POR: VICENTE ANTONIO ZEBALLOS SALINAS
La semana pasada se cerraba con la noticia de la intervención en la Universidad Mayor de San Marcos, esta semana con la primera víctima en la capital, en el contexto de las movilizaciones sociales, si bien ahora centralizadas en Lima, estas no cesan al interior del país, ya no es sólo la incertidumbre sino la parsimonia pasmosa, calculada de quienes tienen la obligación de dar soluciones frente a los reclamos ciudadanos y sencillamente renuncian a asumir responsabilidades, en tanto el país se desangra, se confronta.
El reclamo cuasi uniforme es la renuncia de Dina Boluarte, elecciones generales y asamblea constituyente; desde el congreso se respondió aprobando el adelanto de elecciones para Abril del 2024, tratándose una reforma constitucional tendría que ser ratificado en una segunda legislatura, en la sensación de que esta decisión acallaría las protestas ni remotamente lo lograron, por el contrario se soliviantaron los estados de ánimo, radicalizándose las protestas y la propia conducta del Ejecutivo, ya no sólo adjetivándolas sino haciéndose más efectistas sus acciones.
Por iniciativa del presidente de la Comisión de Constitución, con el apoyo de su bancada Fuerza Popular, se planteó una reconsideración a dicha votación, que luego de ser admitida no logró los votos mínimos requeridos, ni siquiera para poder pasar a un referéndum; por consiguiente, estamos peor que antes, porque legalmente ya ni siquiera está en las materias aprobadas el adelanto de elecciones para el 2024, si bien se ha planteado una nueva reconsideración que deberá votarse hoy lunes, de aprobarse motivará que se someta a votación nuevamente el adelanto de elecciones para este año, que cuenta con el aval técnico del sistema electoral, sacrificándose algunos institutos que mejorarían el proceso de elección de los representantes.
Podría leerse que, en el Congreso para tomar decisiones, se conjuga con las reacciones ciudadanas, recordemos el caso del congresista Freddy Díaz, acusado de violación contra una trabajadora de su despacho, cuando se consideraba inminente su desafuero, no se logró los votos y ante un generalizado rechazo ciudadano se planteó una reconsideración y recién en esta nueva oportunidad se logró el merecido desafuero.
En la imprevisibilidad congresal, nos encontramos con tres supuestos: uno, que no se admita la reconsideración o que no se logren los votos mínimos para el adelanto de elecciones, no hay elecciones generales el 2024 menos para el 2023; dos, que se logren los 87 votos para el adelanto de elecciones 2023, esperando que en la legislatura próxima-con la necesidad de que se adelante- se ratifique; tres, que se logre el adelanto de elecciones pero sólo con 66 votos que implicaría convocar a referéndum, tal como lo establece el artículo 206 de nuestra Constitución.
La presidenta Boluarte manifiesta que las responsabilidades en las decisiones las tiene el Congreso, quien tiene que aprobarlas siguiendo los procedimientos de reforma constitucional, cuando perfectamente ella, en los niveles de autoridad que representa, está en la aptitud política de exigir, de conminar al congreso a proceder a la aprobación del adelanto de elecciones, aquí no cabe la argumentación del quebrantamiento del principio de separación de poderes, porque nos encontramos en una situación de crisis política, de intranquilidad social, de desorden y pérdida de autoridad, con acelerada deslegitimación de las instituciones.
Sin embargo, cabe una oportuna pregunta, si la agenda de reclamos se centraliza en la renuncia de Dina Boluarte, elecciones generales, ¿las movilizaciones sociales se apaciguarán con el adelanto de elecciones? Creo que no, desde las primeras manifestaciones a hoy, las banderas reivindicativas se han consolidado y diría que se proponen como irrenunciables; desde el gobierno y el estamento público en general, no se ha hecho más que ahondar la brecha de desencuentros y perdida de legitimidad, con claro menoscabo de la autoridad presidencial.
Si la lógica se resume que se vayan todo y ya mismo, sin trastocar el marco constitucional, leyendo la apatía política parlamentaria, la autoexclusión de actores políticos, las dudas ciudadanas, el colapso institucional, los excesos policiales y ciudadanos, la normalización de los fallecidos-lo que nunca debió ocurrir-; la salida es política, una decisión gravitante que no es otra que la renuncia de Dina Boluarte a la presidencia, es difícil pero es la más ponderada en estas difíciles y complejas circunstancias, que tiene diversas implicancias: la más trascendente, es la convocatoria a elecciones generales.
Ahora, siguiendo la sucesión establecida en la Constitución correspondería que asuma la presidencia quien a su vez presida el congreso, y obviamente tendría que renovarse la mesa directiva, para facilitar el cargo a alguien que genere los mayores consensos no con sus pares parlamentarios sino con la ciudadanía, que se propone como un terreno difícil, por la firmeza de posición que ha asumido la derecha parlamentaria-así se autocalificaron-, aquí aún impulsará las decisiones la alerta ciudadana.
Este escenario de la renuncia implica, un acortamiento de los plazos, pero también una reingeniería constitucional-electoral; por un lado, la constitución sólo señala en su artículo 115 de convocatoria a “elecciones”, sin especificar si son generales o sólo presidenciales, no es un tema pacífico en la academia, nosotros nos inclinamos por entender que se trata de elecciones generales tanto presidenciales como parlamentarias, lo que motivará en su momento alguna precisión de carácter constitucional; aquí los precedentes no ayudan, el caso de Valentín Paniagua y de Francisco Sagasti, se dieron en contextos políticos diferentes.
El IEP Instituto de Estudios peruanos, publicó ayer su última encuesta, y si algo falta al momento político, es ésta percepción ciudadana del país en general, que nos permite visualizar objetivamente la dirección que toman los vientos políticos, la desaprobación ciudadana para indistintas autoridades se mantiene y con grave tendencia hacia abajo, lo que debemos destacar son tres ejes fundamentales en el contexto, el 73% de peruanos se inclinan porque las elecciones sean este año, el 74% que la presidenta Dina Boluarte debe renunciar y un 69% apoya el reclamo por una asamblea constituyente.
Es decir, que las protestas gradualmente se han posicionado en el sentir del común de los ciudadanos, y sin mayor contraste se va recolocando la asamblea constituyente. La terquedad y ceguera política está permitiendo que se cosechen estas respuestas; las instancias de gobierno, no pude ejercer funciones y responsabilidad de espaldas a esta realidad, aceptarlo así es renunciar a la esencia de una democracia.
El gobierno, si el de Dina Boluarte, acaba de disponer el cese de los miembros del Consejo Nacional de Educación, que en las últimas semanas se había pronunciado por al diálogo y la paz, como también observando lo acontecido en la UNMSM; a lo que el ministro de Educación Oscar Becerra respondió: “porque despotricaban contra el gobierno que les paga”, esta respuesta contundente, más allá de liberarnos de comentarios, nos describe que estamos introduciéndonos en una dinámica autoritaria, muy peligrosa.