El prefecto regional Edgar Rea Tito, dio a conocer que fue quien coordinó el arribo a Moquegua del congresista Guillermo Bermejo (Perú Posible), con la finalidad que pueda contribuir a solucionar en el conflicto existente entre la empresa Southern Peru y la comunidad de Tumilaca, Pocata, Coscore y Tala.
El parlamentario llegó acompañado de la ministra de Trabajo, Betsy Chávez, e inmediatamente se constituyeron al asiento minero de Cuajone, reuniéndose con los representantes del sindicato de trabajadores.
Los directivos dieron a conocer su problemática con respecto a la falta de agua y al riesgo de perder su trabajo por la posible aplicación de la suspensión imperfecta de parte de la minera, lo que conllevaría a pasar a la condición de desempleados.
La ministra de Trabajo tomó apuntes y se encargó a la SUNAFIL para que coordine con la empresa para que no se aplique la suspensión imperfecta y se mantenga el vínculo laboral a fin de no afectar la economía de cada familia.
Si se dejara de funcionar, serían 1800 personas que estaría perdiendo su trabajo, lo cual es una preocupación. Por su parte, funcionarios de la minera indicaron que están en una situación crítica y pidieron a la ministra su intermediación.
REUNIÓN EN VIÑA BLANCA
Al día siguiente, acordaron asistir a Viña Blanca para hablar con los comuneros, pero la ministra de Trabajo tuvo que volver a Lima ante la emergencia que vive el país.
Fue el congresista Bermejo y el prefecto regional quienes llegaron a la zona de conflicto, donde la comunidad expuso sus demandas.
COMUNEROS SE REÚNEN EL DOMINGO
“El legislador tras escucharlos los exhortó a deponer algunas actitudes, pidiendo a la comunidad que den el primer paso para iniciar la mesa de diálogo. Los comuneros acordaron una reunión para el domingo 10 de abril y sería la asamblea quien determinaría la fecha para las negociaciones”, aseveró Rea.
Pidieron al congresista que esté presente, comprometiéndose a participar en el espacio, con la condición que suelten el agua y despejen la vía férrea, para ello la empresa tendrá que retirar las denuncias contra 18 comuneros y el habeas corpus contra sus directivos.
