POR: ABOG. JESÚS MACEDO GONZALES
La semana pasada se conoció otro caso de presunta agresión sexual contra un adolescente de 16 años del Liceo Naval Almirante Guise, ocurrida, según la investigación en curso, durante el traslado de estudiantes después de una actividad deportiva. Diez escolares se encuentran involucrados en las diligencias fiscales. La Marina de Guerra del Perú dispuso, además, la separación de la directora, un docente y el entrenador de fútbol mientras se esclarecen los hechos.
Pero aquí hay que decir algo importante: no estamos hablando solamente de un colegio ni de un caso aislado. En julio, la Fiscalía inició una investigación por la presunta violencia sexual contra un niño de 10 años en un colegio de Ate, identificándose a siete estudiantes de 11 años como presuntos involucrados. Asimismo, recientemente, una madre denunció que su hijo de 13 años, estudiante de un colegio de Jesús María, habría soportado durante años situaciones de bullying, incluyendo presuntos tocamientos indebidos, hasta el punto de dejar prácticamente de asistir a clases.
LA NORMALIZACIÓN DE LA VIOLENCIA
Frente a estos casos, cabe preguntarnos: ¿qué está pasando en nuestros colegios? ¿Qué están aprendiendo nuestros niños sobre el respeto al cuerpo del otro? ¿Qué hacemos los adultos cuando un niño nos dice que tiene miedo? ¿Y cuántas veces miramos hacia otro lado hasta que la violencia se convierte en noticia?
Porque el bullying no comienza necesariamente con un golpe brutal. Muchas veces comienza con una burla. Con un apodo. Con esconderle las cosas a alguien. Con tocarlo sin su consentimiento. Con excluirlo del grupo. Con grabarlo para humillarlo. Con compartir una fotografía. Con hacer circular un rumor. Y, mientras esto ocurre, alrededor puede haber veinte, treinta o cuarenta compañeros que saben lo que está ocurriendo. Uno agrede. Otro se ríe. Otro graba. Otro comparte. Otro sabe y calla. De esta manera, se va construyendo algo peligrosísimo: la normalización de la violencia. El silencio también puede terminar protegiendo al agresor y aislando todavía más a la víctima.
Por eso, cuando un niño llega a su casa diciendo “mamá, ya no quiero ir al colegio”, “me duele la barriga”, “quiero cambiarme de salón”, “todos se burlan de mí”, no deberíamos responder inmediatamente: “defiéndete, pues”, “son cosas de chicos”, “no seas llorón”. A veces, detrás de esa frase aparentemente pequeña, hay meses de sufrimiento.
EL DERECHO AL BUEN TRATO
Además, nuestro ordenamiento jurídico establece obligaciones claras al respecto. El artículo 3-A del Código de los Niños y Adolescentes reconoce el derecho al buen trato: niños y adolescentes deben recibir protección y una educación no violenta, en un ambiente armonioso y solidario. El artículo 4 protege su integridad moral, psíquica y física, así como su libre desarrollo y bienestar.
Del mismo modo, existe desde 2011 la Ley n.° 29719, Ley que promueve la convivencia sin violencia en las instituciones educativas. Esta norma establece obligaciones para prevenir y atender el acoso escolar. Los docentes tienen la obligación de detectar y comunicar hechos de violencia, intimidación y hostigamiento, y las instituciones deben registrar y atender estas situaciones.
Sin embargo, lamentablemente, he escuchado esta frase, en la que los docentes se victimizan diciendo: “es que a los alumnos ya no les puedes hacer nada porque, si no, vienen sus padres y se quejan”. ¿No será que hay docentes victimarios también y que entre ellos se protegen frente a sus propios actos de violencia? El docente siempre tendrá y debe tener la posibilidad de corregir sin violencia en el colegio, y eso no se hace con el silencio.
CONDORCANQUI Y LAS BRECHAS PERSISTENTES
Y si ampliamos la mirada, ni hablar del caso de Condorcanqui, en Amazonas, y de las niñas, niños y adolescentes indígenas awajún y wampis que durante años han enfrentado una gravísima problemática de violencia sexual. La Defensoría del Pueblo acaba de publicar, este 16 de septiembre de 2026, un informe que señala que, pese a algunos avances, los problemas estructurales persisten y continúan afectando a cientos de niños, adolescentes y sus familias. La Defensoría advierte graves brechas en el derecho de los adolescentes indígenas a recibir una educación segura y de calidad.
Ante esta realidad, debemos preguntarnos: ¿por qué algunas tragedias necesitan aparecer en televisión para que recién nos indignemos? Porque los derechos de una niña awajún que vive a varias horas de una ciudad tienen exactamente el mismo valor que los derechos de un estudiante de un prestigioso colegio de Lima. El Código no dice que el interés superior del niño funciona solamente cuando hay cámaras de televisión. El artículo IX de su Título Preliminar obliga al Estado y a la sociedad a considerar el interés superior del niño y del adolescente en toda medida que los afecte.
EDUCACIÓN SEXUAL Y PREVENCIÓN
En este contexto, lamentablemente, en mayo de este año el Ministerio de Educación derogó los Lineamientos de Educación Sexual Integral aprobados en 2021 y los sustituyó por los nuevos “Lineamientos para la Educación Sexual con base científica, biológica y ética”. Quizás el problema sea que se tiene miedo a hablar de sexualidad y que un cuerpo no es un territorio que cualquiera puede tocar.
Por ello, proteger a nuestros niños y adolescentes no comienza cuando llega el caso a la Fiscalía o sale la denuncia en televisión. Comienza cuando una familia escucha. Cuando un profesor no solo observa, sino también pone límites a la agresión; cuando un compañero no se ríe de la humillación; cuando un director denuncia en lugar de ocultar; cuando una institución educativa entiende que cuidar a sus alumnos es más importante que cuidar su imagen.
