POR CÉSAR CARO JIMÉNEZ
Ante la propuesta del actual ministro de Economía y Finanzas (MEF), Pedro Francke, de incrementar entre 3 a 4 puntos porcentuales la presión tributaria en el sector minero, basándose en un estudio del Fondo Monetario Internacional (FMI), que señala que la carga tributaria promedio en el sector minero de Perú es de 41.7% , menor a la de Chile (47.1%), Brasil (47.9%), Canadá (49.9%), Mongolia (55.2%) y el Congo (70.7%), voceros de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE), han salido a rasgarse las vestiduras diciendo que el reporte preliminar del FMI no tiene aún un carácter final y que está siendo revisado, “de manera que hay que tener mucho cuidado con estos señalamientos que viene realizando el MEF, respecto a las supuestas recomendaciones del Fondo Monetario Internacional, porque no hay ningún documento oficial emitido sobre el particular” esbozando además que pondría en riesgo el desarrollo de varios proyectos extractivos que deberían realizarse en los próximos cinco años con una inversión de alrededor de US$ 10,500 millones que crearía 600,000 nuevos puestos de trabajo.
Es decir, que como es usual en casi todos los casos, cuando un informe le es favorable lo publicitan en grado sumo, pero si es al revés lo ocultan, lo ningunean o lo descalifican a la par que hablan de miles de millones de inversión que “posibilitarán” la creación de innumerables puestos de trabajo, palabra casi mágica esta última porque nubla intelectos y desarma objeciones.
Y conste que no niego el factor positivo de la actividad minera privada en lo que respecta a la generación de riqueza y puestos de trabajo, pero a la vez creo que se debe necesariamente revisar mecanismos como la “depreciación acelerada” que hacen que el Estado es quien acabe asumiendo a la larga las inversiones; como asimismo sincerar el número de trabajos que la minería pueda realmente crear en un momento en el cual la inteligencia artificial (robotización) está reemplazando el trabajo humano.
También se debe, precisar o debatir a profundidad como ya está comenzando a darse en Chile y otros países, sí una vez que las empresas mineras logran recuperar su inversión y tener un retorno adecuado, la ganancia adicional que generan, sea usualmente de 60% para las empresas y 40% para el Estado. ¿Por qué se distribuye así la renta del cobre? ¿Es justo que las empresas se lleven la mayor parte?
A mi entender, recalcando que considero que la empresa privada es mejor administradora que el Estado, traigo al recuerdo el artículo escrito allá por el 2017 de Jorge Manco Zaconetti, (ver su cuadro) quien entre otras observaciones precisa que SPCC en el período 2004/2016 tuvo una elevada por no decir extraordinaria rentabilidad estimada a tal punto que de cada 100 dólares de ingresos, un poco más de 52 dólares constituyeron rentabilidad operativa y neta que es extraordinaria si se compara con las tasas vigentes en USA, Canadá, Australia, lo que explica porque las principales empresas transnacionales mineras operan en nuestro país, en el cual los impuestos pueden ser parecidos, pero la rentabilidad es más alta tanto por los –comparativamente– bajos costos salariales como asimismo por el valor del agua y la energía, muy inferiores a los de Chile por ejemplo, lo que hace que “graciosamente” seamos muy competitivos al ser nuestros costos de producción de cada libra de cobre inferiores.