POR: VICENTE ANTONIO ZEBALLOS SALINAS
Fue un proceso lento, inalterable, que en ningún momento dio señales concretas de viraje, una seguridad pasmosa hacia el despeñadero, sus propias contradicciones, indecisiones e inconductas, nos permiten encontrarnos con la figura presidencial en la más absoluta soledad; con toda la trascendencia de autoridad con que se cuenta, con el poder propio del importante cargo y el liderazgo que se facilita desde esa posición, fueron insuficientes para permitir encontrarnos con un estadista o por lo menos en perspectiva de construirse.
Y cuantas puertas desprendidas se abrieron, se cerraron prestas y abruptamente, en la ciega soberbia de la carencia de olfato político o la osadía de navegar en mares inhóspitos, pero absolutamente desconocidos.
La iglesia tendió su mano y un desplante agraviante tuvo como contestación; el Acuerdo Nacional, desde los forzados consensos, impulso un escenario para el diálogo, el ninguneo fue expresivo; un reclamado Consejo de Estado, fue atendido a destiempo y respondió con calculadas ausencias. Y pareciera entenderse, que la legitimidad renuente quiere construirse desde el interior del país, apelando a los infructuosos Consejos de Ministros Descentralizados, que, si bien sirven como espacio comunicacional, poco aportan en el fortalecimiento de la gestión y gobernabilidad.
En el lejano invierno del 2017, un oscuro dirigente sindical, contrapuesto al histórico SUTEP, se colocaba en la palestra, asumiendo banderas reivindicativas en defensa de los “maestros del Perú”, con una inusual resonancia pública, articulando una organización de carácter nacional, despertando sensibilidad y solidaridad en la opinión pública, mantuvo en vilo por prolongadas semanas al gobierno de Pedro Pablo Kuczynski; con las limitaciones propios de un insurgente movimiento nuevo, hizo sentir sus reclamos, convocatorias asiduas a los medios de comunicación, inagotables ruedas de negociación con el MINEDU, tuvo “maña” para coordinar acciones con la propia fuerza política opositora al gobierno de entonces, el fujimorismo; si bien no suscribió formalmente acta alguna, el desgaste de la gesta fue advirtiéndole de un medido retiro de aquella lucha sindical.
Sin embargo, las consecuencias políticas fueron determinantes, la interpelación a la ministra de Educación Marilú Martens, y la posibilidad de censura, animaron al Gobierno, en particular al primer ministro Fernando Zavala a proponer cuestión de confianza a favor de la política educativa y de su ministra, la cual fue denegada, y propició la primera caída de un Gabinete, que más adelante, sustentaría la disolución del Congreso. Paradojas del incierto destino, en esos mismos dilemas políticos, se encuentra el ayer sindicalista, hoy presidente.
No obstante, estas referencias nos motivan necesarias interrogantes: dónde está el líder sindical que supo aglutinar masas, dónde está el líder sindical que de la nada estructuró una organización nacional, dónde está el líder sindical que dio identidad y reivindicó un gremio sobrecargado de adjetivaciones políticas.
En la forma de gobierno en que está inmersa nuestra institucionalidad, es fundamental un bastión representativo en el congreso y lo tuvo, más allá de las marchas y contramarchas del “vientre de alquiler”-como así se muestra Perú Libre-, sin renunciar a su autoridad pudo generar una mayor cohesión que facilite su conducción de gobierno y optó por la política de prebendas, que más temprano que tarde exigiría mayores cuotas de poder. Acaba de decidir y formalizar su forzada renuncia. Y en la misma circunstancia, algunas agrupaciones de izquierda, tendieron puentes de comunicación y articulación para desde una uniforme posición ideológica facilitar la gobernabilidad, con puntos de encuentro gravitantes en la agenda de prioridades políticas, corto noviazgo que culminó con golpe de puerta, tan sonoro que hoy sólo encuentra mutuos reproches y acusaciones.
Fue gravitante el voto anti-Keiko, pero no decisivo, para que finalmente logré el éxito electoral Pedro Castillo; asumir lo contrario es darle una bofetada a una ciudadanía que apostó por una alternativa nueva, que exprese voluntad de romper con los caciquismos políticos encasillados en las penumbras del poder, por una oportunidad que implique cambios sustantivos ante esa desnudada realidad de Estado que nos mostró la crudeza de la pandemia.
Y ante la evidencia de la inestabilidad, desaciertos de gestión, la improvisación y una galopante corrupción, no hace más que propiciar hartazgo, decepción. Surge ese espíritu crítico al reclamo colectivo, ayer la repartija, la SUNEDU, la ley pulpín, la remoción de fiscales, la asunción de Merino y tantos otros, propiciaron una original y esperanzadora movilización ciudadana, especialmente de jóvenes; hoy el Congreso, tira por la borda la escasa institucionalidad lograda, libera irresponsablemente de acusaciones constitucionales a altos funcionarios, se empecina en legislar arbitrariamente; y a su lado, el gobierno nacional, inmerso en una inflación de desaciertos. Es desde las propias estructuras del Estado que alimentan la desazón y la apatía política, que complejo resulta convocar al ciudadano ante la arremetida agresiva de las huestes políticas del status quo.
En el Congreso se viene jugando una auténtica partida de ajedrez político, donde cada pieza y movimiento tienen un particular peso. Una oposición consolidada se permite conjugar los tiempos y sus decisiones, avanza hacia la inhabilitación de la ministra y vicepresidenta Dina Boluarte y con ello agotar la fórmula presidencial.
Aún pendiente una acusación constitucional contra el presidente Pedro Castillo, la Comisión de Fiscalización acaba de aprobar su informe final, que debe ser sustentado ante el pleno del congreso esta semana, donde se recomienda formular acusación constitucional contra el presidente, en perspectiva de destituirlo, más allá de las discusiones técnico-jurídicas, está la intención política.
En otro escenario, la nueva Fiscal de la Nación Patricia Benavides a ratificado la decisión de su antecesor de investigar al presidente Castillo, que ha sido convalidado en primera instancia por el Poder Judicial.
La gobernabilidad del país tiene protagonistas y responsables principales que son el Ejecutivo y el Congreso, ahí está el caso del inubicable ex ministro Juan Silva, interpelado por el Congreso, no hubo censura alguna, pese a las evidencias de responsabilidades políticas y denuncias graves de corruptela, una manifiesta condescendencia.
En el desenlace en que nos encontramos, sin que signifique excluir responsabilidades que tendrán que deslindarse oportunamente, corresponde acelerar un proceso de reformas constitucional integrales, que considere ineludiblemente habilitar un proceso de elecciones generales, que comprenda Presidenciales y congresales. Lo tenemos claro, el parlamento se ha estado cuidando en demasía de esto último.
Sin embargo, es la ciudadanía ante este vacío de autoridad y definiciones, que no puede renunciar a una auto convocatoria tan urgente y necesaria, por el efecto en nuestra propia gobernabilidad y sostenibilidad democrática. Allí está, deambulando en nuestro circunstancial desgano, nuestro reto y compromiso mayor que sea nuestra respuesta colectiva por el Bicentenario, que se vayan todos.