Por: Soledad Orcoapaza Luque (Colectivo Juntos)
«Me levanto a las 3 de la mañana para entrar a trabajar a las 5. Me explotan por más de ocho horas por 36 soles sin comida y sin agua. Eso no es justo», dice Geraldine, con justificada razón. Al igual que ella, miles de trabajadores agrarios de Ica tienen que sobrevivir con salarios miserables, sin beneficios laborales y en medio de maltratos.
Tal parece que hemos retrocedido en el tiempo y vuelto al siglo XIX, donde los hacendados azucareros costeños se servían de mano de obra baratísima. Las condiciones en las que trabajaban los indígenas eran opresivas: jornadas largas bajo el inclemente sol, abusos de los enganchadores y pagos ínfimos que llegaban a 0.50 céntimos por tarea. Después de tantos años vemos que la situación no ha mejorado sustancialmente.
Para entender lo que pasa en Ica hay que recordar que en el 2000, en la recta final de la dictadura del ladrón de Alberto Fujimori, se dio luz verde a la Ley 27360. Su principal impulsor fue nada más y nada menos que José Chlimper, el accionista de una empresa dedicada a la exportación de espárragos y paltas, y que en ese entonces era ministro de Agricultura. Todo un negocio redondo para él y sus amigotes.
Esa norma solo benefició a las grandes compañías agroexportadoras porque en su capítulo laboral se establecía que por 8 horas se les pagaría 32 soles a los trabajadores, y que ese irrisorio monto incluiría la Compensación por Tiempo de Servicios (CTS) y las gratificaciones. El año pasado el Congreso tuvo la oportunidad de enterrar ese régimen, pero al contrario, lo defendió.
¿Qué bancadas se mostraron a favor de mantener la Ley 27360? el Partido Morado, Fuerza Popular, Alianza para el Progreso y el Partido Aprista Peruano. También contó con la venia de congresistas de Acción Popular y Peruanos por el Kambio, hoy denominado Partido Contigo, entre otros impresentables. Recuérdenlos bien.
Se suponía que ese régimen esclavista sería “temporal”, pero al igual que Toledo, el hoy investigado Martín Vizcarra no se opuso a su ampliación, estampó su firma en el Decreto de Urgencia 043-2019 para que se extienda hasta el 2031. Hubo algunas burdas modificaciones como el aumento del jornal pero en unos cuantos soles. Es decir, migajas.
Con todos estos antecedentes, los trabajadores de los fundos decidieron organizar su indignación e iniciar la lucha por la derogatoria de ese dispositivo que legaliza la explotación. Las jugosas ganancias de pocos en base al sacrificado esfuerzo del pueblo trabajador, ha sido una constante en la historia del Perú.
Encima de todo, los empresarios agroexportadores gozan de millonarias exoneraciones tributarias, es decir, el Estado deja de percibir recursos que bien podrían ser invertidos en educación o salud. Es necesario acabar con estos privilegios y con todos esos regímenes “especiales”, se tiene que promover trabajo digno, no subempleo.
Al cierre de esta nota, se reportó un fallecido en el distrito de Chao, en la región de La Libertad. Jorge Muñoz tenía tan solo 19 años, un perdigón directo en la cabeza habría apagado su vida. Otra vez la brutal represión policial cobra una nueva víctima. El Congreso pudo evitar este lamentable suceso y ponerle fin a ese régimen agrario abusivo, pero prefirió darles la espalda a los trabajadores. Toda nuestra solidaridad con los que se encuentran en pie de lucha. Nadie debería ser asesinado por defender sus derechos laborales.