POR: ING. FREDDY ZEBALLOS NÚÑEZ
En febrero de 2016, Moquegua debía celebrar la entrega de una obra vital: el sistema de bombeo Chilota Chincune, comprometido por Anglo American Quellaveco (AAQ) como parte del Acta Final de la Mesa de Diálogo del 2012 que permitió la ejecución del Proyecto Quellaveco. Contratada con el Consorcio Obrainsa Astaldi (COA) el 24 de noviembre de 2014, con un plazo de 14 meses y un presupuesto de S/ 95 millones, la obra debía estar plenamente operativa en menos de año y medio. A la fecha de este artículo, 6 de junio de 2026, diez años y tres meses después del plazo original, no existe una sola prueba de funcionamiento satisfactoria. El agua no llega. Moquegua espera.
Esta no es una falla técnica menor ni un retraso atribuible a circunstancias imprevistas. Es el resultado de una cadena de incumplimientos legales, designaciones irregulares, omisiones institucionales y gestión cuestionable que han costado a la región un perjuicio estimado en más de S/ 131 millones, sin contar lo invertido en dos proyectos —Chilota Chincune y Lomas de Ilo— que superan los S/ 450 millones y permanecen inutilizables en los cerros.
EL COMPROMISO QUE NO SE CUMPLE: LA RESPONSABILIDAD DE AAQ
El compromiso de ejecutar Chilota Chincune quedó sellado en el Acta Final de la Mesa de Diálogo por Quellaveco del 2012, autorizada por Resolución Ministerial. El 31 de octubre de 2012, el señor José Fernández Baca —quien también firmó el contrato por Quellaveco— ratificó en nombre de AAQ la ejecución del sistema con S/ 95 millones, aplicando “buenas prácticas y estándares de Anglo American”. Según la propia Revista del FDM, al 2022 ya se había gastado S/ 115 millones, es decir, S/ 20 millones adicionales a lo comprometido. Diez años más tarde, el 13 de junio de 2025, a presión de los agricultores moqueguanos, Diego Ortega Meneses —vicepresidente de Asuntos Corporativos de Anglo American— firmó un nuevo acuerdo comprometiendo un equipo técnico para definir la fecha de puesta en operación. Han pasado casi doce meses. El sistema sigue sin funcionar.
La situación es clara: el 4 de noviembre de 2022, el Comité de Monitoreo por Quellaveco (CMQ) declaró conformidad con el cumplimiento de la etapa de construcción de Chilota Chincune. Hoy, tres años y medio después, no hay pruebas de funcionamiento. Esa declaración, firmada a nombre del vicepresidente Diego Ortega Meneses, no tiene como calificarse más que como una afirmación falsa sobre el estado de una obra pública, con perjuicio directo para la región.
El Acta del 2012 establece que, ante el incumplimiento de sus compromisos, Moquegua tiene el amparo legal para paralizar las operaciones de Quellaveco. Esa es la palanca que la región tiene y que aún no ha accionado.
EL FDM Y LA LEY 28858: EL NUDO LEGAL QUE NADIE QUISO DESATAR
El Fondo de Desarrollo Moquegua (FDM), creado precisamente para administrar los S/ 1,000 millones que AAQ aportará en 30 años como responsabilidad social, tiene una obligación legal inescapable: la Ley N° 28858. Esta norma establece que las obras de ingeniería deben estar conducidas por ingenieros colegiados y habilitados por el Colegio de Ingenieros del Perú (CIP), ética y técnicamente competentes, y que su selección debe hacerse mediante concurso publicado en un diario de circulación nacional, con el aval de una consultora especializada.
Lo que ocurrió en el FDM es exactamente lo contrario. La Dirección Ejecutiva de una obra de infraestructura hidráulica de alta complejidad fue ejercida durante dos años y siete meses por el médico Diego Bernardo José Fernández Concha Murazzi, y luego, desde noviembre de 2017, por la abogada Rossmery Silva Acevedo, quien continúa en el cargo al día de hoy: ocho años después. La Supervisión Técnica, entretanto, fue asumida por la arquitecta Gina Valdivia Vélez desde abril de 2017, igualmente sin el perfil que exige la ley. En conjunto, la dirección ejecutiva de la obra estuvo a cargo de personas sin la habilitación legal correspondiente durante más de diez años. La propia Contraloría lo advirtió: el 29 de enero de 2024, mediante el Informe de Oficio N° 002-2024-OCI/5347-SOOO, recordó a la gobernadora regional y al Consejo Regional la vigencia y alcance de la Ley 28858.
El Consejo Directivo del FDM —cuatro integrantes según el Acta del 2012, ampliados hasta ocho en el registro de SUNARP— fue quien designó y mantuvo en funciones a estas personas. Esa responsabilidad es solidaria y está documentada.
LA CADENA DE PROMESAS: CINCO HECHOS QUE NO SE CUMPLIERON
El historial de anuncios sobre Chilota Chincune es tan extenso como desalentador:
- El 4 de septiembre de 2025, el diario La Prensa Regional (LPR) informó que el FDM anunciaba el reinicio de pruebas del sistema de bombeo entre el 23 y el 28 de octubre. Ocho meses después, nada.
- El 9 de septiembre de 2025, Pasto Grande anunció con bombo y platillo la culminación de pruebas hidráulicas en los 63.29 km de la línea de conducción Jaguay-Reservorio. El comunicado fue emitido por la Oficina de Relaciones Institucionales, no por una Comisión de Recepción integrada por ingenieros colegiados hábiles. No tiene validez técnica ni legal.
- El 22 de octubre de 2025, John Larry Coayla, presidente del FDM, anunció un concurso público para cubrir cuatro plazas de confianza. A la fecha de este artículo, casi siete meses después, no se ha publicado convocatoria alguna.
- El 4 de diciembre de 2025, la gobernadora regional Gilia Gutiérrez declaró: “No estamos en capacidad de asumir la operación y mantenimiento de Chilota Chincune” y advirtió que la institución no cuenta con profesionales capacitados para operar esa infraestructura. Una confesión que condena diez años de gestión.
- La abogada Rossmery Silva, en su exposición en la I Cumbre de Minera Responsable (Ilo, junio 2024), describió como mejoras los defectos de construcción que impidieron el funcionamiento de las bombas. En obras públicas, los defectos de diseño o ejecución no se mejoran: los paga quien los causó.
EL CONTEXTO HISTÓRICO: LO QUE ESTABA EN JUEGO DESDE EL INICIO
Para entender la magnitud de lo ocurrido, es necesario ubicarse en los orígenes. El 27 de octubre de 2010, el CIP-Moquegua aprobó en asamblea una propuesta de negociación con AAQ presentada por el suscrito, en la que ya se advertía que Moquegua venía perdiendo agua por el calentamiento global —solo en la Presa Pasto Grande se había perdido 600 litros por segundo en los últimos 23 años— y que el canje de agua con AAQ era una oportunidad histórica que tenía que ejecutarse con seriedad y plazos. Esa propuesta fue la base de lo que luego se plasmó en el Acta del 2012. Trece años después, el intercambio legal y honesto acordado entre Moquegua y AAQ —paz social a cambio de S/ 1,000 millones en 30 años y obras de infraestructura— sigue incompleto en su parte más crítica.
El Acta de Recepción sin Observaciones de Lomas de Ilo, firmada el 6 de febrero de 2017 con un caudal de prueba de 10 litros por segundo cuando el proyecto está diseñado para 950 l/s, es quizás el acto más grave de toda esta historia. Esa firma —otorgada durante la gobernación de Jaime Rodríguez— libró al Consorcio Obrainsa Astaldi de responsabilidades que le correspondían, y luego el Gobierno Regional gastó S/ 12 millones adicionales intentando corregir defectos que, por norma, debía subsanar el contratista.
Chilota Chincune y Lomas de Ilo son inseparables: el uno sin el otro no vale nada. Más de S/ 450 millones invertidos que hoy no producen un solo litro de agua para las 1,750 hectáreas que esperan irrigación en las Lomas de Ilo. Y sin el financiamiento del bombeo de Chilota Chincune —650 litros por segundo a 200 metros de altura, un compromiso que arrastra el Gobierno Regional desde que Martín Vizcarra lo suscribiera con el MEF como condición para obtener la viabilidad SNIP de Lomas de Ilo— el sistema completo seguirá siendo, como lo he dicho antes, una obra tirada en los cerros.
EL DAÑO CUANTIFICABLE Y LO QUE CORRESPONDE HACER
El perjuicio económico estimado solo por la demora de Chilota Chincune asciende a S/ 131’250,000 (1,750 hectáreas por S/ 15,000 por hectárea-año por cinco años productivos perdidos, sin contar los primeros cinco años de mejora de suelos). Ese es el lucro cesante de una región que no pudo cultivar lo que podría haber cultivado. A eso se suman los sobrecostos directos, los gastos ilegales de personas que ejercieron cargos sin habilitación, y el daño extrapatrimonial que supone diez años de frustración colectiva.
La ley es clara. El artículo 198 del Código Penal establece penas de dos a cinco años por administración fraudulenta, que incluye proporcionar datos falsos sobre la situación de una persona jurídica en perjuicio de terceros. Los artículos 1321 a 1332 del Código Civil establecen la responsabilidad civil por daños y perjuicios. La Ley 28858 obliga. La Contraloría ya advirtió. Lo que falta es que el Ministerio Público y el Poder Judicial actúen.
La responsabilidad, a juicio del suscrito con 45 años de ejercicio profesional y tres periodos como Decano del CIP-Moquegua, recae principalmente en: el Consejo Directivo del FDM en sus distintas conformaciones (2014-2026), por designar y mantener en cargos técnicos a personas sin la habilitación legal; los propios funcionarios que aceptaron y ejercieron esos cargos; los Decanos y Consejos Directivos del CIP-Moquegua, que omitieron pronunciarse y exigir el cumplimiento de la Ley 28858; el Comité de Monitoreo del Acta del 2012 (CMQ), presidido por la Gobernadora Regional, que avaló una obra incompleta; y los funcionarios de AAQ que dieron conformidad a compromisos no ejecutados.
LO QUE DEBE OCURRIR A PARTIR DEL 7 DE JUNIO DE 2026
El 7 de junio de 2026, Día de la Bandera Nacional, marca el inicio de una nueva etapa para quienes ejerzan el poder en Moquegua. Este artículo es una ayuda memoria, pero también una exigencia ciudadana. Lo que queda pendiente no admite más dilaciones:
Pruebas de funcionamiento satisfactorias de Chilota Chincune, certificadas por una Comisión de Recepción de ingenieros colegiados hábiles. Concurso público efectivo para los cargos técnicos del FDM, con publicación en diario de circulación nacional y selección por consultora especializada.
Gestión urgente del financiamiento del bombeo de Chilota Chincune ante el MEF y en el marco del Acta del 2012, utilizando si es necesario hasta el 50% de los aportes de responsabilidad social de AAQ.
Convocatoria a una nueva Mesa de Diálogo aprobada por la PCM que evalúe la expansión de Quellaveco, regularice las modificaciones al Acta del 2012 y establezca nuevos plazos vinculantes. Denuncia formal ante la Fiscalía y el Poder Judicial de los incumplimientos de la Ley 28858, la administración fraudulenta y el daño patrimonial causado a Moquegua.
CONCLUSIONES
Primera: El contrato de Chilota Chincune se firmó el 24 de noviembre de 2014. Diez años y seis meses después, la obra no funciona. Solo hay dos explicaciones posibles: corrupción o ineficiencia. En ambos casos, la ley establece sanción penal y resarcimiento de daños. La Fiscalía y el Poder Judicial tienen la palabra.
Segunda: La razón principal de la demora es el incumplimiento sistemático de la Ley 28858. La responsabilidad recae sobre el Consejo Directivo del FDM, que asignó cargos de ingeniería a personas sin la habilitación legal, y sobre quienes los aceptaron y ejercieron. El CIP-Moquegua omitió actuar. El CMQ avaló lo que no debía avalar. AAQ incumplió lo que firmó.
Tercera: La declaración de la gobernadora Gilia Gutiérrez del 4 de diciembre de 2025 —“no estamos en capacidad de asumir la operación y mantenimiento de Chilota Chincune”— es la confesión más reveladora de cómo se ha gestionado esta obra. Y al mismo tiempo, la prueba más contundente de que urge aplicar la Ley 28858: contratar, de una vez, a los ingenieros que esta obra necesitó desde el primer día.
Cuarta: Cada día que pasa sin pruebas de funcionamiento satisfactorias, el perjuicio a Moquegua crece. Y ese perjuicio tendrán que asumirlo, en forma proporcional, quienes resulten responsables.
Moquegua no puede seguir esperando. El agua no puede seguir llegando sólo en forma de promesas.
