POR: VICENTE ANTONIO ZEBALLOS SALINAS
A un joven lo aborda un periodista de manera inadvertida y le pregunta: “Juan Reynoso, ¿se queda o se va?” le responde, “hay cosas más importantes que el fútbol en el país. Tenemos una dictadura en el Congreso”, el periodista le increpa “dicen que el fútbol es lo más importante de lo menos importante” y nuevamente la respuesta es voraz “es lo que dicen los medios».
Cuantos sucesos vienen aconteciendo en nuestro golpeado país y no nos damos cuenta de ello o no queremos darnos cuenta, y aquí los medios de comunicación asumen un rol importante, no sólo de colocar en la primera línea de la agenda pública temas insulsos sino en la perspectiva de adoquinar nuestras opiniones; ¿a quién le interesa dejar hacer, dejar pasar, como si nada viniera ocurriendo? ¿A quién le interesa no alterar el statu quo?
De un tiempo a esta parte, los últimos meses de año, se nos proponen complicados-desde el ángulo político-, paso con Pedro Pablo Kuczynski cuando se bosquejaba la primera solicitud de vacancia por incapacidad moral permanente; paso con la destitución de los fiscales Rafael Vela y José Domingo Pérez del Equipo Especial de Fiscales anticorrupción por el Fiscal de la Nación Pedro Chávarry; paso hace un año cuando se suscitó la peculiar intentona golpista de Pedro Castillo; y ahora de manera paralela, se dispone la destitución de Rafael Vela, por parte de la Autoridad Nacional de Control del Ministerio Público por haber brindado declaraciones en 2020, en el marco del proceso contra Keiko Fujimori y el retiro temporal de Daniel Soria, como Procurador General del Estado, hasta que se resuelva su proceso disciplinario.
Hilvanando estas tres premisas descritas en los párrafos anteriores, nos encontramos con una predisposición a que lo irrelevante se sobreponga a los problemas fundamentales de nuestro país, coactando la legitima acción de objetar lo arbitrario e impositivo; los grandes medios de comunicación emparentados con los poderes fácticos, se muestran renuentes a un auténtico proceso democrático, vilipendiando a los sectores críticos y enalteciendo lo trivial, y a la usanza de Milei, empoderando a las tradicionales “castas”; si la democracia implica representación, orden, libertad e igualdad, no es menos importante confrontar la corrupción, combatirla y sancionarla, más no, apaciguarla y encubrirla como ha sido en nuestra historia republicana.
Pues bien, nuestra democracia como institución, está gravemente enferma, la responsabilidad mayor la tienen nuestros representantes, nuestros líderes políticos, sin excepciones, porque desde la función que asumieron o asumen, y aún en la espera de poder asumirla, acuden a menoscabar nuestras ya débiles formas democráticas, y en mucho casos a no sentirse notificados; el silencio también nos hace responsables, el intervencionismo y debilitamiento de las instituciones rectoras, son la clara manifestación, de que esta democracia no los sensibiliza, sino más bien les facilita instrumentalizarla para acentuar sus particulares intereses, relegando las legítimas aspiraciones de sus representados, los ciudadanos. Cuando diversas encuestas nos dan cuenta de la imparable desafectación ciudadana respecto a nuestro orden constitucional, asumimos que es la respuesta dura y fría, de quienes no se sienten representados y a quienes las instituciones poco o nada le sirven de soporte para paliar sus humanas demandas. Extraño encuentro, de intereses desencontrados, de quienes desesperadamente y al costo que sea necesario, necesitan del poder del Estado; y de quienes casi obligadamente, recurren a él, para darle el formato de legitimidad.
Era muy necesario incidir en una profunda reforma del sistema universitario, asumirlo como una verdadera política de Estado, aunque no hubo consenso político, se fueron construyendo consensos ciudadanos, apostar por una verdadera formación universitaria que implique calidad y competencia; ello significo, chocar con importantes corporaciones empresariales que hicieron del aula universitaria una forma de lucrar. Lamentablemente, ese importante proceso, está en marcha regresiva, las propias autoridades del menguado e incompetente SUNEDU hicieron una suerte de denuncia pública por la solicitud de más de 2000 ofertas universitarias, sin control alguno.
El escándalo de los “cuellos blancos” del Callao, que de una modesta investigación fue profundizando y evidenciando una sistemática corrupción en nuestro sistema de justicia, donde estaban comprometidos altos magistrados de justicia, lo que implicó la destitución de los miembros del CNM y acudir a un proceso de referéndum para modificar nuestra Constitución, impulsando la constitucionalización de la Junta Nacional de Justicia; resulta que ahora, ésta se convierte en “piedra en el zapato” de quienes ostentan el poder político y se pretende su destitución por parte del Congreso, que a último momento fue suspendida por una medida cautelar dispuesta por una sala superior limeña.
Si bien, no se daban los acuerdos políticos para una reforma política integral, se empezó con reformas electorales, muy necesarias en la imperiosa necesidad de mejorar nuestra representación, fortalecer nuestro sistema de partidos y facilitar mayores niveles de participación política, es así que se incorporan las elecciones primarias con el carácter de obligatorias y simultáneas, que significaba cambiar radicalmente el anacrónico y nada democrático proceso de selección de candidaturas por decisión de las cúpulas partidarias; con la finalidad de dar apertura a mayores formulas políticas, y liberarnos del monopolio de ciertas agrupaciones, se modificaron los porcentajes de firmas a fin de alentar una mayor participación, si bien al día de hoy ya hay 24 agrupaciones nacionales registradas y que pueden ser más, no debe pasarse por alto que para llegar al proceso de elecciones generales, deben pasar por las elecciones primarias y estas establecen vallas porcentuales, que de no superarse no ingresan al proceso electoral. Acaba de aprobarse en el Congreso, un dictamen por el que se revierten todas estas disposiciones, alegando una forzada interpretación del principio de “participación política”, lo que en realidad se persigue es santificar los clásicos partidos políticos, liberarlos de competencias y evitar todo tipo de renovación, que implique cambios generacionales, oportunidades e involucramientos renovados.
Se ha colocado en la Defensoría del Pueblo, por voluntad de nuestros parlamentarios, a un personaje dúctil a las demandas de los nominadores, excluyéndose de las responsabilidades de defensa ciudadana frente al Estado, desdibujando en grado extremo el sólido prestigio de una institución que, con esfuerzo y compromiso, logro posicionarse. Lo mismo viene aconteciendo con nuestro Tribunal Constitucional, reza el adagio “a los jueces los conoces por sus sentencias” y no hay que hacer mucho esfuerzo para entender la grave ausencia de objetividad y apego institucional en la función determinante de acudir al control constitucional. La Fiscalía de la Nación, de manera recurrente se muestra con una sobredosis política, de disposición a ciertos sectores políticas, deshaciendo todo vestigio de institucionalidad en el interior del Ministerio Publico. Del Congreso y otros órganos constitucionales, tanto más que decir.
El slogan popular “esta democracia ya no es democracia”, más allá del clamor ciudadano, nos permite encontrarnos con una institucionalidad democrática alicaída, desdibujada y sin actitud para sobreponerse, pareciera convencida que nada puede cambiar su difícil ruta. Es momento de la reacción ciudadana, demasiada parsimonia, la pasividad no nos puede vencer, se percibe un hartazgo ciudadano, oportunidad para exteriorizarlo, estamos a tiempo de recuperar nuestra democracia como esencia, como actitud de vida, como convicción.
