POR: CÉSAR CARO JIMÉNEZ
No son buenos tiempos en líneas generales para el periodismo en cualquiera de sus variantes: escrita, televisiva, virtual, etcétera, pero sobre todo para la impresa, cuyas ventas disminuyen cada día: hoy ya no se lee como antaño, las noticias a la hora del desayuno…hoy se escucha las mismas “mascadas” en los noticieros televisivos o radiales que resaltan u orientan la opinión en el sentido que quieren los grandes intereses. Prueba de ello lo hemos tenido en la forma sesgada y “plañidera” como la gran mayoría de los medios informaron sobre el criticable y violento actuar de los comuneros de Tumilaca, Pocata, Coscore y Tala, que bloquearon el acceso al agua dulce proveniente de la laguna Suche, pero sin profundizar en la problemática, a tal punto que los conductores de muchos espacios radiales y televisivos tan solo se limitaban a leer los comunicados empresariales, creando un ambiente que quizás en otras circunstancias hubiesen propiciado una represión violenta y trágica, como sucedió en la década de los años 60. Felizmente ello no ocurrió y esperemos que continúe así.
Y para ello, el periodismo no debería publicar nada que pueda excitar el odio o provocar desesperanza, o achacar “patriotismo” a la defensa –legitima, por cierto–, de un espacio laboral y salarial privilegiado. Espacio que en algún momento debe ser revisado, tanto en lo que respecta a las utilidades como a la rentabilidad empresarial, porque el canon por sí solo no repercute en la economía de la inmensa mayoría de los peruanos que son los legítimos dueños de la riqueza que alberga el Perú, riqueza que hoy en día, como también ocurrió en su momento con el guano, solo beneficia, aparte de a la empresa concesionaria, a un grupo social y a los trabajadores directos.
Sin embargo, nuestro periodismo y nuestros periodistas prefieren, –no sé si por miedo, por interés o banalidad–, no profundizar en los temas. Si lo hicieran ser percatarían, por ejemplo, que el mayor mérito que tiene la inversión extranjera en la minería es traer capital fresco, tecnología, organización y mercados, pero que el capital posteriormente una vez que comienza a producir la mina por el mecanismo denominado “depreciación acelerada”, pueden descontarlo en un promedio del 20% anual de los impuestos, o sea que en buen castellano que el Estado acaba en el fondo financiando la construcción. Y si bien es cierto que, en el caso peruano, el privado es mejor administrador, ello no implica que deba ser 100 % propietario de las concesiones mineras. Me atrevo a pensar que una cifra adecuada podría ser del 55% para el privado y el resto para el Estado y la Región. (¿Qué se irían algunas empresas? Lo dudo considerando su alta rentabilidad, que en el caso de la SPCC está en promedio bordeando el 30%).
Y en cuanto a que todas las empresas están protegidas por “Contratos Ley” que creo que somos el único país que los tiene en base a la Constitución actual, cabe decir que las normas, cualesquiera que sean estas no son dogmas intangibles y eternos. Están sujetos como todo acto humano a cambios y modificaciones bien por repercusiones sociales, tecnológicas, económicas y/u otras, caso contrario seguiríamos siendo colonia de España.
Y para muestra un botón, bastante conflictivo o cuanto menos álgido y preocupante: se aduce que la actual Constitución solo puede ser modificada de acuerdo a los mecanismos que la misma prevé. Pues bien: si retrocedemos a la Constitución de 1979, encontramos que el Artículo 307 a la letra señala: “Esta Constitución no pierde su vigencia ni deja de observarse por acto de fuerza o cuando fuere derogada por cualquier otro medio distinto del que ella misma dispone. En estas eventualidades todo ciudadano investido o no de autoridad tiene el deber de colaborar en el restablecimiento de su efectiva vigencia”.
