Tres ex funcionarios de la Municipalidad Provincial de Islay (MPI), en la gestión del ex alcalde, Richard Ale Cruz, están comprendidos en el inicio de acciones administrativas y legales penales por el caso del proyecto «Mejoramiento, ampliación de la gestión integral de los residuos sólidos municipales de los distritos de Mollendo, Mejía e Islay – Islay – Arequipa».
LOS INVESTIGADOS
Según señala la Contraloría en el Informe de Control Específico Nº 034-2020-2-0359-SCE, Jesús Manuel Llerena Llerena, Adolfo Segundo Quispitupac Nova y Renzo Giovanni Cano Arapa están implicados por haber dado, al parecer, conformidad y pago por servicios de consultoría y supervisión, para la culminación de elaboración de expediente técnico, haciendo uso de un documento adulterado, lo que ocasionó un perjuicio económico de S/ 320 896,75 a la municipalidad.
El ex funcionario Jesús Llerena era el gerente de Infraestructura y Desarrollo Urbano; Adolfo Quispitupac, sub gerente de Logística, encargado de contrataciones y Renzo Cano, sub gerente de Infraestructura, deberán responder ante las investigaciones.
El informe precisa que se debe iniciar las acciones administrativas para el deslinde de las responsabilidades que correspondan, de los funcionarios y servidores públicos de la Municipalidad Provincial de Islay comprendidos en los hechos irregulares del Informe de Control Específico.
De otro lado, puntualiza que se debe dar el inicio a las acciones legales penales contra los servidores públicos comprendidos en los hechos con evidencias de irregularidad.
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LOS ANTECEDENTES
El tema se remonta al 15 de marzo de 2017, cuando, tras el Convenio N° 32-2017-GRA/GR, el Gobierno Regional de Arequipa realiza una transferencia financiera a la Municipalidad Provincial de Islay para contratar a una empresa consultora para la elaboración del expediente técnico del proyecto en mención.
El 27 de agosto de 2018 la MPI suscribe el contrato con el Consorcio AJM Asociados representado por Rafael Pérez Zorrilla, por un monto de S/ 295 000. El 6 de setiembre del mismo se suscribe con la empresa en cuestión, el contrato de supervisión por un monto de S/ 24 090.
Los ex funcionarios, otorgaron conformidad a la elaboración del expediente técnico y al servicio de supervisión en base a un documento adulterado del Ministerio del Ambiente presentado por el representante de la contratista, que no ingresó formalmente a la municipalidad, enfatiza el informe de la Contraloría.
DESLINDE
La MPI, de la actual gestión del alcalde, Edgar Rivera deberá cumplir las disposiciones de la Contraloría a efectos de deslindar responsabilidad y dar pie al inicio de las investigaciones administrativas y penales en contra de los tres ex funcionarios de Richard Ale.