POR; VICENTE ANTONIO ZEBALLOS SALINAS
Una década de gobierno, recogía desgaste, hartazgo, deslegitimidad, reforzado por la grave corrupción, quiebre de la institucionalidad, violación a los derechos humanos, un gobierno bajo el “formalismo democrático”, autoritario y en declive. Se fue a las urnas el 9 de abril del 2000, Alberto Fujimori postulaba a su tercer mandato Presidencial, con toda la logística y arrogancia de su despotismo; los primeros resultados: era derrotado por su principal contendor Alejandro Toledo, convertido en el líder más significativo de la oposición, ipso facto reaccionó su prepotente maquinaria, la ONPE revertiría dichos resultados, distintos observadores internacionales especialmente la OEA denunciaron graves irregularidades, fraude electoral.
En ese contexto, Toledo decidió no participar de la segunda vuelta electoral. El momento cumbre, fue la marcha de los cuatro suyos, días previos a la juramentación de Fujimori por su tercer periodo, la multitudinaria convocatoria y movilización, la sensibilidad despertada en todo el país, con presencia de delegaciones de cada Región, tuvo una razón: rechazo a la dictadura Fujimorista y el ilegal mandato de Fujimori; tuvo un protagonista especial: Alejandro Toledo.
Toledo encarnaba el giro político, la esperanza de cambio, de reconducirnos por la senda democrática, era el peruano exitoso, que retorna a su país y ponerse a su disposición, su escondido pueblo “Cabana” lo hacía parte del Perú profundo, el “niño lustrabotas” lo hacia el ciudadano formado de abajo, el “economista y académico” le daba aptitud y evidenciaba su esfuerzo. Despertó simpatía, expectativa, calando sin mucho esfuerzo en el sentir ciudadano, coincidiendo con la necesidad de romper con el statu quo que la coyuntura exigía, lo llevaría a la Presidencia de la República en el periodo 2001-2006.
Culminado su gobierno, y retornado a sus actividades personales, surgen las primeras denuncias sólidas en el 2013, a través de investigaciones periodísticas respecto al denominado “caso ECOTEVA”, denunciándose que su suegra Eva Fernenbug, compró en el 2012 inmuebles por cerca de 5 millones de dólares, con fondos de la empresa ECOTEVA, creada en Costa Rica; el Congreso de la República decide investigar, cobrando notoriedad y despertado interés en la opinión pública, siendo recordada su presentación y la de su esposa Eliane Karp. A estas alturas, los hechos y las evidencias, la información brindada por distintas entidades independientes, los escasos argumentos del contradictorio, sumándose las persistentes contradicciones del propio investigado, lo colocaban en una situación de graves responsabilidades.
Más adelante, en el 2016, se denuncia el pagó USD 20 millones a Toledo por la adjudicación de los tramos 2 y 3 de la carretera Interoceánica Sur, a instancia de las declaraciones de Jorge Barata, exdirector de Odebrecht en Perú, ante la Fiscalía.
En el verano del 2017, Alejandro Toledo sale del país, por última vez por propia voluntad, ahora deberá retornar en aplicación de la extradición solicitada por el Gobierno Peruano, y aceptada por las autoridades norteamericanas. La extradición es un instituto jurídico-político, en el que debe armonizar los ineludibles requerimientos jurisdiccionales con la aprobación del Gobierno, tanto para proponerla por el país requirente como para aceptarla por el país requerido.
El Gobierno peruano, planteó la extradición en mayo del 2018 y luego de seguir los procedimientos regulares, cada Estado es autónomo en su normativa interna, instancias y decisiones -no obstante, entre el Perú y EEUU existe un Tratado del 25 de Agosto del 2003-, cuidando de no afectar el debido proceso, que pudiera invalidarlo; cuidando las incidencias extrajudiciales, que pudieran dar pie al argumento de “persecución política”, como efectivamente lo estuvo alegando el investigado y su defensa. Aun cuando el Estado peruano contrató los servicios de un estudio de abogados, es el Departamento de Justicia de los EEUU, a través de los fiscales federales, quienes representan al Estado peruano ante la Jurisdicción Federal en las solicitudes de extradición.
El Juez Thomas Hixson, en la Corte Federal del Distrito Norte de California, luego de evidenciar que los hechos constituyen delito en ambos Estados, que el sustento está adecuado a norma, ha decidido que “existe una causa probable” y, por consiguiente, puede ser extraditado al Perú. Es importante precisar que la extradición concedida sólo responde al primer requerimiento, es decir al caso de los sobornos que pagó la constructora brasileña Odebrecht en Perú; en tanto, el caso ECOTEVA, cuya formalización recién en mayo pasado el Consejo de Ministros la aprobó, sigue su curso regular, que podría ampliar las causas para juzgarlo en el Perú.
Al no ser apelable la decisión del juez, puede interponerse un Habeas Corpus sobre la jurisdicción, validez y alcances del Tratado y la causa probable. Esta última si es apelable, lo que dilatará la presencia de Alejandro Toledo ante la justicia nacional. Indicábamos antes, que la extradición es jurídica y política, una vez que se cierre el circuito de la justicia ordinaria, deberá remitirse al Departamento de Estado, donde sostenido en valoraciones políticas -es discrecional- define. Y dadas las características del Gobierno de Joe Biden, consideramos que esa última decisión, será facilitar la extradición y entrega al Estado peruano del ciudadano Alejandro Toledo.
En su oportunidad, nuestros jueces actuando con imparcialidad, objetividad, sin tratos diferentes, administrarán necesaria justicia, dejando precedencia que la política es oportunidad de servicio, de entrega, compromiso, de mostrar alto civismo, impregnado de solidaridad con los ciudadanos que le entregaron la confianza de su voto, de su representación; la realidad es cruda, aún con graves diferencias y desatenciones sociales, los altos niveles de autoridad incurrieron en graves ilícitos, graves latrocinios, con impactos sobre la confianza democrática, sobre la legitimidad de nuestras instituciones. El caso Toledo, lamentablemente no es una materia aislada, y por esa misma razón debe actuarse con el mayor rigor, dentro del marco constitucional. Es una oportunidad de reconstruir los lazos entre los ciudadanos y sus instituciones, empezando por la administración de justicia.