POR: VICENTE ANTONIO ZEBALLOS SALINAS
Parafraseamos al escritor arequipeño Oswaldo Reynoso en su célebre novela, mirando las elecciones regionales y municipales del próximo 2 de octubre, en un contexto de incertidumbre política nacional, sumado a ello las impertinencias y arbitrariedades del Congreso, que pretende sesgar y direccionar-intereses subalternos- el proceso electoral ya en curso, al alterar las normas electorales que dan seguridad y predictibilidad a las justas electorales.
Esta vez ante la inacción del Ejecutivo que no promulgó ni tampoco observó, una verdadera lavada de manos, la autógrafa que dispone otorgar un plazo excepcional para la inscripción de candidatos y la ejecución de elecciones internas complementarias, sobre las que se acaban de realizar los pasados domingo 15, las elecciones internas de candidatos o delegados y, el domingo 22, las elecciones internas para candidatos por delegados, cuyos resultados podrían verse alterados, es decir, cambiar las reglas de juego a mitad de camino.
La actitud del Ejecutivo ha permitido que el propio Congreso por insistencia promulgue la ley 31482, y genere, una vez más, enfrentamientos institucionales que alimentan el desconcierto ciudadano, pues los órganos electorales (JNE, ONPE y RENIEC) se han pronunciado señalando que “las elecciones internas(ya realizadas) han desplegado todos sus efectos, por lo que, sus resultados necesariamente deben ser respetados, no hacerlo implicaría, cuanto menos, la vulneración de los derechos de igualdad en la participación política de quienes oportunamente participaron…la modificación del cronograma electoral y, la vulneración del principio de intangibilidad de las normas, el de preclusión, el de la no retroactividad de las leyes y el de seguridad jurídica”, respondiéndose desde el Congreso con la amenaza de una acusación constitucional por desacato al cumplimiento de las leyes, cual si el sistema electoral no tuviera habilitación constitucional de inaplicar leyes que contravengan la constitución como reiteradamente lo ha hecho, evidenciándose la prepotencia parlamentaria de imponer normas arbitrariamente sin respetar fueros.
Acudimos a este proceso con expectativa por la aplicación de nuevas reglas electorales, aunque acotadas a último momento, las disposiciones relativas a las “elecciones primarias” no se aplican, bajo el argumento de la pandemia, en otros lugares se desarrollaron sin mayores afectaciones y absoluta normalidad; más si son obligatorias, como así sucedió, las “elecciones internas” de los afiliados de las organizaciones políticas, pero bajo supervisión del sistema electoral; la exigibilidad de la denominada “paridad y alternancia”, estableciéndose que las listas de candidatos tanto para las propuestas regionales como municipales, deben estar integradas por el 50 % de hombres y el 50 % de mujeres, y la posición o ubicación de los candidatos en las listas debe registrarse de forma intercalada.
Sin embargo, viene generando inconvenientes la paridad horizontal, que debe darse para las candidaturas a gobernadores en la totalidad de circunscripciones en las que las organizaciones políticas presenten fórmulas, por cuanto no han cumplido con esta regulación, bajo riego de quedar excluidas. No obstante, lo que está dando la pauta electoral, es la participación de ex autoridades políticas que habiendo sido pasibles de sentencias condenatorias y cumplida su sanción, con la permisividad de distintos órganos y apegados a la forzada interpretación del “principio de participación política”, muy orondos y de manera provocadora, no solo frente a los electores sino frente a nuestra institucionalidad democrática, participan y recogen una singular atención en este retrogrado populismo en el que está inmersa la sociedad peruana.
La singularidad de estas elecciones regionales y municipales, y no solamente de las presentes, y muy a pesar de la exclusión de las organizaciones políticas locales, es que la gravitación del proceso gira en torno a los movimientos regionales independientes y no de los partidos políticos, impulsándose un debate más descentralizado interiorizado con la problemática de cada circunscripción, y esto responde a ese manifiesto distanciamiento de la política nacional, de los grandes temas país que se discuten en la centralizada lima, pareciera leerse del mensaje. Si se pretendiera encontrarse con unas elecciones plebiscitarias, que permitan a través del voto ciudadano escrutar su percepción respecto al gobierno nacional, ni remotamente se evidenciaría, el menguado partido de gobierno, ya casi inexistente a no ser por su pretensioso copamiento estatal, tiene una disminuida e inadvertida presencia.
Empero, en esta inagotable fuente de confrontación política en las altas esferas del poder, el cual se alimenta con el cotidiano y muy “sensible” quehacer mediático, se relegan los graves indicios de corrupción por malos manejos en las administraciones municipales y regionales, respecto a estos últimos son 24 los gobernadores regionales que son investigados, unos detenidos otros destituidos; los ilícitos más comunes son colusión, peculado, negociación incompatible, malversación y cohecho.
Cuando el Congreso decidió la reforma constitucional que imposibilita la reelección de estas autoridades el argumento fueron los graves hechos de corrupción, que a la fecha se mantiene inalterable. Ni que decir de los cerca de 2,000 municipios distritales y provinciales. Aún en esta difícil coyuntura económica y social, las economías subregionales percibirán importantes recursos por la sobredemanda de nuestras materias primas y especialmente el incremento de sus precios en los mercados internacionales, que les permitirán mayores ingresos por canon minero y regalías mineras, y lastimosamente, las datas oficiales dan cuenta que, a mayores recursos, mayores hechos de corrupción, postergando la oportunidad de desarrollo y atención a las demandas sociales. Corresponde a los electores apelar a su juicioso razonamiento para elegir con prudencia y responsabilidad; sucede que cuando concluyen las elecciones nos divorciamos de nuestras autoridades o ellas de nosotros, acusándoles de incompetencia, cuando fuimos los electores quienes decidimos por ellos, es la soberanía de nuestro voto determinante, corresponde hacerlo bien.
Ya no basta el carisma, la aptitud académica, la experiencia, ahora cuenta también la decencia política, la honestidad, la transparencia, el compromiso, la sensibilidad del candidato y su propuesta razonable para definir nuestro voto. A esto último, debemos ser exigentes en la evidencia y difusión de los planes y proyectos de gestión, que no sólo transparenten el ejercicio de la función futura, sino que el ciudadano esté involucrado, convocado y sensibilizado en un quehacer que redundará en su propio beneficio, que el ciudadano debe hacerlo suyo, defenderlo cuanto corresponda, pero más importante es que exija su cumplimiento, porque en el endosa la confianza de su voto, en el candidato y el compromiso de la propuesta.
Es la precisa circunstancia de romper con esa desazón participativa, donde parecieran haberse agotado nuestras formas democráticas, las elecciones no deben reducirse al acto del voto, es la puerta al imprescindible activismo político, un espacio de inducción ciudadana por fortalecer su entorno social a través de la institucionalidad que la enmarca. Aunque leve, guardamos la esperanza que en octubre retomemos la senda del desarrollo sostenible, tan necesario en nuestra alicaída democracia, donde el protagonista es el ciudadano elector.
