La Defensoría del Pueblo, hizo un llamado a las organizaciones sociales y dirigentes que están al frente de la paralización por el otorgamiento de la licencia de construcción para el proyecto minero de Tía María, a fin de que se logre un clima de paz, mientras se determine la situación legal de los procedimientos administrativas pendientes y que se presentaron en diversas instancias del Estado.
En comunicado de prensa señala que, han transcurrido veintiún días desde que se inició el paro en contra el proyecto minero Tía María en la provincia de Islay. La medida de fuerza y sus consecuencias se extenderán ahora a la región Arequipa, luego del anuncio de la Federación Departamental de Trabajadores de Arequipa (FDTA), de convocar a una nueva paralización, hoy 5 de agosto.
Ante esta situación, la Defensoría del Pueblo expresa su preocupación por las consecuencias que estas medidas vienen teniendo en la integridad física de las personas -sean estas civiles o policías-; en nuestros niños y niñas cuyas labores escolares han sido suspendidas en Islay, y se anuncia que lo serán también en la provincia de Arequipa; y, en general, respecto de amplios grupos de personas y organizaciones que se ven afectados en el desarrollo de sus actividades personales, administrativas o económicas, por efecto de los bloqueos de vías de comunicación y los enfrentamientos de sectores de la población con la policía nacional.
La extensión de esta medida de fuerza se hace en un contexto en el que se ha recurrido a procedimientos legales como el recurso de revisión interpuesto por el Gobierno Regional de Arequipa y la Junta Usuarios del Valle de Tambo, así como a una medida cautelar planteada por la Municipalidad Provincial de Islay.
En consecuencia, habiendo trámites pendientes de resolución en instancias formales, reconocidas por todos como válidas, corresponde esperar las respuestas oficiales y, en su momento, acatar su contenido. Cabe recordar, además, que los llamados al diálogo continúan, sin que hasta ahora hayan sido acogidos.
La decisión del Ministerio de Energía y Minas tiene un efecto directo sobre el inicio o no de las obras de construcción del proyecto minero; y si bien hay plazos establecidos, se deberá resolver con el cuidado técnico necesario, pero con la celeridad que la circunstancia amerita.
La Defensoría del Pueblo reitera su llamado a esperar las decisiones administrativas que correspondan, en un ambiente de tranquilidad social. Si las personas son primero, no cabe, entonces, crear situaciones de riesgo en las que puedan verse afectadas.
Finalmente reiteraron su llamado a la no violencia, promoviendo el diálogo, atendiendo situaciones humanitarias, y supervisando a las entidades públicas con competencias legales en estos temas.