El abogado Juan Carlos Huanca Molero, ex procurador municipal de la provincia de Islay, sugirió que frente a la resolución 624-ANA, se debe interponer acciones legales que permitan que no se aplique, por lo que se debe realizar una impugnación contra el documento administrativo.

Para el letrado, la idea es mantener un concepto de unidad entre los diferentes frentes, que a su criterio serían las Juntas de Usuarios, los municipios y la población en general, los que deberían de forma conjunta impugnar la resolución administrativa que, a pesar de no mencionar a la provincia de Islay sino a la región Moquegua, produce una afectación directa, lo cual legitima la acción.

ACCIÓN DE AMPARO 

Argumentando además que, alguna entidad, podría interponer una acción de amparo para proteger el derecho constitucional del uso del agua, que en primera cuenta prioriza su utilización para el consumo humano y en cuarto lugar para la minería; lo cual podría a través de una medida cautelar se pretendería mantener en suspenso la ejecución de la resolución.

“La población es la que pone a las autoridades e igualmente debe presionar para que hagan las acciones legales y judiciales, porque al final son las entidades las que manejan los presupuestos y tienen la facilidad de llegar a las autoridades”. (KM)