La Contraloría General evidenció irregularidades en la adquisición de 227 pararrayos que costaron S/ 1 322 275 y fueron pagados por la Municipalidad Provincial de Mariscal Nieto (MPMN) el año pasado. A raíz de estos hechos, se determinó presunta responsabilidad penal y administrativa de la entidad, así como del PAS (sujeto a la potestad sancionadora de la Contraloría) en cinco (5) ex servidores públicos debido a que no aplicaron penalidad al proveedor por retraso en la entrega de los bienes.
De acuerdo al Informe de Control Específico N° 024-2023-2-0446-SCE (periodo del 26 de enero al 21 de setiembre de 2022) la MPMN, en el marco de la ejecución del proyecto “Creación del servicio de protección contra descargas eléctricas en temporadas de lluvias en las comunidades campesinas del distrito de Carumas”, requirió la adquisición de pararrayos que incluyeran una pieza de adaptación mástil y contador de rayos.
En la licitación pública, el consorcio ofreció en su propuesta técnica entregar los bienes en un plazo de 19 días calendarios, por lo que dicha propuesta le valió puntos para obtener la buena pro. Sin embargo, posteriormente pidieron una ampliación de 86 días calendarios aduciendo que los bienes venían de China y que debido al tráfico marítimo demoraban su ingreso al país.
Con esta justificación, el residente de obra aprobó la ampliación; sin embargo, este nuevo plazo de entrega se dio cuando ya había vencido el plazo inicial que tenía el proveedor, por lo que correspondía que se le aplique la máxima penalidad o incluso la resolución del contrato.
Pese a ello, los servidores ediles no lo hicieron y terminaron recibiendo los pararrayos y otorgando conformidad a los bienes, a pesar de que se incurrió en el retraso contractual e incorrecto otorgamiento de la ampliación de plazo. Al no aplicar la penalidad correspondiente, se ocasionó un perjuicio de S/ 132 227.
El Informe recomienda al alcalde provincial de Mariscal Nieto el deslinde de responsabilidades administrativas. Además, al Órgano Instructor de la Contraloría General se le insta a realizar el procesamiento de los funcionarios y servidores involucrados.
También se recomienda a la Procuraduría Pública Anticorrupción iniciar las acciones legales de índole penal y al Organismo de las Contrataciones del Estado (OSCE) iniciar la sanción correspondiente al contratista.
