POR: VICENTE ANTONIO ZEBALLOS SALINAS
Va un ministro al Congreso y no explica el porqué del rompimiento de relaciones diplomáticas con Irán; otro, de manera torpe, suelta la grosería “huevadas”; quien debería asumir los temas jurídicos ningunea a los autores de la norma y expresa que el Código Procesal Penal fue elaborado por abogados litigantes; y el de mayor experiencia pública y privada, José Antonio Chang, de la cartera de Educación, asumiendo una posición personal, manifiesta su desacuerdo con la creación de nuevas universidades públicas, cuando su bancada parlamentaria las alentó. El ministro de Defensa… y tantos más. Evidencias claras de ausencia de lineamientos políticos coherentes: cada quien asume sus responsabilidades con criterios cuasi personales, las reuniones del Consejo de Ministros se muestran como pantomima, la improvisación como particularidad y un gobierno que se muestra a la deriva, sin un norte claro.
UN GOBIERNO SIN RUTA CLARA
Desde la Presidencia, más allá de las actuaciones formales del cargo, no acaba de transmitirse liderazgo ni, mucho menos, la ruta que emprenderá en la conducción del país. No es extraño recoger, de distintos analistas, la decepción de sus primeros días, carente de una agenda pública de mediano y largo plazo en la que se pudieran recoger atisbos de su gestión.
Lectura similar tienen los ciudadanos, quienes, a través de encuestas, manifiestan su creciente desaprobación. Su primer mensaje al país sembró algunas ideas, pero luego la presentación del presidente del Consejo de Ministros ante el Congreso para exponer su política general fue básica, como si escondieran sus reales prioridades. Un poco más calculada, pero igual de insulsa, fue la presentación del ministro de Economía y Finanzas al momento de sustentar el proyecto de presupuesto 2027.
Keiko Fujimori, debemos entender, no es una política improvisada: fungió de primera dama, fue congresista y lideró un partido político que durante quince años estuvo en la oposición, papel en el que fue determinante su actuación para llevarnos a una inestabilidad política permanente. Y, sin embargo, hoy se muestra ausente en su liderazgo, la cosa pública rebasa sus capacidades de respuesta, un ministro se le va poco después de asumir el cargo y la violencia en las calles sigue cundiendo, sin dar señales de empoderamiento y correctivos.
SENADO Y DIPUTADOS
Las dudas de los primeros días sobre la composición variopinta de las cámaras de Senadores y Diputados y la posibilidad de hacer alianzas se fueron aclarando. La natural alianza entre fujimoristas y Renovación Popular, y un no tan inesperado voto de la oposición, permitieron que la Mesa Directiva del Senado sea presidida por Miguel Torres; en tanto que, en Diputados, al fin de cuentas se alineó toda la oposición, incluso el dubitativo Buen Gobierno, para lograr la conducción de su directiva.
Y es importante el espacio directivo, muy al margen de sus funciones administrativas, porque desde allí se establecen las prioridades de la agenda legislativa y, obviamente, desde el Senado habrá una mancomunidad de intenciones: son el mismo Gobierno. No así en Diputados: es la oposición la que, en la responsabilidad asignada, tendrá por excelencia el control político.
Tal como estábamos notificados, la nueva estructura parlamentaria tiene diferenciadas competencias para cada cámara. Recogiendo la antigua calificación, el Senado es la Cámara de la reflexión y Diputados, la Cámara política por excelencia.
Y es por ello que, en este primer tramo de sus respectivas actividades, se destaca más el rol de Diputados con las mociones de interpelación. Acaba de presentarse el ministro César Astudillo para responder un pliego de preguntas sobre seguridad y criminalidad en el país; asimismo, se ha interpuesto una denuncia constitucional contra el defensor del Pueblo.
El pedido de facultades legislativas solicitado por el Gobierno viene colocando la labor de Diputados en un escenario expectante. Les corresponde aprobarlas o no, incluso acotarlas, y en ello el Gobierno ha puesto toda su artillería política. Los procedimientos legislativos marchan lento, lo que da argumento al Gobierno para justificar su inoperancia, cuando, en los supuestos constitucionalmente permitidos, puede apelar a decretos de urgencia y, sobre todo, impulsar políticas desde su ejercicio de autoridad. Aquí, el Senado, como segunda cámara, aún no asume protagonismo.
SEPARACIÓN Y EQUILIBRIO DE PODERES
Nuestro marco constitucional se sostiene en el principio de la separación de poderes, que no debe ser entendido solo como funciones propias para cada uno, sino también como balance de poderes, que da cuenta de la “existencia de mecanismos de coordinación, de control recíproco y equilibrio entre dichos sujetos constitucionales”; y, no menos importante, la colaboración entre poderes, pues ambos órganos no son compartimentos estancos, sino parte de una misma institucionalidad estatal.
En tal sentido, si bien es muy necesaria la oposición parlamentaria para evitar toda actitud o decisión arbitraria que comprometa nuestra estabilidad democrática, esta debe ejercerse sin afanes obstruccionistas o revanchismos, asumiendo con probidad y transparencia la labor que el voto ciudadano les asignó.
CONDICIONES PARA GOBERNAR
Estos primeros meses nos permiten encontrarnos con un gobierno que tiene todas las condiciones para ejercer con holgura sus funciones. No hay un Parlamento que lo acorrale políticamente, que indisponga a sus ministros, que tenga el mazazo de la censura en el orden del día o que apruebe iniciativas legales que contrarresten las políticas de gestión.
Alegar que se encontró una administración desastrosa y con leyes que afectan la estabilidad financiera suena más a justificaciones, pues esas observaciones son las que ellos mismos impulsaron en los gobiernos anteriores. Y no es exagerado decirlo: póngase a gobernar, señora Fujimori; los días pasan pronto.
EL ROL DEL CONGRESO
El Congreso viene asumiendo un rol cauto. Tiene sus propias responsabilidades. En lo urgente, debiera ya impulsar la revisión de las denominadas “leyes procrimen” que gestiones anteriores irresponsablemente dictaron, como también elaborar y socializar su agenda legislativa, que permita legitimar su actuación, colocando en discusión materias muy descuidadas, como el régimen previsional y la descentralización.
Y ante la pasividad que muestran algunos ministros respecto de los problemas del país, asumiendo control político, deben llamarlos a informar para despertarlos de su letargo y que puedan actuar y decidir con oportunidad.
Sin renunciar a sus competencias, pueden impulsar acciones de control político, especialmente respecto de determinados órganos, como la Junta Nacional de Justicia (JNJ), que viene decidiendo la remoción de diversos magistrados, con manifiesta connotación política, lo que ahonda la brecha de desafectación ciudadana.
