La ministra de Educación, Magnet Márquez, informó que el Poder Ejecutivo transfirió S/ 1,200 millones a los gobiernos regionales para el pago de sentencias judiciales, en calidad de cosa juzgada o deuda social, a un total de 102,529 docentes, cesantes, jubilados y trabajadores administrativos del sector Educación.
Explicó que la lista de beneficiarios ha sido elaborada en función de los criterios establecidos en la Ley N° 31728 y que permitirá el pago de hasta S/ 30 000.
Márquez indicó que el decreto supremo N° 113-2023-EF, publicado hoy en el diario oficial El Peruano, autoriza la transferencia de los recursos a los gobiernos regionales para efectuar los pagos de acuerdo con el listado priorizado.
Esta lista es elaborada por los comités permanentes del pliego nacional y regionales, y aprobado por la Comisión Multisectorial Evaluadora, conformada por representantes del Ministerio de Economía y Finanzas y el Ministerio de Justicia.
Asimismo, Márquez dijo que para saber si son beneficiarios de este pago, los docentes deben ingresar al siguiente enlace: minedu.gob.pe/reforma-magisterial/financiamiento.php, acceder a la lista nominal y realizar la búsqueda con el número de su documento nacional de identidad (DNI).
Anotó que los pagos están a cargo de las unidades de gestión educativa local y direcciones regionales de Educación, y se realizarán a fines del mes junio.
La ministra señaló que el pago de la deuda social es posible luego de la repriorización del presupuesto institucional del Ministerio de Educación, que adicionó 1,000 millones de soles (Ley N° 31728) a los 200 millones aprobados en la Ley N° 31638, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2023.
Con ello, se estima que el monto de la deuda social se reduce en un 16 % y se cumple lo anunciado por el presidente de Consejo de Ministros, Alberto Otárola.
El Minedu recuerda que la deuda social se origina por diversos conceptos, entre ellos, la bonificación especial mensual por preparación de clases y evaluación, el desempeño en el cargo y la preparación de documentos de gestión, la asignación por años de servicios y los subsidios por luto y gastos de sepelio.