POR: MIGUEL ARTURO SEMINARIO OJEDA (DIRECTOR DEL MUSEO ELECTORAL Y DE LA DEMOCRACIA DE LA DNEF DEL JURADO NACIONAL DE ELECCIONES)

Desde comienzos del siglo XIX hubo un debate por el voto de los indígenas y analfabetos en el Perú. Los hombres del debate por la Constitución de Cádiz, habían considerado a los iletrados y a los indígenas en la ciudadanía, sin embargo, en un claro divorcio con esos propósitos, los hombres de la República, privaron de ese derecho a miles de peruanos, que también debieron participar en la delegación del poder a sus autoridades.

En los libros de debates del Congreso de la República consta la participación de los legisladores en torno a la ciudadanía de los analfabetos, en algunos casos, en evidente propósito de ampliación del voto popular, tal como lo considerara en 1822 el general San Martín, cuando no se restringió la emisión del voto, solo a los habitantes de los territorios ocupados por los patriotas, pues de lo contrario, no se podría haber escrito, que la primera Constitución política del Perú, expresaba la voluntad de todos los peruanos, a través de sus representantes.

En la Constitución de Huancayo de 1839 se estableció que sólo hasta 1844 podían votar los indígenas y mestizos analfabetos, y posteriormente, una Ley de octubre de 1847 autorizó su voto hasta que se aprobara la reforma constitucional sobre ese particular. De esta manera, el Congreso habilitó a los indígenas y mestizos en el ejercicio de la ciudadanía, considerando a los casados o mayores de veinticinco años, que no supieran leer y escribir, pero solo por un tiempo limitado.

Sin embargo, ese intento de “desborde popular” que venía desde arriba, no fue bien visto por un gran sector de los que siempre tenían el poder político, es decir, los “notables” del virreinato, y sus descendientes en la República. Sin embargo, no fueron pocos los que concibieron, que la legitimación de la República, demandaba de la participación de las mayorías en la elección de sus representantes, incluyendo a los negros libertos.

Por la Ley de Elecciones de diciembre de 1851, se ratificó el derecho de los analfabetos indígenas a votar, lo que llevó a considerar que, para el ejercicio ciudadano, los mestizos, por tanto, debían saber leer y escribir, excluyéndose también a los afrodescendientes iletrados. Al parecer se estaba bastante lejos de la internalización de valores de igualdad e inclusión, como parte de la práctica de la democracia.

En estos debates se destaca la figura de Bartolomé Herrera, quien aparentemente no estaba de acuerdo con el voto de los indígenas analfabetos, porque eso significaba en parte, que una gran porción de peruanos continuara en su condición de iletrados, y porque era una mayoría por la que se debería velar para incluirlos en el universo de los que supieran leer y escribir en el Perú.

Sin embargo, esta posición de Bartolomé Herrera fue, y sigue siendo malentendida, cuando en realidad, el abogaba por ciudadanos letrados para que actuaran con responsabilidad, y no fueran manipulados por los que supieran leer y escribir, y que siempre estaban tras la captura del poder político. De modo que más bien pensó en leyes que en el proceso de la instrucción, no excluyeran a los indígenas.

Por esta razón, interpretamos que Bartolomé Herrera no es un representante de la exclusión social, muy por el contrario, pensó en ciudadanos responsables, y conscientes de sus derechos y obligaciones, que a través de la lectura supieran de sus derechos y de sus obligaciones. Por eso objetó la prolongación del derecho a votar de los indígenas analfabetos, porque eso significaba mantenerlos en esa condición, la de iletrados.

Pareciera un argumento conservador contra los analfabetos, a quienes aparentemente se consideraba incapaces del ejercicio ciudadano, pero no fue así, para el sacerdote y político, si la República proclamaba la igualdad de los nacidos en el país, con los mismos derechos y obligaciones, porque mantener a la gran mayoría en la condición de analfabetos, cuando deberían recibir tanta instrucción como los blancos y mestizos, y con ellos los afrodescendientes.

No se puede restringir la posición de Herrera como la de ver únicamente a los indígenas y mestizos analfabetos en minoría de edad, sin capacidad para decidir, y a quienes se les debió restringir los derechos políticos, eran en ese momento las tres cuartas partes de la población, y por lo tanto deberían participar en la delegación del poder a sus autoridades, como lo hacían los otros ciudadanos, en condición de letrados.

El derecho de sufragio de los indígenas analfabetos convenía a algunos sectores, sobre todo en la sierra donde se mantenían condiciones de semi feudalidad, no tanto en la costa, donde ya se avizoraban vientos de una incipiente industrialización, que se multiplicaría en las décadas siguientes, y donde los trabajadores eran considerados como obreros, alejándose de las condiciones en las que se mantenía a la gran mayoría de la mano de obra en la sierra.

Como sabemos, hubo una serie de inconvenientes ante las diferentes posturas de los políticos de turno, enfrentamientos en el congreso, y que se registran en las publicaciones periódicas de Lima y de las ciudades del interior, cuyo final concluyó en que se dejará finalmente del ejercicio ciudadano a los analfabetos. Pasaría mucho tiempo para que se considerara a este gran sector de la población peruana dentro de la ciudadanía, tras una lucha que emprendieron figuras representativas de la política y democracia en el Perú.

La situación que se debatía sobre la prolongación del derecho al voto de los analfabetos indígenas, fue una bandera de lucha, que se retomó en la Asamblea Constituyente de 1978-79, para los analfabetos en general, ya no solo para los varones y para los casados, había que considerar a un enorme contingente de votantes de la costa, selva y sierra del Perú, así, por fin, en la Constitución de 1979, quedó atrás la postura de los conservadores, y de los liberales, que justificaban su postura, aludiendo a la  manipulación de los iletrados por los partidarios de los  militares y de los gamonales serranos que tentaban la captura del poder, o de mantenerse en él.

No debemos dejar de mencionar, que, durante el período aludido, el protagonismo de los militares marcaría el escenario de la vida política en el país, y la voluntad de los ciudadanos se vería frustrada reiteradas veces por la toma del poder por los caudillos que se disputaban la conducción del país, enfrentándose los unos contra los otros, dentro del llamado primer militarismo signado entre 1821-1871.