POR: ABOG. LARRY J. ORMEÑO CABRERA
Durante años, los ciudadanos que alzan la voz en defensa de su territorio han sido tildados injustamente de “antimineros”, “antiindustriales” o saboteadores del desarrollo económico. Se ha intentado construir una narrativa que los dibuja como opositores sistemáticos a toda actividad empresarial. Sin embargo, la historia demuestra lo contrario: si no fuera por comunidades comprometidas y vigilantes de su entorno, las grandes industrias se instalarían sin frenos, ignorando el daño irreparable en los ecosistemas locales. No es oposición al progreso, es legítima defensa de la vida.
Hoy, la provincia de Ilo debe encender sus alarmas y analizar con lupa el proyecto de instalación de una planta desaladora. Los funcionarios de ProInversión argumentan que el objetivo principal es solucionar la escasez de agua en la provincia, pero como ileños que conocemos nuestra realidad, sabemos que esto es una verdad a medias estructurada desde oficinas en Lima. Cada año, entre noviembre y marzo, vemos cómo millones de metros cúbicos de agua de nuestros ríos se pierden en el mar. Ilo no carece del recurso hídrico; lo que le falta es infraestructura de almacenamiento y la recuperación de las cuencas y de los bofedales de Pasto Grande, hoy bajo el control de privados mineros.
EL PRINCIPIO PRECAUTORIO COMO ESCUDO LEGAL
Este debate no debe centrarse únicamente en la ingeniería, sino en el derecho internacional de los derechos humanos y la legislación nacional. La Ley N.° 28611, Ley General del Ambiente del Perú, en el artículo VII de su Título Preliminar, consagra el principio precautorio. Este principio jurídico establece con claridad que, ante el peligro de daño grave o irreversible, la falta de certeza científica absoluta no debe utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas eficaces.
En términos sencillos, no es necesario esperar a que el daño ambiental ocurra o esté científicamente demostrado al 100 % para actuar. Si existen indicios razonables de que una actividad económica puede destruir un ecosistema, el Estado y las autoridades locales tienen la obligación legal de prevenirlo. El derecho a un ambiente sano es irrenunciable, conforme al artículo I de la misma ley, y la protección del mar es una prioridad.
EL ESPEJO DE CHILE Y LA AMENAZA AL LITORAL ILEÑO
No estamos hablando de temores infundados. El impacto negativo de la desalinización ya es una realidad observable en nuestro vecino país de Chile. En puertos norteños como Antofagasta, Caldera y Tocopilla, los pescadores artesanales son testigos del impacto de la salmuera y los químicos vertidos al océano. Estas plantas han alterado gravemente la flora marina, provocando la desaparición de mariscos y destruyendo los bancos de machas. Esto se traduce en un golpe socioeconómico devastador para las familias que dependen de la pesca artesanal.
Si la evidencia está al otro lado de la frontera, cabe preguntarse: ¿por qué los funcionarios de la Municipalidad Provincial de Ilo y del Gobierno Regional no han interpuesto los recursos legales necesarios para frenar este proyecto?
La instalación de esta planta afectaría de forma directa al movimiento gastronómico y turístico. El golpe en la biomasa marina impactará directamente en nuestras cevicherías locales. Ante la escasez de especies hidrobiológicas frescas que provocará la planta desaladora, los restaurantes se verán en la obligación de incrementar drásticamente sus costos operativos. Esto encarecerá el plato bandera y ahuyentará al turismo que dinamiza el puerto.
También afectaría zonas protegidas. La Reserva Nacional Sistema de Islas, Islotes y Puntas Guaneras Punta Coles, un santuario de biodiversidad y atractivo turístico fundamental, quedaría expuesta a la contaminación térmica y química.
La economía pesquera y el deporte también se verían comprometidos. La cadena de valor de la pesca artesanal se vería mermada durante todo el año, afectando también a los deportistas de pesca en caña que frecuentan zonas tradicionales como Coquina, Playa Belén y Pozo de Lizas.
MEMORIA HISTÓRICA: EL COSTO DE LA CONFIANZA
Lima suele llevarse una imagen equivocada de la comunidad ileña. No entienden que nuestra desconfianza hacia los proyectos de la gran industria nace de heridas del pasado que aún no cierran. La memoria local guarda el impacto ecológico de los relaves mineros vertidos durante décadas en la bahía de Ite, cuyos daños aún no se han recuperado.
De igual manera, recordamos el caso de la empresa EnerSur, hoy ENGIE. Cuando instalaron la Central Térmica Ilo 2, bajo la justificación de abastecer de energía y potencia al Sistema Eléctrico Interconectado Nacional (SEIN), se le otorgó la licencia social a cambio de la promesa de desarrollo. La comunidad cedió terrenos públicos a precios ínfimos, prácticamente regalados, con la expectativa de acceder a energía accesible. Décadas después, Ilo es uno de los puertos que paga una de las tarifas eléctricas más costosas del Perú. La historia nos enseña que las promesas del centralismo pocas veces se cumplen a favor del ciudadano.
EXIGENCIA DE TRANSPARENCIA EN LA AGENDA ELECTORAL
Ilo no necesita una planta desaladora que altere su ecosistema marino. El problema del agua se puede solucionar mediante una gestión pública eficaz, técnica y transparente, recuperando los recursos que legítimamente corresponden a la provincia. Este debe ser el tema prioritario en la agenda política regional y un punto de debate obligatorio e inaplazable para los candidatos en las próximas elecciones regionales y municipales.
Las autoridades tienen el deber de sincerarse con la población. Deben aclarar si este proyecto responde a una necesidad real de la ciudadanía o si se trata de compromisos asumidos con empresas transnacionales que buscan imponer infraestructura costosa a expensas del patrimonio natural ileño. No somos antimineros ni opositores al desarrollo; somos ciudadanos con memoria histórica que defienden su derecho a un futuro sostenible. El proyecto de la planta desaladora debe ser detenido de manera inmediata por las autoridades y la sociedad civil organizada.
