POR: FERNANDO VALDIVIA CORREA
Enérgica y decidida. Sí, además de elocuente. El pasado viernes, durante una actividad oficial, Dina Boluarte respondió a sus detractores, incluyendo algunos medios de comunicación, que no se irá; es decir, permanecerá en el cargo hasta julio de 2026.
Casi como un resorte, la prensa (afortunadamente no toda) arremetió nuevamente contra la mandataria, acusándola de estar más de 100 días sin declarar; amén de seguir exigiéndole, a través de la caviarizada Fiscalía y de un sector del Congreso de la República, documentación sensible (en realidad ya declarada como reservada) sobre el auto presidencial conocido coloquialmente como el “cofre”. Esto último, claro está, para “probar” a como dé lugar que Boluarte Zegarra ha tenido participación en la fuga del entonces portero de Palacio de Gobierno, Vladimir Cerrón. Y, literalmente como “cereza al pastel”, enrostrarle su baja aceptación popular; o, mejor dicho, de acuerdo con una reciente encuesta de opinión, un 92% de desaprobación ciudadana.
Lo curioso (o irónico, según se advierta) es que las personas que hoy exigen su renuncia son los mismos que no hacía mucho auparon y hasta justificaron el encumbramiento de Pedro Castillo al poder, además de las temerarias acciones que llevó a cabo en su efímero desgobierno en contra de los intereses de la patria (v.g. Decreto de Urgencia firmado por los entonces ministros Mirtha Vásquez y Pedro Francke, PCM y Economía, respectivamente, que propició un festín para los allegados del ilustre hijo chotano). Sí, polémicos personajes que pregonaron a los cuatro vientos durante la segunda vuelta electoral a las presidenciales de 2021 que “con Castillo tenemos dudas, con Keiko certezas”. Ahí tenemos, por citar dos ejemplos, a las parlamentarias Sigrid Bazán y Susel Paredes. La primera, sin aclarar el origen de su millonario patrimonio (cerca de US$ 500 mil); mientras que la restante nos dejó en “visto” cuando se le preguntó por las contrataciones de su “esposa” con el Ejecutivo del “prosor” por US$ 1 millón, así como las razones por las cuales ella misma fue beneficiada del programa “Reactiva Perú”.
Otro hecho singular, no exento de cuestionamiento, es la pretendida compra de 24 aviones de combate. En realidad, se trata de renovar parte de la flota de aeronaves, postergada desde hacía años. Sobre este punto, es irónico oponerse a dichas adquisiciones, en tanto que exigimos como sociedad a nuestros valerosos miembros de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional del Perú efectividad en la lucha contra el terrorismo y la delincuencia organizada.
Sin embargo, no todo lo que sucede al interior del gabinete Adrianzén es malo. Así, por un lado, proyecciones económicas arrojan un crecimiento cercano al 3%; en tanto que el próximo mes Lima será sede -por tercera ocasión- del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC).
Pero esto último no será suficiente para quienes exigen su inmediata dimisión; no obstante, ello, advertidos andamos, pues la Jefa de Estado acaba de repetirlo: “muchachos, nos quedamos hasta 2026”.
