El expresidente Martín Vizcarra denunció que el informe final de la subcomisión de Acusaciones Constitucionales que plantea su inhabilitación política por 10 años contiene errores y más de 10 infracciones constitucionales. Tras cuestionar errores «de forma y de fondo» en este documento, el exmandatario señaló que «llama la atención la prisa y la urgencia» con la que se busca poner a consideración esta recomendación ante el Pleno del Congreso.

«Este proceso sumario, express, que se está llevando en el Congreso no tiene una justificación lógica porque hoy estamos en la Comisión Permanente viendo el informe donde se determinan sanciones a funcionarios públicos sobre el uso de la vacuna, pero sin embargo hoy en la tarde el Congreso va a llevar a cabo un Pleno para recibir el informe de una comisión multipartidaria que el propio Congreso ha creado para que se determine si hay irregularidades en el uso de la vacuna», cuestionó.

«Nosotros recurriremos a las instancias que correspondan para defendernos. Tenemos un derecho constitucional de postular y ser elegido, que el pueblo decida y no 100 personas me van a quitar ese derecho. Nos vamos a defender en instancias nacionales e internacionales. Estamos en carrera electoral y cualquier decisión que se tome aquí (en el Congreso) no tendrá ningún efecto en las elecciones del domingo», agregó en otro momento.

El expresidente Martín Vizcarra se presentó ante la Comisión Permanente del Congreso para ejercer su derecho a la defensa sobre la denuncia constitucional en su contra por el caso ‘Vacunagate’, por el cual se ha recomendado su inhabilitación política por 10 años. Durante su exposición, el exmandatario insistió en cuestionar que el Pleno del Congreso vaya a tener que evaluar un informe con «sesgos y deficiencias».

«Como han trabajado de manera precipitada, a lo loco, este proceso, se comete una tras otras infracciones. Son trece las infracciones constitucionales contra el debido proceso que ha cometido la subcomisión de Acusaciones Constitucionales. Para hacer una cosa bien hecha pedimos retornar este informe nuevamente a la subcomisión para que pueda corregir los flagrantes errores e infracciones a la Constitución», apuntó.

Luego de recordar otras denuncias constitucionales contra otros exfuncionarios -entre ellos el caso del excongresista Héctor Becerril y del congresista Edgar Alarcón- el exmandatario cuestionó que las denuncias en su contra y las exministras de su gobierno se hayan presentado en febrero de este año y en poco más de un mes ya se tenga un informe final.

«¿Hay igualdad de condición? ¿Se está trabajando con justicia, o es un tipo de procedimiento contra los Chávarry, los Becerril, los Alarcón, y es otro procedimiento express, rápido, para Martín Vizcarra? Así no puede ser. Pedimos equidad, justicia, lo que no se está dando en el primer poder del Estado (…) Para el congresista Mamani, que ha adelantado opinión, y es uno de los que acusa, juzga y sentencia, me acusa a 10 años de inhabilitación, y si pudiera sería 20 o quizás este Congreso quiera inhabilitar de por vida», respondió.

«Si no hay justificaciones técnicas-legales, ¿cuáles son las justificaciones? Aquí el fondo de esta acusación es una venganza, es una persecución política. El tema legal es solo un pretexto para tratar de sacar a un contrincante en una lid electoral, cuando, así como ustedes (congresistas) están por la voluntad popular, dejen al pueblo que decida. Estamos a tres días de las elecciones, ¿por qué quieren irrogarse la voluntad de 33 millones de peruanos», sentenció.

ABOGADO DENUNCIÓ VIOLACIONES DEL DEBIDO PROCESO

Por su parte, el abogado del expresidente Martín Vizcarra, Fernando Ugaz, señaló que durante el proceso al que ha sido sometido el exmandatario se han identificado más de 10 violaciones de garantías constitucionales, entre estas al principio de legalidad, a la comunicación previa de los hechos, a la debida motivación de las decisiones parlamentarias, al debido proceso, a la correcta notificación, a la participación en la vida política, entre otros.

Durante su exposición, señaló que el informe elaborado por el congresista Jim Mamani señala que la opinión consultiva de los congresistas «está por encima» del Tribunal Constitucional. También denunció una violación al derecho de un «tribunal imparcial» porque Mamani, pese a ser promotor de las denuncias, se convirtió en «calificador» de estas.

«Es el fiscal que denuncia y es el juez que decide. Es todo. (…) Ahora entendemos por qué ni siquiera se ha permitido que el expresidente Martín Vizcarra venga a declarar frente a la comisión del Congreso y solo se le citó una vez (cuando) teníamos una diligencia en la Fiscalía y nunca más se le volvió a citar», reprochó.

«El informe afirma de manera absolutamente falsa que Martín Vizcarra sabía que la vacuna era eficaz. También se describe como segunda verdad que Martín Vizcarra ejercía el poder fáctico sobre las vacunas candidatas. Son esas dos conclusiones falsas con las que se ha tratado de vincular estas seis acusaciones constitucionales», cuestionó.

COMISIÓN PERMANENTE VERÁ INFORME FINAL

Este jueves la Comisión Permanente verá el informe final sobre las denuncias constitucionales 423 y 427 contra el expresidente Martín Vizcarra y las exministras Pilar Mazzetti y Elizabeth Astete por la presunta infracción a la Constitución Política del Perú.

Días atrás, la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales aprobó por mayoría el informe del caso ‘Vacunagate’ en el que se recomienda inhabilitar políticamente por 10 años al expresidente Martín Vizcarra, por ocho años a la exministra de Salud Pilar Mazzetti y por un año a la excanciller Elizabeth Astete.

La votación se realizó luego de que el congresista Jim Mamani (Unión por el Perú) presentara a esta subcomisión su informe donde se halla responsabilidad del expresidente por haber recibido la vacuna contra la COVID-19 fuera de los ensayos clínicos y por haber gestionado que su esposa y su hermano también se inmunicen.

Para Mamani, Martín Vizcarra habría infringido la Constitución y habría quitado la vacuna a trabajadores del ensayo que sí la requerían. Además, tomó en cuenta factores como el expresidente mintió al haber asegurado que fue voluntario del ensayo de Sinopharm y que se inmunizó secretamente en Palacio de Gobierno. [RPP]