La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC) del Congreso aprobó, con 16 votos a favor y dos abstenciones, el informe final que recomienda acusar al expresidente Martín Vizcarra por presunta infracción constitucional en relación con el cierre del Congreso. Asimismo, el documento incluye a los ex primeros ministros Salvador del Solar y Vicente Zeballos.

El informe plantea imponer a Vizcarra Cornejo una sanción de inhabilitación por 10 años para el ejercicio de cualquier función pública, mientras que para Del Solar y Zeballos se propone una inhabilitación de cinco años cada uno.

Es importante destacar que el procedimiento de acusación constitucional está regulado por el artículo 89 del Reglamento del Congreso, que establece:

“Recibido el informe, el presidente de la Comisión Permanente ordena su distribución entre los miembros y convoca a sesión de la misma, la que no se realiza antes de los dos (2) días útiles siguientes (…)”.

EL INFORME

El informe final de las Denuncias Constitucionales N.° 384, 400 y 466 (acumuladas) concluye con la recomendación de acusar a Martín Vizcarra Cornejo por el cierre del Congreso en septiembre de 2019, señalando una presunta infracción al artículo 134 de la Constitución Política.

Además, se propone una inhabilitación de cinco años para los ex primeros ministros Salvador Del Solar Labarthe y Vicente Zeballos Salinas, debido a sus acciones relacionadas con los hechos denunciados. En el caso de Del Solar, se le atribuye haber planteado la cuestión de confianza para suspender el proceso de elección de magistrados del Tribunal Constitucional sin la previa discusión y aprobación en el Consejo de Ministros. A Zeballos, se le acusa de refrendar el Decreto Supremo 165-2019-PCM sin que este fuera aprobado en una sesión formal del Consejo de Ministros.

Durante la duodécima sesión extraordinaria de la subcomisión, presidida por María Acuña Peralta (APP), se rechazó, por nueve votos a favor y diez abstenciones, una cuestión previa presentada por el congresista Jorge Montoya Manrique (HyD) que buscaba extender a diez años la inhabilitación para los dos exministros. Del mismo modo, no prosperó una moción de Víctor Flores Ruiz (FP) para que la votación se realizara de forma separada, con un resultado de cuatro votos a favor, siete en contra y siete abstenciones.

El informe final fue sustentado por el congresista Héctor Ventura Ángel (FP), quien expuso los hechos contenidos en las denuncias presentadas por los legisladores de Renovación Popular Alejandro Muñante Barrios y Patricia Chirinos Venegas, así como por exparlamentarios.

Durante el debate, la congresista Flor Pablo Medina (No A) sostuvo que, si bien no se convocó formalmente a una sesión del Consejo de Ministros, los funcionarios involucrados estaban plenamente informados de las circunstancias. Igualmente, cuestionó la imparcialidad de la subcomisión al considerar que existía una predisposición sancionadora hacia los exfuncionarios.

Por su parte, María Acuña Peralta rechazó las acusaciones de parcialidad, afirmando que el objetivo de la subcomisión es esclarecer los hechos con transparencia. Esta postura fue respaldada por los congresistas Jorge Montoya Manrique y Martha Moyano Delgado (FP), quienes destacaron la importancia de garantizar la rendición de cuentas.

OTRO INFORME APROBADO

Posteriormente, se aprobó por mayoría el informe final correspondiente a la Denuncia Constitucional N.° 424, presentada por la exfiscal de la Nación, Patricia Benavides, contra el expresidente Martín Vizcarra Cornejo. Esta acusación se sustenta en la presunta designación irregular de Daniel Soria Luján como procurador del Estado, pese a que no cumplía con los requisitos establecidos.

La denuncia también incluye a la exministra de Justicia, Ana Teresa Revilla Vergara, señalándola como presunta responsable de los delitos de negociación incompatible y aprovechamiento indebido del cargo, en el mismo contexto.

El informe, elaborado bajo la dirección del congresista delegado Flores Ruiz, obtuvo el respaldo de 16 legisladores, con una sola abstención registrada durante la votación.

El documento será remitido a la Comisión Permanente para su evaluación, en conformidad con lo estipulado en el Reglamento del Congreso.