POR: DR. PHD. JAVIER FLORES AROCUTIPA
El Tribunal Constitucional (TC) con fecha 26 de mayo del 2020, emitió el Expediente 05436-2014-PHC/TC donde se declaró que hay hacinamiento en las cárceles peruanas. Y se convoca al Poder Legislativo, Poder Judicial y Poder Ejecutivo, entre otros, así como la participación de la sociedad en general para que elaboren un nuevo Plan Nacional de la Política Penitenciaria 2021-2025, con características de política de Estado, que deberá elaborarse en un plazo no mayor a 3 meses, desde la fecha de publicación de la presente sentencia, e incluir, de manera prioritaria, las medidas referidas en el fundamento 107.b de la presente sentencia.
Exhorta a que el Ministerio de Economía y Finanzas adopte las medidas necesarias para asegurar los recursos económicos que permitan dar cumplimiento a lo dispuesto en la presente sentencia.
En suma, el TC advierte que en el caso concreto de las personas detenidas o de las recluidas en establecimientos penitenciarios, el Estado peruano debe garantizarles que sean tratadas humanamente (principio del trato humano), esto es, con respeto irrestricto a su dignidad, lo que se manifiesta en la práctica en que puedan ejercer sus derechos fundamentales, distintos de la libertad, que no hayan sido restringidos, lo que a su vez es una condición necesaria para su reeducación, rehabilitación y reincorporación a la sociedad.
Casi 20 años después, en diciembre de 2018, la Defensoría del Pueblo emitió el Informe de Adjuntía N.° 006-2018-DP/ADHDP “Retos del Sistema Penitenciario Peruano: Un diagnóstico de la de mujeres y varones”. Al respecto nosotros hemos actualizado al 31 de marzo del 2020 que en los penales del Perú hay 97493 presos y solo capacidad para 40137 presos. Una sobre población de 143%.
Por otro lado, de acuerdo al INPE, más del 50 % a nivel nacional de las personas privadas de su libertad en establecimientos penitenciarios no estudian ni trabajan. Así también, según la información alcanzada a este Tribunal, el INPE, a setiembre de 2019, solo contaba con dos médicos psiquiatras a nivel nacional para los correspondientes servicios médicos de los reclusos; además, el INPE indicó que, a dicha fecha, no tenía información sobre la población con discapacidad a nivel nacional, refiriendo que los espacios que estas personas usan son “iguales” a los de la población en general; y, también, que tampoco se contaba con información sobre la población LGTBI.
El caso nos indica que el INPE al mes de junio del 2020 tiene como presupuesto de 935 millones de soles. Quiere decir que para atender a duras penas a 97 mil presos que en efectivo por albergues seria de 40137. Podríamos inferir que Para atender a 97 mil presos de manera adecuada el presupuesto debe ser de 2500 millones de soles. ¿¡¡?. ¿Y cómo serían si al 2025 tendremos 130 mil presos?
Ya el tribunal tomo posición sobre estado de cosas inconstitucionales, al respecto. Como se mencionó supra, en el ámbito penitenciario, este Tribunal ha tenido oportunidad de declarar estados de cosas inconstitucionales: i) con relación a las personas que padecen enfermedades mentales, dentro de las que se encuentran las personas sujetas a medidas de internación (Sentencia 03426-2008-PHC/TC); y ii) con respecto a la falta de diagnóstico y tratamiento de la salud mental de las EXP. N.° 05436-2014-PHC/TC TACNA C.C.B. personas que se encuentran internadas en los establecimientos penitenciarios del país (Sentencia 04007-2015-PHC/TC).
No obstante, este Tribunal también advierte que tales medidas no serán suficientes para combatir el hacinamiento en los establecimientos penitenciarios si es que no se ataca a la raíz del problema, esto es, el aumento indiscriminado de las penas, el uso excesivo de la prisión preventiva y, en suma, el populismo punitivo al que se recurre como pretendida solución a corto plazo de muchos de los problemas existentes en nuestra sociedad, los que solo podrán enfrentarse eficazmente con la realización, en la mayor pedida posible, de los valores constitucionales de justicia e igualdad, a los que la ciudadanía aspira alcanzar y los que, en consecuencia, el Estado debe promover incansablemente.
Por lo expuesto, el Tribunal Constitucional considera que existen razones suficientes para declarar un estado de cosas inconstitucional con respecto al hacinamiento de los establecimientos penitenciarios y las severas deficiencias en la calidad de su infraestructura y servicios básicos a nivel nacional.
LA ILUSIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
Desde el año 2009 al 2020 (en 12 años) el presupuesto del Poder Judicial se ha incrementado en 92% digamos el doble. Y 12 años después, ahora el TC pide que la realidad de los penales cambie al 2025.
¿Podrá ser posible ello? Bien difícil ¿Por qué? Primero el problema del Poder Judicial es la sobre carga procesal que tiene.
Hoy son más de 4 millones de expedientes. Los cálculos señalan que para resolver el problema requiere duplicar su presupuesto por más de 4 mil millones de soles. En el 2020, el presupuesto del Poder Judicial de 2169 millones resuelve 1.9 millones de expedientes al año. En el caso de los penales tenemos el mismo problema. Donde el sobre hacinamiento es del 139%.
Entonces solo con 2500 millones, tal vez, pueda solucionar el problema de albergue y servicios de básicos. EL INPE al 2020 tiene 935 millones de soles. Y decimos “tal vez” porque en los próximos cinco años (2025) debe haber 130 mil reos en cárcel.
Con lo cual hace imposible poder contar con 3300 millones de soles. En ese sentido el Poder Judicial necesitaría más de 6000 millones de soles que con la pandemia y la crisis económica de un decaimiento del PBI y del presupuesto se hace desde nuestro punto de vista imposible. Hay criterios que la caída de la economía del 12% de este año solo se podría recuperar en los próximos 10 a 20 años.
