En Moquegua, un total de 37 entidades públicas arrastran una deuda que supera los 223 millones de soles con sus empleados afiliados al Sistema Privado de Pensiones (SPP). Esta situación perjudica los fondos destinados a las pensiones de los trabajadores y obstaculiza la generación de rentabilidad a través de sus aportes.
“En los tres niveles de gobierno –nacional, regional y local–, hablamos de 37 entidades que descontaron mensualmente los aportes de AFP de los sueldos de los afiliados, pero no los depositaron en sus Cuentas Individuales de Capitalización”, indicó la presidenta de la Asociación de AFP, Giovanna Prialé.
La deuda más grande la tienen 14 entidades del gobierno regional, que asciende a más de 217 millones de soles.
Le siguen 21 entidades de los gobiernos locales, principalmente municipalidades. Estas suman una deuda de más de 5 millones de soles. Por último, se encuentran 2 instituciones del Gobierno Nacional, cuya deuda es de más de 592 mil soles.
“Es preocupante que estas entidades no hayan depositado los aportes de los afiliados. Han puesto en riesgo sus ahorros previsionales. Urge que las instituciones se pongan a derecho y una de las herramientas para hacerlo es el REPRO-AFP III”, señaló Prialé.
El REPRO es el régimen de reprogramación de pago de aportes previsionales. Actualmente, es la tercera vez que se habilita esta opción, con la cual se podrá devolver los aportes devengados y no pagados hasta el 31 de diciembre de 2022.
Este régimen permitirá que casi medio millón de trabajadores del sector público, entre pensionistas y afiliados, recuperen sus aportes y la rentabilidad que hubieran obtenido en caso de que los aportes hubieran sido pagados oportunamente.
Acogiéndose al REPRO, las entidades estatales no solo honrarán sus deudas, sino que también se beneficiarán con la extinción de multas, recargos e intereses. De esta manera, la deuda de la región Moquegua se reduciría en 95%, pasando de más de 223 millones de soles a cerca de 12 millones de soles, sin afectar los aportes de los afiliados y la rentabilidad que hubieran obtenido al haber sido depositados a tiempo.
Además, las instituciones podrán solicitar la suspensión de los procesos de cobranza judicial iniciados por las AFP debido a las deudas acogidas a este régimen. Las entidades podrán presentar su solicitud de acogimiento hasta el 28 de febrero de 2024.
