POR: VICENTE ANTONIO ZEBALLOS SALINAS
Desde una perspectiva democrática nuestra preocupación se centraliza en el funcionamiento de nuestros poderes políticos, como operan los mecanismos de articulación, los controles políticos, el impacto de sus decisiones sobre la ciudadanía, que debieran estar generando estabilidad, gobernabilidad, sosiego y valgan verdades, este año que dejamos, está muy alejado hasta de su propia denominación “Año de la Unidad, la Paz y el Desarrollo”, la figura presidencial muy apegada al Congreso, con la más baja aceptación de nuestra historia republicana, entendida como deslegitimidad; una tranquilidad social engañosa, distraída por sus necesidades de sobrevivencia y una ya admitida recesión económica.
Quedando relegados como si fueran órganos de segundo orden, cual, si no tuviera un rol determinante nuestro sistema de justicia, cuando asumen una responsabilidad fundamental en nuestro engranaje institucional, no sólo brindando una administración de justicia objetiva e imparcial a los justiciables sino desde el Estado democrático constitucional, el protagonismo que debiera asumir en la defensa de la preeminencia de nuestro ordenamiento constitucional.
La autonomía de los órganos de nuestro sistema de justicia ha sido gravemente trastocada, instrumentalizada, particularmente por el Congreso, con la manifiesta complicidad del Ejecutivo, priorizando los intereses subalternos propios de la angurria política, respondiendo a la inmediatez de sus sesgos, desconociendo toda noción básica de políticas de Estado, con nulo compromiso por el país. Y la arremetida no ha cesado, porque aún hay propuestas en discusión que son prioridad para el parlamento, en ese afán incontrolable por doblegar todo resquicio de independencia, como la pretendida destitución de los miembros de la Junta Nacional de Justicia o la reciente pretensión de que sea el Congreso quien destituya a nuestros más altos magistrados, entre otras muchas. Y claro que hay muestras de independencia en nuestros órganos de justicia, pero se manifiestan de manera aislada; y si colocamos en la pizarra los recientes sustantivos cambios en el Ministerio Público, esto responde no a una actitud de enmienda, sino a la “fineza” de una investigación que involucra a la propia Fiscal de la Nación, ante hechos tan irrebatibles que permitió que el sistema funcionaria y propiciará un auténtico remezón, que hasta el propio parlamento se ve gravemente involucrado. Y parece irónico recordarlo, estamos inmersos en los primeros años de nuestro Bicentenario, cuando supuestamente debiéramos encontrarnos con instituciones potentes, una representación política solvente y una ciudadana atenta y comprometida.
Las graves deficiencias institucionales, que emergen desde nuestro propio marco constitucional, que incluso llevan al atrevimiento de calificar al parlamento como el primer poder del Estado, nos permiten encontrarnos con un parlamento centralizador en las decisiones políticas, sojuzgando a otros poderes del Estado, rompiendo con un principio fundamental del Estado constitucional, como lo es el principio de separación de poderes, nos están llevando por una irrenunciable ruta de revisar nuestra “sala de máquinas”; si bien es cierto, que este esquema constitucional por largo tiempo ha funcionado, aún con imperfecciones como también excesos, el escenario presente nos describe ausencia de autocontrol, incapacidad para una mesura democrática y ni que decir, de lo que con énfasis resalta nuestro propio Tribunal constitucional, lealtad constitucional.
El Tribunal Constitucional, ya con sus siete integrantes-acaba de elegirse al faltante-, pasó sin aspavientos el proceso de elección de sus integrantes por parte del Congreso, ante la fatiga ciudadana; sin embargo, a los jueces los conocemos por sus decisiones, y a través de estas, nos muestran con descaro su obsecuencia con quien los eligió, allí están sus decisiones sobre la SUNEDU, la ley que acota la cuestión de confianza, la ley que restringe la participación política de la ciudadanía para impulsar reformas constitucionales, suficientes como muestras claras de un órgano corporativo de justicia constitucional que se propone colaborador con la inestabilidad política y jurídica.
Nuestro Ministerio Público, de tumbo en tumbo, aceptando injerencia política, direccionando sus investigaciones, acosando a sus críticos, es la extrema manifestación de la podredumbre institucional, que debe erradicarse de raíz, debiendo recuperar el norte de sus responsabilidades “defensa de la legalidad y de los intereses públicos tutelados por el derecho”. Una Fiscal Suprema destituida alevosamente por el Congreso, una Fiscal de la Nación suspendida por estar comprometida en sistemáticos actos ilícitos, no son poca cosa, que desnudan el naufragio de nuestra justicia.
El Poder Judicial, alicaído, escasamente comprometido, absorbido por la sobrecarga procesal de siempre, no se compra el pleito por optimizar nuestra administración de justicia, limitándose cada cierto espacio de tiempo a enrostrar al Ejecutivo la falta de recursos presupuestales, dejando al ciudadano con su prolongada e inacabable esperanza de justicia.
La Junta Nacional de Justicia, que está en la palestra de la discusión política, tiene gravitantes funciones, no sólo elegir, evaluar a jueces y fiscales sino también elegir a los jefes de la ONPE y RENIEC, en esto es que se focaliza la atención de los actores políticos.
Esta entidad es producto de una reforma constitucional, ratificada mediante referéndum, que vino a sustituir al CNM, cuyos integrantes están comprometido en graves delitos y puestos de manifiesto a través del caso “los cuellos blancos del Callao”. Pues bien, esta Junta Nacional es la que eligió a Patricia Benavides, como Fiscal Suprema, quien luego se convertiría en Fiscal de la Nación, pasando por alto el hecho de sorprenderlos con su hoja de vida, que permitió convalidar su elección.
La Defensoría del Pueblo, ya desde la elección de su actual titular, se advertía la debacle institucional, desmereciendo todo el esfuerzo con que se había construido su solidez, y los vaticinios no se equivocaron, por la renuncia a defender los derechos ciudadanos y la supervisión del cumplimiento de los deberes de la administración estatal, tal como lo dispone su enmarcación constitucional, convirtiéndose en una institución pasiva.
Es indiscutible que tenemos que recuperar nuestro sistema de justicia, devolviendo a los distintos órganos constitucionales su necesaria autonomía, con autentica capacidad de decisión e independencia, que nos permitan reforzar nuestro modelo democrático, para la defensa de nuestros derechos y libertades, y con una clara incidencia en la defensa de nuestro Estado constitucional. Estos días se alcanzó una propuesta para una reforma integral, desde el Congreso, aquel que todo lo destruye o deforma; si bien es necesaria una revisión y corrección, pero con esta incidencia política parlamentaria que tanto daño le viene haciendo a nuestro sistema de justicia, no. Cerramos el año, con desconfianzas e incertidumbres sobre nuestras instituciones, nos corresponde avizorar un 2024, donde nuestras instancias rectoras de justicia, asuman un verdadero protagonismo que nos permitan ayudar a reconducir nuestra democracia.