POR: VICENTE ANTONIO ZEBALLOS SALINAS
Con la reanudación de las legislaturas ordinarias, quedando relegado el bochorno público del primer ministro, volvemos con las andanzas del Congreso, que a modo de sorna, en voz de una parlamentaria, se justificaban expresando que estas decisiones se conducen a ”fortalecer la democracia y el Estado de Derecho”; podríamos agregar a ello el recurrente argumento, que al ser un órgano elegido en las urnas por la soberana decisión de los ciudadanos, tienen toda la autoridad y legitimidad para impulsar las iniciativas, reformas, leyes que consideren pertinentes, soslayando premisas básicas en las que debe sostenerse: el principio democrático, la prudencia política, la razonabilidad, la ponderación, la lealtad constitucional. Esa suerte de libertinaje, en la que está enfrascado el legislativo, resultada tendencioso por no decir grosero, que disimulada y agresivamente viene socavando nuestra ya débil democracia. El politólogo Alberto Vergara, en reciente apunte, señalaba, que “en el Perú a todo el mundo le interesa el derecho. Y a nadie la justicia…El que no le saca la vuelta a la ley perderá ante quien sí lo hace. Se institucionaliza la des-institucionalización”.
El cobarde revanchismo político, carente de un mínimo de rubor por siquiera construir un sólido argumento, ha cobrado esta última semana la destitución de dos integrantes de la Junta Nacional de Justicia, y cuyas secuelas no se agotan en su copamiento sino en la perspectiva de manosear la elección de los jefes de la ONPE y RENIEC, cuyo periodo vence este 2024, y que, como parte del sistema electoral, asumirán la responsabilidad del proceso eleccionario general 2026. De este sistema, forma parte el ente rector, cual es el JNE, cuyo presidente Jorge Salas Arenas, hace buen tiempo atrás está en la mira de los pendientes políticos, con sendos procesos de acusación constitucional, e irónicamente bajo el primigenio cargo del “fraude electoral”, cuando hoy es claro el contubernio entre ganadores y perdedores de aquellas elecciones. Un Tribunal Constitucional, elegido a la imagen y semejanza del poder político, con manifiesta renuncia a la defensa de nuestro orden constitucional, con decisiones propias de las mezquindades políticas, propenso al oportunismo y las componendas de sobrevivencia. Una Defensoría del pueblo, cuya máxima autoridad fue elegida sin rigor alguno, es la negación de la defensa de los derechos constitucionales y fundamentales de la persona y la comunidad. El Ministerio Público, que luego de evidenciarse su instrumentalización para acosar a los oponentes políticos, renunciando a su autonomía, intenta a regañadientes recomponer su independencia; apegado a un Poder Judicial, autoexcluido en su afán de desapercibimiento, que implique él no me toquen, soslayando su posición institucionalista.
Esta es pues, de manera descriptiva, el estado de la cuestión, donde nuestros principales órganos constitucionales están acosados por el poder político parlamentario, instituyéndose un poder fáctico, que orienta sus decisiones, destruyendo los atisbos de objetividad en sus funciones, explosionando las manifestaciones de independencia y manipulando a su antojo, bajo la podredumbre de sus mezquinos intereses, nuestra incipiente institucionalidad democrática.
Aquí no cuenta el gobierno de Dina Boluarte, más grave aún, es poco lo que se puede decir, porque ha declinado en favor de su vecino de la plaza Bolívar el ejercicio del poder político, para solventar su propia sobrevivencia, convirtiéndose en un auténtico maniquí político, aun sin considerar su escasísima aceptación ciudadana. Y nos encontramos, con un Parlamento empoderado, allí no hay un liderazgo que pueda atribuírsele la conducción de estas arremetidas antidemocráticas, más bien nos encontramos con una representación atomizada, desordenada, con nula visión de desarrollo, distante de impulsar políticas públicas, haciendo esfuerzos ni siquiera encontramos propuestas programáticas, posiciones ideológicas; lo cierto es que en ese pandemónium, en que se ha convertido esta entidad, las decisiones se toman por intereses de grupo, por pago de favores políticos, por sumas y restas que puedan estar avalando algunas iniciativas, no vale esforzarnos, aquí cunde el desorden, la minucia, el desdén y sobre todo, la ceguera política y los mayores esfuerzos por llevarnos al ocaso democrático.
Y el paciente, allí siguió muriendo. El Índice de Democracia de The Economist, nos califica como un régimen “híbrido”, donde confluyen rasgos autoritarios con democráticos, distante de la categoría de democracia imperfecta que perdimos el 2022; a su vez, según el Informe anual sobre la democracia 2024 publicado recientemente por el Instituto V-Dem, somos una democracia electoral con episodios de autocratización, estando dentro de los 42 Estados en proceso de declive democrático.
Algo más cercano a nosotros, una encuesta levantada entre el 18 de enero al 05 de febrero del 2024, encargada por IDEA Internacional a Ipsos Perú con la finalidad de evaluar “la percepción de la democracia y crisis política en el Perú”, nos permiten avizorar con mayor precisión la percepción de los peruanos respecto a esta crónica crisis política y sus consecuencias, con preocupantes pero objetivos resultados:
-2 de cada 5 peruanos consideran que la democracia es preferible a cualquier otra forma de gobierno, pero 1 de cada 4 indica que en algunas circunstancias un gobierno autoritario puede ser preferible.
-Cerca de la mitad de los peruanos (44%) muestra tolerancia hacia las formas de autoritarismo consultadas.
-Los 3 poderes del Estado son vistos como los principales responsables de la crisis política del país, destacando el Congreso de la República.
-Apenas el 17% aprueba la calidad de la democracia en Perú.
-Muchos peruanos valoran la libertad de expresión y la ley, pero estarían dispuestos a ignorar la democracia si un gobierno resuelve los problemas del país.
-Dos tercios de los peruanos creen que un líder fuerte y autoritario podría ser la solución a los problemas del país.
-4 de cada 5 peruanos no cree que sus ideas y opiniones estén representadas por alguna autoridad actual.
-3 de cada 5 peruanos preferirían participar en un espacio de diálogo organizado por la propia ciudadanía. Apenas 1 de cada 10 señala a los partidos políticos.
Estamos sembrando lo que cosechamos, los ciudadanos no se alteran y asumen con cierta naturalidad, confundiéndolo como una forma regular de Gobierno, el autoritarismo; más aún cuando desde las esferas del poder, menoscabamos nuestra propia gobernabilidad, implosionando todo rasgo de institucionalidad, como el descrito anteriormente. Y resulta razonable la percepción, que son los poderes del Estado, causantes de esta debacle democrática, particularmente el Congreso, con su cizañoso actuar y decidir; con el que no nos sentimos representados, lo que profundiza la brecha de legitimidad y descalifica sus sesgadas decisiones. Y en esta perspectiva, se reclama la construcción de nuevos espacios de participación, muy razonable, contrastando con el cierra puertas de todo espacio en que se exteriorice la voz ciudadana.
Una tendencia autoritaria se expande por el mundo, obedeciendo a distintos contextos y realidades, en el caso nuestro la respuesta es este permanente proceso de destrucción institucional en el que nos tienen comprometidos, particularmente el Congreso de la Republica. Si no tenemos confianza en los líderes políticos, en los partidos políticos, en nuestros representantes políticos, debemos salir del complaciente silencio ciudadano, asumir un rol contestario y protagónico para salvar nuestra democracia, que aun con todos sus defectos no deja de ser la mejor forma de gobierno.