La Contraloría General advirtió a la Municipalidad Distrital de Ichuña que no ha previsto el presupuesto necesario para garantizar la continuidad de la construcción de un edificio de ocho niveles que alojará varias oficinas estatales y oficinas municipales para brindar diversos servicios públicos a la población del distrito.

La obra consiste en una gran infraestructura que albergará al Juzgado de Paz, la Defensoría del Pueblo, la subprefectura, la Unidad de Gestión Educativa Local (UGEL), la agencia agraria y varias oficinas municipales, y tiene un costo total de S/ 9 836 690, así como un plazo de ejecución de 365 días calendario.

La ejecución del proyecto está a cargo directo de la municipalidad distrital. Los trabajos comenzaron el 9 de mayo de 2022 y debía culminar un año después; sin embargo, el 30 de diciembre de 2022, los trabajos se paralizaron y el avance físico se estancó en 15.16%. Hasta la fecha, la obra se encuentra paralizada y no registra avances.

El Informe de Visita de Control N° 004-2023-OCI/0444-SVC, reveló que el expediente técnico de la obra fue aprobado en atención al informe que formuló la Gerencia de Planificación, Presupuesto y Racionalización en el que otorgaba una opinión presupuestal favorable por S/ 5 millones para el año 2022. No obstante, durante la ejecución, no se contó con disponibilidad presupuestal hecho que ocasionó la paralización de la obra en dos oportunidades, lo que resultó en un gasto de solo S/ 2 768 585 ese año.  Actualmente la obra no puede ser reiniciada por la falta de presupuesto.

Los auditores de la Contraloría constataron que la obra está paralizada y que la armadura de acero del segundo nivel se encuentra en riesgo de oxidación debido a las lluvias de esta temporada.

Además, se advirtió que producto de la paralización de la obra el cemento se encuentra vencido, y otros materiales de obra, como la madera y el triplay, no se almacenan correctamente y están expuestos a pérdidas y deterioro. Los hallazgos del informe fueron comunicados al titular de la entidad para que adopten las medidas correctivas que sean necesarias para la ejecución de la obra.