POR VICENTE ANTONIO ZEBALLOS SALINAS
El conteo electoral, con sus singulares vicisitudes, se ha concentrado en definir quién acompaña a Keiko Fujimori en la segunda vuelta, descuidando nuestra atención en lo que significa la figura de la Presidencia de la República, no bajo el contexto electivo, sino en uno paralelo impulsado por una sorpresiva decisión política, matizada como mensaje a la Nación: el anuncio de la suspensión del proceso de compra de 24 aviones F-16, bajo dos argumentos. Tratándose de una disposición presupuestal importante, que lo defina el siguiente Gobierno y no uno de transición; por otro lado, hay prioridades de inversión social que exigen una atención presupuestal más urgente.
Lo que no esperaba José María Balcázar era una agresiva reacción de distintos actores, empezando por el inefable embajador norteamericano, émulo aplicado de Trump, Bernie Navarro, como de distintos sectores empresariales, políticos, militares, incluso del propio gobierno; al unísono, exigieron prudencia política, mejor dicho, responsabilidades políticas, alegándose temas de seguridad nacional, urgencia de renovar y modernizar nuestra flota aérea, oportunidad de reforzar y optimizar nuestras relaciones con EE. UU.
Es necesario puntualizar que este proceso de compra no es reciente, como se viene denunciando, de un momento a otro y sin mayor explicación que transparente la adquisición, bajo la premisa de “secreto militar” que tanta corrupción e impunidad ha sembrado en nuestra historia republicana, pasa a una compra directa con evidente favorecimiento a una empresa norteamericana.
Sin embargo, toma mayor preocupación, desde una perspectiva institucional, que estos acontecimientos hayan tenido como secuela una verdadera crisis política: dos ministros renunciantes, de Defensa y Relaciones Exteriores; “intervencionismo” en asuntos y decisiones internas de un representante foráneo; el crónico reparo parlamentario para apelar a la censura; y aún, en su advertida limitada autonomía, el encargo y la transitoriedad del ejercicio de la Presidencia de la República.
Pese a reiteradas presentaciones públicas y específicas, lo que ha hecho el señor Balcázar es poner de manifiesto, público y claro, la irrelevancia de la institución, ahondando el desprestigio que desde buen tiempo atrás viene comprometiendo a la primera magistratura del Estado: la Presidencia de la República.
¿Cómo entender que nuestra primera autoridad exprese al país, bajo un compromiso y decisión política, una posición sobre determinado eje político y que este sea desautorizado por autoridades “subalternas” que él mismo designó como “de confianza” y dentro de los atributos constitucionales que se le reconocen? ¿O que el presidente de otro poder del Estado, Fernando Rospigliosi, anuncie que ya la compra está concretizada y, para efecto de ello, salga muy orondo el representante del país vendedor a ratificar la ejecución de la transacción?
Incluso su propio presidente del Consejo de Ministros y el ministro de Economía corroboren no lo dicho por el presidente de la República, sino por el titular del Congreso. ¿No hay presidente? ¿Dónde está el presidente?
El presidente de la República es el jefe de Estado y jefe de Gobierno, es la definición que asumimos como configuración del Estado desde los albores de la República, sin asumir el presidencialismo puro del modelo norteamericano, aunque con marcada influencia. No obstante, como consecuencia de nuestra innata desconfianza a la centralización del poder, fuimos incorporando institutos propios del parlamentarismo europeo, para definirnos como un presidencialismo atenuado.
Este normado liderazgo presidencial fue matizado con responsabilidades mayores y muy propias del cargo: dirige la política general de Gobierno, dirige la política exterior y es jefe supremo de las Fuerzas Armadas y Policiales; con competencias más precisas, preside el Sistema de Defensa Nacional y administra la hacienda pública.
Bajo este marco, debemos entender que descansa en su discrecionalidad la conducción del país, aplicando las políticas que la oportunidad le sugieran, siendo su responsabilidad presidencial la que lo habilita a estas decisiones. Desde la estructura jerarquizada y funcional de la administración pública, bajo el diseño político, quienes implementan estas decisiones son los ministros de Estado.
Bajo ninguna circunstancia podrían contraponerse a la orden presidencial, pues este tiene la última palabra; caso contrario, renuncian —como ocurrió— o son defenestrados del cargo de confianza. Muy propio de nuestro folclore político, aquí ocurrieron ambas circunstancias: acusando de “mentiroso” al presidente, renunciaron dos ministros, y los que los relevaron asumieron el desplante al presidente.
Este último ha hecho del silencio su complicidad, pero sobre todo ha ratificado su intrascendencia, denostando la figura presidencial.
Un sector político, reforzado con opiniones “técnicas”, alega que debemos sincerar nuestro sistema político, reconociendo el empoderamiento del Parlamento y la sujeción del presidente de la República. Para ello, sugieren revisar las relaciones Ejecutivo-Legislativo y entregarle mayores responsabilidades políticas al Parlamento, especialmente en la designación del jefe de Gobierno.
Lo que significaría asumir y reconocer que es válida la instrumentalización de nuestra Constitución por grupos políticos irresponsables y oportunistas que, salvaguardando sus propios intereses, han postergado el desarrollo del país sin importarles dotarnos de una fuerte institucionalidad para una solvente democracia.
Ya estando ingresados en la segunda fase de la contienda electoral, se hace más que trascendente discutir con urgencia la necesidad de una reforma constitucional que priorice la autonomía de las instituciones, fortalezca los controles entre poderes y, especialmente, no reiteremos en la sobre dependencia arbitraria de un Parlamento que tiene su propia agenda y cuya responsabilidad entregada por los electores no es precisamente la de gobernar.
Estas imprecisiones constitucionales han motivado su distorsión y desmérito, conduciendo a nuestra limitada democracia por un sendero donde cunde la incertidumbre y la desconfianza política.
José María Balcázar es la mejor expresión de nuestra realidad política: una autoridad sin autoridad, un presidente de la República que preside la Casa de Pizarro, más no un país; un líder sin ciudadanos a quien conducir; es decir, un fraude político colocado por un Parlamento adueñado del momento político y de sus más gravitantes decisiones.
