POR: VICENTE ANTONIO ZEBALLOS SALINAS
Hace poco fui invitado a un conversatorio, por un grupo de entusiastas jóvenes universitarios, que impulsan un proyecto sobre valores democráticos y participación juvenil, se convocaron alcaldes escolares de distintos colegios, y del intercambio de pareceres surgió una recurrente y enfática posición: que la política es corrupta y que por ello no se involucran los jóvenes. Ipso facto recordé al académico colombiano Sergio Fajardo, exitoso alcalde de Medellín y gobernador de Antioquia, quien daba una respuesta precisa: gracias a la corrupción y los corruptos hay un repudio generalizado de la política y los políticos. Entendible. Eso lleva a que mucha gente le dé la espalda a la política, “para que, si todos son iguales: prometen y no cumplen, todos son ladrones”. ¿Y quiénes celebran con esa decisión? Los propios corruptos, pues mientras menos personas participen, mejor les va a sus maquinarias corruptas.
Ayer se publicaba una encuesta realizada por el Instituto de Estudios Peruanos, y a la consulta, similar a la formulada por el Barómetro de las Américas del 2021, si el Perú es una democracia, el 51% respondieron que sí y el 49% que no; y para profundizar nuestra crisis, respecto a quien tiene más poder en el Perú, colocan por delante de la Presidencia de la República, al Congreso y los empresarios.
Hay un manifiesto desapego por la democracia y sus instituciones, pues no hay interés-especialmente los jóvenes- en intervenir en la dinámica política, si bien preocupados en el acontecer político, pero no alcanza a inducir un rol más activo, la pasividad absorbe un involucramiento necesario, dejándose el panorama político a su suerte, a lo que sobrevenga; aún el riesgo de una debacle democrática no persuade. En ese escenario, no deja de estar en la agenda pública, un adelanto de elecciones generales; que, de darse, serian bajo las mismas reglas de juego electoral, con los mismos actores políticos, aunque hay un incremento en el número de agrupaciones políticas, con el clásico marqueteo y estrategias políticas de sensibilización, y no hay argumento alguno para desviarnos de un pantallazo final similar al del 2021, uno de la tradicional política y otro un outsider, uno garantizando el statu quo y otro, enarbolando el cambio, pero ambos sin ninguna garantía de generar consensos, potencializar institucionalidad y colocar como prioridad los problemas fundamentales que afrontamos como país.
Lo acontecido esta última semana, con la convocatoria a movilización nacional, que no es la primera ni mucho menos será la última, puso en evidencia lo fraccionados que nos encontramos, rotó todo espacio de diálogo, ninguneos por doquier, ordinarización de los estados de emergencia, libertades tomadas por las fuerzas públicas, el debate colocado en posiciones extremas; no ha tenido las expresiones públicas de anteriores movilizaciones, hay razones que lo explican y no debe llevar a chatas conclusiones, y sin embargo, la insatisfacción ciudadana se muestra tras cada encuesta, in crescendo, y no es una contradicción, son escenarios diferentes, que armonizados manifiestan una desafectación ciudadana contra todo tipo de autoridad, una crisis institucional. Es un problema estructural, que no queremos comprenderlo y si lo hacemos lo obviamos, dejando subliminalmente que se vayan minando nuestras formas democráticas.
En el intento de analizar esta coyuntura democrática, nos cruzamos con la reciente publicación de Alberto Vergara, “Repúblicas Defraudadas”, y en él encontramos algunas respuestas, que las hacemos nuestras y las compartimos, respecto a cómo es que llegamos a estas circunstancias extremas, de desentono ciudadano, graves síntomas de autoritarismo, menoscabo del principio de autoridad, resquebrajamiento de nuestra ya débil institucionalidad; Vergara, ya nos lo dijo antes, “despacito”.
Nos encontramos con una falla de origen, con la independencia de nuestras naciones, nos abocamos a construir Estados más que repúblicas, sin conseguir monopolizar el poder sobre su territorio, preservando a caciques regionales como encargados de mantener el orden en las periferias, y, de esa manera, impedían la construcción de administraciones centrales efectivas; como consecuencia de ello, el ciudadano no está integrado al proceso político y a la esfera pública. Debiendo entenderse “el republicanismo como una forma de reincorporar la preocupación por lo público, el poder ciudadano y el interés general sin poner en entredicho las garantías individuales”.
Hemos crecido acompañados de la desigualdad y “una gran inmovilidad social de una generación a otra”, y así nos encontramos con que los pobres de Brasil son los más pobres del mundo, pero los ricos brasileños están entre los más ricos del mundo, paradojas, pero realidades irrebatibles. Según el PNUD, si bien el Covid-19 desnudo esta gravísima desigualdad, también profundizó la brecha pues el número de multimillonarios latinoamericanos creció un 40%.
De nuestras doce constituciones, nueve fueron emitidas por regímenes militares, y hasta el propio Tribunal Constitucional así lo enfatiza, y si bien estas reconocen a millones de personas como ciudadanos, estos “ven frustrada la posibilidad de construir la vida que mejor valoran para sí mismos, porque diversos mecanismos obliteran su oportunidad de convivir, competir en igualdad de condiciones”. Y en ese devenir, se acentuó un capitalismo incompetente, en ausencia de un “Estado robusto que obligue a que los actores privados compitan”; entonces, un capitalismo incompetente produce también desigualdad.
El autoritarismo que ya no sólo es una amenaza, sino que se ha institucionalizado “hunde sus raíces en la frustración ciudadana ante la falta de equidad para el progreso personal y la educación es un componente principal”, y cuan potente es esta premisa, porque aquí está la desafectación democrática de los ciudadanos, que descalifican o renuncian a la vía que les niega toda posibilidad y se entregan a lo incierto, pero que por lo menos significa una posibilidad de revertir lo crudo de su realidad cotidiana.
Y desde la perspectiva de representación, los sectores marginados o excluidos, no cuentan con una debida representación “sólo entre el 5 y el 20% de legisladores en nuestros países provienen de los sectores menos favorecidos”, complementándose con el análisis de Martín Caparrós, “es curioso que exista consenso para la representación de las mujeres, pero no les parece importante asegurarla para los pobres”. En estos dos coincidentes puntos de vista, encontramos la respuesta a las prioridades y decisiones que asumen los indistintos parlamentos, y que rápidamente pierden su legitimidad de origen. Qué no sabemos elegir, se responde desde las fallas en la oferta electoral, que el propio sistema político regula. Ni que decir de los partidos políticos, con intereses subalternos y distante del interés general.
La polarización a la que estamos arribando, como en otras experiencias que la historia con facilidad nos sugiere, fomenta un espinoso caminar por las libertades, renunciando a los principios y valores democráticos, que no hacen más que generar mayor desigualdad. Por ello, la agenda común y prioritaria es reencausar “nuestras repúblicas a medias y con ello sacar a nuestras ciudadanías de la ansiedad que las envenena”.