POR: VICENTE ANTONIO ZEBALLOS SALINAS
De ser una propuesta electoral pasó a convertirse en una decisión política del actual Gobierno, al ratificarse el envió de un proyecto de reforma constitucional, que habilite la convocatoria a Asamblea Constituyente que, dicho sea, aún no se remitió documento alguno, y se evidencian posiciones contradictorias al interior del mismo Gobierno.
Uno de los argumentos más reiterados es que la Constitución de 1993 es ilegitima, inmoral, nacida de un golpe de Estado, estuvo predeterminada a intereses subalternos, perfectamente válidos; sin embargo, su legitimación posterior, su legitimación de ejercicio le ha dado “musculo democrático”, son cerca de seis lustros de vigencia, que no la reducen a su formulación primigenia, su desarrollo legal y especialmente jurisprudencial del Tribunal Constitucional, definieron y concretaron sus dimensiones y alcances, con una prolija labor interpretativa.
En su oportunidad el Tribunal Constitucional se pronunció señalando que el Congreso en cuanto poder constituido, no puede aprobar una Constitución distinta, esta atribución solo puede ser ejercida por el Poder Constituyente, y ese poder le corresponde al pueblo, pudiendo ser a través de una Asamblea Constituyente o mecanismos de referéndum; en consecuencia, el Congreso sólo puede acudir a reformas parciales.
Es pues, el poder constituyente el creador de ese nuevo orden jurídico y político, a través de una constitución; representa la autoridad política del pueblo, recoge los ideales de una sociedad para crear, determinar y definir el ordenamiento constitucional que considere necesario. Si bien, desde una posición académica, el poder constituyente ejercita una soberanía absoluta e ilimitada, no es menos cierto que aun decidiéndose por revisar integralmente la Constitución, ello no implica una reforma total o integral, por los “límites materiales implícitos como la dignidad del hombre, la soberanía del pueblo, el Estado democrático de derecho, la forma republicana de gobierno y en general, el régimen político y la forma del Estado”, que conforman el núcleo caracterizador de toda constitución.
El momento constituyente emerge de un hecho político trascendente, con una manifiesta, pública y masiva participación ciudadana -cuasi unánime-, que reclaman y proponen profundas transformaciones, obliga a transmutar “las demandas sociales en cambios institucionales”, es decir la piedra angular del estado social y democrático: su Constitución. El debate, no es nuevo, se instituyó en mayo del 2001 la Comisión de Estudio de las Bases de la Reforma Constitucional creada por el presidente Valentín Paniagua, y se consideró en su informe final como posibilidad el convocar a Referéndum y Asamblea Constituyente. El proceso chileno, puede ser un referente, no obstante, debemos precisar que fueron determinante los acuerdos y consensos, de la clase política y la sociedad civil para impulsar y concretizar su proceso constituyente, ya esta en plenas actividades su Convención constituyente; destacándose una mayoritaria representación distante de los tradicionales partidos políticos.
¿Estamos en un momento constituyente? Las últimas elecciones de segunda vuelta electoral, evidenciaron un país cuyos ciudadanos estas divididos casi en partes iguales y en posiciones frontales, proclives al desencuentro. No se percibe consonancia de criterios, identidades conceptuales o expectativas constituyentes en los espacios políticos, académicos, ciudadanos o mediáticos.
Desde la parte institucional nos encontramos con un parlamento fragmentado, un ejecutivo con flaquezas, evidencias y amenazas de confrontación de poderes. Es decir, no hay un escenario propicio, alentador que pudiera hacer prosperar esta iniciativa. Una norma constitucional de tal calidad y dimensión política-jurídica requiere del más amplio consenso, que la coyuntura no lo propone. Es estas circunstancias, es más insumo de polarización. Sin embargo, estas limitaciones de contexto, no tiene por qué privarnos de una amplia discusión, debida información, debate constructivo, “los peruanos nos debemos esa conversación”. Generar el necesario escenario para la mayor legitimidad de una Asamblea Constituyente, es la agenda pendiente en nuestro Bicentenario.
La pandemia ha desnudado nuestras limitaciones como sociedad y Estado, problemas estructurales que por décadas no fueron focalizados y atendidos, un país desigual, una administración escasamente competente, una economía al albedrio, donde los principios de igualdad y solidaridad reclaman su natural espacio en la toma de decisiones. Una nueva Constitución, no necesariamente va a resolver los problemas del país, va a ayudar indiscutiblemente, pero el mayor peso y responsabilidad depende de su clase política dirigente y de un auténtico ejercicio de ciudadanía.