El pleno del Congreso de la República aprobó, por mayoría, la moción de censura en contra del ministro de Transportes y Comunicaciones, Geiner Alvarado.
Fueron 94 votos a favor, 14 en contra y 8 abstenciones de la censura contra el titular del MTC por incapacidad moral y falta de idoneidad para el cargo.
“La moción de censura ha sido aprobada. En consecuencia, se comunicará el presente acuerdo al presidente de la República para que se cumpla con lo dispuesto en el artículo 132 de la Constitución Política del Perú y el inciso b) del artículo 86 del Reglamento del Congreso de la República”, señaló el titular del Parlamento, José Williams Zapata, tras anunciar el resultado de la votación.
La congresista Adriana Tudela Gutiérrez fue la encargada de sustentar la Moción de Censura nro. 3863. Dijo que se plantea la censura al ministro Geiner Alvarado porque este Gobierno, y en particular el ministro, habría utilizado como un pretexto, como una herramienta, las necesidades de los peruanos más pobres y vulnerables para armar una red de corrupción y llenarse los bolsillos.
“Creemos que el presupuesto público es de todos los peruanos, no del Estado ni mucho menos del Gobierno de turno. Creemos que el Estado y que el gobierno existe para servir a todos a la ciudadanía, no para servir a quienes ostentan el poder momentáneamente. Creemos que el presupuesto público tiene que ser utilizado con responsabilidad y en beneficio de todos. El poder político no puede ser utilizado para servir a intereses mercantilistas de unos pocos en perjuicio de la grandes mayoría”, añadió Tudela.
EL DEBATE
La primera en participar en el debate fue la congresista Kelly Portalatino (PL) quien dijo que desde la bancada Perú Libre se busca garantizar la gobernabilidad del país y eso no les impide levantar la voz y ser críticos cuando un ministro no cumple con los requerimientos mínimos que exige el Perú profundo, que anhela un desarrollo social, desarrollo económico y una mejor calidad de vida.
“El señor Geiner Alvarado, durante el año que estuvo en el Ministerio de Vivienda, no tuvo la capacidad de gestión que requiere al estar al frente de dicho ministerio, tan es así que durante su gestión no se ha ejecutado alguna obra pública de gran impacto social dentro del Perú profundo”, refirió
La vocera de la bancada Fuerza Popular, la congresista Patricia Juárez, sostuvo que “nos encontramos frente a un ministro que ha sido sindicado por la Fiscalía como uno de los cabecillas de una organización criminal, quien junto al alcalde de Anguía, José Nenil Medina Guerrero, a la fecha con prisión preliminar, utilizaban empresas constructoras de fachada para beneficiarse con obras publicas fraudulentas, de acuerdo a lo sindicado por la fiscalía”.
Dijo que la permanencia de Alvarado en el gabinete “solo se puede comprender en la medida que sea la pieza clave y hombre de confianza de Pedro Castillo para direccionar el dinero público hacia el entorno presidencial. No en vano fue designado en 2 ministerios que tienen el mayor presupuesto nacional”, opinó.
Por su lado, la congresista Flor Pablo (ID) observó que todos los pueblos del país requieren ser beneficiados con obras públicas, pero hay un procedimiento. “No para beneficiar al entorno cercano y haciendo mal uso de presupuesto nacional que es de todos los peruanos y que debiera manejarse con transparencia”, indicó.
A su turno, Alex Paredes, vocero del Bloque Magisterial, advirtió que “nadie quiere castrar el derecho de los congresistas, pero subrayó que mientras no haya documento que corrobore lo que afirman: es fácil decir que es operador de una organización criminal”.
“No sé si ya está escrito en una sentencia porque las acciones e investigaciones del Ministerio Público también terminan en el archivo. Pero los responsables de esas afirmaciones nunca piden disculpas, simplemente ya acusaron”, agregó.
El legislador Elvis Vergara, directivo portavoz de AP, coincidió en que hasta el momento no hay una sanción de parte del Poder Judicial por el accionar del ministro y anotó que se podría esperar varios años de investigación antes que haya una sanción.
“Independientemente de lo que se le esté imputando, (esto) va a transparentar un poco la gestión de este Gobierno”, dijo.
El vocero de APP, Alejandro Soto, añadió que previa a esta moción de censura se ha invitado al ministro Alvarado a este hemiciclo para que responda a un pliego interpelatorio que no satisfizo “ni a propios ni a extraños”.
En su intervención Víctor Cutipa (Perú Bicentenario) observó que hasta ahora los argumentos que pretenden sostener esta censura se basa en temas que se habría sostenido una investigación fiscal.
“Hay diferencia ente una denuncia fiscal y una sentencia condenatoria pero hoy manifiestan que en la Fiscalía ya se está denunciando y eso es suficiente”, agregó.
“Vamos a votar a favor de la censura porque no queremos funcionarios que estén enlodados”, adelantó, por su parte. la congresista Ruth Luque, vocera de la bancada de Concertación Democrática.
También participaron en el debate los congresistas Patricia Chirinos (Avanza País) Edwin Martinez (AP), Enrique Wong (PP), Hamlet Echevarría Rodríguez (PD), Elías Marcial Varas Meléndez (PB), Susel Paredes (ID), Juan Carlos Lizarzaburu (FP), Norma Yarrow (AP-PIS), entre otros.
ACUSACIÓN FISCAL
De acuerdo con la Fiscalía, Geiner Alvarado sería el presunto integrante de una organización criminal que habría direccionado las licitaciones de diversas obras públicas de Chota-Cajamarca y Cajatambo-Lima.
Según el Equipo Especial de Fiscales contra la corrupción del poder, existe una organización criminal dedicada a la comisión de diferentes delitos, como el de colusión agravada en los departamentos de Lima y Cajamarca. La tesis del fiscal Hans Aguirre Huatuco, señala que esta presunta red tendría una estructura liderada por el presidente Pedro Castillo.
Además, los lugartenientes de esta red estarían compuestos por dos funcionarios de alto nivel: el primero sería el ministro Geiner Alvarado y el segundo el detenido alcalde de Anguía, José Nenil Medina Guerrero, al igual que otros personajes.
Como empresas de fachada la investigación del Ministerio Público apunta a JJM Espino Ingeniería y Construcción SAC, representada por el investigado Hugo José Espino Lucana, y Destcon Ingenieros & Arquitectos S.A.C., representada por Anggi Espino Lucana y Hugo Ananeo Espino Almeida, hermana y padre respectivamente del primero.
