan los requisitos establecidos por la legislación.
