La Comisión de Fiscalización y Control Interno del Consejo Regional de Moquegua puso bajo revisión la documentación que sustentó la designación de Lizbeth Leandra Nina Humire en 2023, luego de que Recursos Humanos informara que no ubicó la evaluación correspondiente a ese periodo y mientras se busca esclarecer cómo se llegó a consignar posteriormente 4 años y 4 meses de experiencia específica.
El presidente de la comisión, Ángelo Quilco Flores, señaló que la fiscalización pretende establecer qué experiencia tenía efectivamente acreditada Nina Humire antes de asumir el cargo, qué documentos fueron utilizados para verificar el cumplimiento del perfil y quiénes intervinieron en aquella evaluación administrativa.
Quilco explicó a Diario Prensa Regional que su labor está dirigida a establecer documentalmente qué perfil se encontraba vigente al momento de la designación, qué requisitos de experiencia general y específica debía cumplir la profesional, qué documentos fueron presentados para acreditarlos y qué funcionarios intervinieron en su evaluación.
El consejero precisó además que la fiscalización no parte de afirmar que exista un “legajo perdido”, sino de determinar qué documentación sustentó administrativamente la designación y dónde se encuentra actualmente.
RECURSOS HUMANOS NO UBICÓ EVALUACIÓN DEL 2023
Uno de los documentos que originó nuevas interrogantes es el Informe N.° 1818-2026-UFGRH-OSRA/GSRI-GR.MOQ, de fecha 17 de septiembre de 2026.
Según el documento, la Unidad Funcional de Gestión de Recursos Humanos realizó una búsqueda en sus archivos y no ubicó documentación referida a la evaluación de Lizbeth Leandra Nina Humire correspondiente al periodo 2023.
El mismo informe señala que se realizarían acciones administrativas adicionales para continuar la búsqueda en los archivos de la Sub Región de Desarrollo de Ilo. Para Quilco, este punto debe ser esclarecido.
El presidente de la Comisión de Fiscalización hizo una precisión que considera necesaria para evitar conclusiones anticipadas. Explicó que debe distinguirse entre el legajo personal de la servidora, la evaluación de cumplimiento del perfil y el expediente administrativo que sustentó la designación, debido a que se trata de documentación de distinta naturaleza.
“No estamos afirmando que el legajo personal se haya perdido. Lo que corresponde es determinar qué documentación existe, dónde se encuentra y cuál fue utilizada para sustentar la designación”, señaló Quilco.
En ese sentido, indicó que mientras continúe la revisión documental, lo técnicamente correcto es señalar que determinada documentación no ha sido ubicada o identificada, hasta establecer si se encuentra en Recursos Humanos, en los archivos de la Sub-Región Ilo o en otra dependencia.
LOS 4 AÑOS Y 4 MESES BAJO REVISIÓN
Otro punto que concentra la atención de la comisión es una evaluación de experiencia laboral en la que se consigna que Nina Humire acumulaba 4 años y 4 meses de experiencia específica.
Quilco señaló que la fiscalización pretende reconstruir cómo se obtuvo esa cifra: qué periodos fueron considerados, qué documentos respaldaron cada experiencia, qué funciones fueron reconocidas como específicas y qué metodología se empleó para efectuar el cómputo.
El objetivo central es determinar cuánta experiencia específica acreditaba la profesional antes de asumir el cargo en 2023, diferenciándola de aquella que adquirió posteriormente desempeñándose precisamente en la Oficina Sub Regional de Asesoría Jurídica.
La diferencia resulta fundamental porque los requisitos del puesto debían encontrarse acreditados al momento de producirse la designación.
FECHAS QUE TAMBIÉN DEBERÁN SER EXPLICADAS
Dentro de la documentación revisada aparece contabilizado como experiencia específica un periodo iniciado el 3 de enero de 2023, correspondiente al ejercicio del cargo de jefa de la Oficina Sub Regional de Asesoría Jurídica.
Sin embargo, la Resolución Gerencial Sub Regional N.° 003-2023-GSRD.ILO-UE/GRM establece que Lizbeth Leandra Nina Humire fue designada en dicho cargo a partir del 5 de enero de 2023.
La diferencia deberá ser contrastada con la documentación original que fue utilizada para efectuar el cómputo.
Por sí sola, esta diferencia de fechas no determina una irregularidad, pero constituye uno de los puntos que la Comisión de Fiscalización busca esclarecer documentalmente.
¿QUIÉN EVALUÓ EL CUMPLIMIENTO DEL PERFIL?
La revisión también comprende la ruta administrativa seguida para la designación. Entre la documentación analizada aparecen funcionarios que participaron en distintas etapas administrativas, entre ellos Edgar Saturnino Huiche Quiñones, Jaime Herrera Berolatti y Milagros Leonor Copa Medina.
La comisión busca establecer qué participación concreta correspondió a cada funcionario, qué documentación recibió o evaluó y quién determinó finalmente que la profesional cumplía los requisitos exigidos.
Quilco dejó establecido que la sola aparición de nombres en documentos administrativos no implica responsabilidad alguna.
La fiscalización pretende reconstruir, periodo por periodo, la experiencia general y específica contabilizada, las fechas correspondientes, las entidades que la certificaron y los documentos que respaldaron cada registro, verificando además si existen periodos simultáneos o eventualmente contabilizados más de una vez.
CASO MONROY, OTRO ANTECEDENTE BAJO EVALUACIÓN ADMINISTRATIVA
Nina Humire también ha sido mencionada recientemente en otro caso relacionado con la Sub-Región Ilo.
La trabajadora Eva María Monroy Mamani presentó ante el Gobierno Regional de Moquegua una denuncia por presunto acoso moral y hostigamiento laboral, en la que atribuyó a Nina Humire, entonces su superior inmediata en Recursos Humanos, haberle encargado actividades personales ajenas a las funciones para las que había sido contratada.
Frente a esa denuncia, la Gerencia Subregional de Ilo informó que inició el acopio de información y documentación y que los antecedentes fueron puestos a disposición de las instancias correspondientes.
Se trata de un procedimiento distinto y sus hechos deberán ser evaluados independientemente. Su mención constituye únicamente un antecedente sobre las actuaciones administrativas relacionadas actualmente con la funcionaria.
“NO ESTAMOS ADELANTANDO RESPONSABILIDADES”
Quilco sostuvo que el objetivo de su comisión no es anticipar responsabilidades, sino reconstruir documentalmente el procedimiento seguido en 2023.
“Nuestra función es fiscalizar. Queremos saber cuál era la experiencia específica acreditada antes de la designación, quién realizó la evaluación, qué documentos fueron considerados y cómo se llegó a consignar cuatro años y cuatro meses. Si todo estuvo correctamente sustentado, el expediente debe demostrarlo”, indicó.
Asimismo, señaló que si la documentación existe deberá ser ubicada y revisada; si fue transferida a otra dependencia deberá determinarse dónde se encuentra; y si falta algún documento que debió integrar el procedimiento, esa circunstancia deberá quedar igualmente acreditada.
La Comisión de Fiscalización continuará recabando documentación antes de emitir conclusiones y, de encontrar hechos que requieran la intervención de otros organismos, corresponderá ponerlos en conocimiento de las instancias competentes.
Para el consejero, la interrogante que permanece abierta es concreto: ¿qué experiencia específica tenía acreditada Lizbeth Leandra Nina Humire antes de ser designada en enero de 2023 y qué documentación permitió concluir que cumplía el perfil requerido para el cargo?
