El Poder Judicial dictó nueve meses de prisión preventiva contra los hermanos Justo Germán, Alberto Julio y Juan Luis Romero Torres, investigados por la muerte de su hermano, el exalcalde del distrito de Cuchumbaya, Armando Romero Torres. La decisión fue adoptada por el juez Rafael Bartolomé Copaja Mamani, quien declaró fundado el requerimiento presentado por el Primer Despacho de la Fiscalía Penal Corporativa de Mariscal Nieto y dispuso el inmediato internamiento de los tres investigados en el penal de Samegua.
La audiencia se realizó el viernes 6 de noviembre en la Sala 5 del Poder Judicial, con la participación del fiscal adjunto provincial Alexander Ramos Díaz, los abogados defensores y el representante legal de la familia de la víctima. Tras escuchar los argumentos de las partes, el magistrado consideró que la medida era idónea y necesaria para garantizar la presencia de los investigados durante el proceso, al advertir que en libertad podrían eludir la acción de la justicia.
El plazo de nueve meses se computará desde el 31 de octubre de 2026 hasta el 30 de julio de 2027. Los abogados defensores anunciaron que presentarán un recurso de apelación dentro del plazo establecido por ley.
TESTIMONIOS Y ELEMENTOS DE CONVICCIÓN
Durante la audiencia, el fiscal Alexander Ramos expuso los elementos que vincularían a los tres hermanos con los hechos, entre ellos declaraciones de testigos y trabajadores que estuvieron en el lugar. También señaló que aún quedan diligencias pendientes, pericias por realizar y registros de video por visualizar antes de que el caso pueda ser llevado a juicio oral.
Entre los testimonios presentados figura el de Regina Calizaya Tala, esposa de la víctima, quien relató que los investigados también la habrían agredido a ella y a su cuñada, Juana Romero Torres, con palos, golpes de puño y puntapiés en distintas partes del cuerpo, además de amenazarlas de muerte en una chacra.
La mujer manifestó que presenció cómo Alberto Julio y Justo Germán Romero Torres golpeaban a su esposo, pese a sus ruegos para que dejaran de agredirlo. Según su declaración, salió en busca de ayuda y, inicialmente, habría recibido una negativa por parte de la Policía.
Asimismo, se dio cuenta de las declaraciones de dos enfermeras del centro de salud de Sacuaya, quienes acudieron tras recibir un llamado de auxilio y habrían presenciado la agresión contra Armando Romero. Sin embargo, por temor a su integridad, ambas retornaron al pueblo.
De acuerdo con las primeras versiones, el hecho ocurrido el 31 de octubre en el anexo de Sacuaya se habría originado por una disputa familiar relacionada con la posesión de terrenos. La agresión con palos y otros objetos habría ocasionado múltiples fracturas y heridas mortales a la víctima.
FISCALÍA ADVIERTE POSIBLE PENA SUPERIOR A 32 AÑOS
El representante del Ministerio Público sostuvo que la gravedad de los hechos, la posible pena y la falta de arraigo familiar, domiciliario y laboral justificaban la prisión preventiva. También advirtió sobre el peligro de fuga y de obstaculización de las investigaciones.
Respecto a la eventual sanción, indicó que los investigados podrían afrontar una pena superior a los 32 años de prisión por los presuntos delitos de homicidio calificado y tentativa de homicidio, esta última relacionada con las agresiones que habrían sufrido inicialmente la esposa y la hermana de la víctima. Añadió que, incluso considerando únicamente el delito de homicidio calificado, la pena sería no menor de 15 años, por encima del mínimo requerido para sustentar la prisión preventiva.
DEFENSAS CUESTIONAN MEDIDA Y ANUNCIAN APELACIÓN
Durante sus intervenciones, los abogados defensores cuestionaron el requerimiento fiscal y argumentaron que no se habría acreditado el peligro procesal. El abogado Elvio Nova Pacsi sostuvo que sus patrocinados afrontan un clima de rechazo por parte de algunos pobladores y en redes sociales. Asimismo, afirmó que habrían sido agredidos por personas encapuchadas cuando se desplazaban por la vía.
Como parte de su intervención, Nova Pacsi ofreció 30 mil soles a la familia de la víctima como caución por los daños ocasionados. Por su parte, Alberto Romero manifestó: «Lamento mucho lo que ha sucedido, pido disculpas», mientras que Juan Romero expresó: «Pido disculpas por lo ocurrido y pido que se haga justicia».
FAMILIA ESPERA MÁXIMA SANCIÓN
El abogado de la familia de la víctima, Richard Domínguez, expresó su conformidad con la decisión judicial y señaló que durante los nueve meses de investigación reunirá los elementos probatorios para sustentar el pedido de la máxima sanción penal. Indicó que, según lo expuesto en la audiencia, la Fiscalía solicitaría 32 años y seis meses de prisión efectiva para los investigados.
A la salida del juzgado, familiares y allegados de Armando Romero respaldaron la decisión judicial y exhortaron a los testigos a colaborar con las investigaciones sin temor a posibles represalias. Asimismo, manifestaron que esperan que el proceso concluya con una sanción para los responsables.
