POR: ENRIQUE LAZO FLORES
La designación de Alessandra Herrera Jara en el cargo de Ministra de Energía y Minas en el gobierno de Pedro Castillo, ha dejado un leve sabor de tranquilidad y una brisa alentadora que los vientos en el sector minero soplarían con dirección adecuada como para recuperar el tiempo perdido por las continuas crisis sociales que despertado sueños y ambiciones de tirios y troyanos que estaban infiltrándose entre las comunidades campesinas, ya sea como falsos comuneros, o, falsos directivos que en momentos ya se creían ser los amos y señores dueños del Perú entero.
Las huellas siguen vivas de esos conflictos donde incluso se perdieron vidas de manera inútil, pero también es necesario reconocer el diálogo como única herramienta de consensos que se utilizó esta vez, con la participación del Estado en el marco de la responsabilidad social verdadera donde están sentados los tres actores principales que son, la empresa, la población y el Estado y están hallando soluciones donde la población que es el actor más renuente, está entendiendo que el Perú es un país rico en recursos naturales y que debe saber utilizarlo en procura de su desarrollo y progreso.
Ergo, es importante que esa riqueza, que se mantiene en el suelo y sub suelo sea extraído para generar ese bienestar que el pueblo necesita y el Estado de por sí, es incapaz de hacerlo por lo que se requiere la inversión privada para hacerlo, en esa línea existe en el país una serie de proyectos que por desidia en algunos casos, interés mezquinos en otros, o intereses de grupos que se oponen a que se explote esa riqueza que por siglos está en vientre del país sin que sea utilizado en el desarrollo y progreso de su pueblo, siguen esperando.
En ese marco recientemente la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía, SNMPE, ha señalado que el sector minero energético requiere trabajar en conjunto para atraer inversiones y desarrollar nuevos proyectos.
Como iniciativa está muy bien lo que dijo la autoridad, pero de allí a que los proyectos que en este momento deben iniciarse y están listos a ejecutarse, no lo dijo la ministra de Energía y Minas, dejando un vacío donde se debía haber expuesto de manera reiterativa, en el sentido que ya es hora de trabajar sobre esos proyectos.
En este momento son varios los proyectos que se encuentran durmiendo el sueño de los justos, teniendo en cuenta que de acuerdo al Ministerio de Energía y Minas, se cuenta con una cartera de proyectos valorizada en más de 56 mil millones de dólares, de 46 proyectos mineros, distribuidos en 17 regiones del país, de las cuales, 13 proyectos debieron entra en construcción el 2021 hasta el 2025, para este año 2022 aún se espera el inicio de otros que se encuentran en proceso de exploración, como ampliación Shouxin, y los proyectos de reposición Chalcobamba Fase Uno, en Las Bambas y Pampacancha en Constancia y los que debieron empezar como Corani en Puno, Yanacocha Sulfuros, Optimización Inmaculada y San Gabriel en Moquegua, los cuales tenían previsto iniciar su construcción en el 2020, pero por factores como la pandemia, en otros por la aparición de conflictos comunales, o se postergó, o se paralizaron.
Para el periodo del 2022 al 2025, se espera el inicio de construcción de iniciativas mineras como Magistral, la Planta de Cobre Río Seco, Zafranal, Los Chancas, Trapiche y Michiquillay, que cuentan con un potencial económico que va permitir el impulso de la recuperación económica del país y el desarrollo de sus regiones, ya que son una inversión cercana a los 12 mil millones de dólares, que se convertirán en un importante ingreso al fisco, traducido como un respiro para la economía.
Se debe tener en cuenta que en este momento hay proyectos que aceleran el paso como Mina Justa, que este año iniciaría su producción, el gran ejemplo de una mina moderna Quellaveco, la Ampliación Toromocho, Ampliación Santa María, y Ariana, que deben reanudar sus labores de construcción, estas inversiones mineras no solo ampliarán la producción, sino harán crecer las exportaciones de minerales lo que permitirán el crecimiento de divisas con incremento de la recaudación fiscal.
Todos estos proyectos parecen ser solo una esperanza, porque la coyuntura nos desvía la mirada a la crisis política que vive el país, que al tener un gobierno que soslaya al sector minero, o cuando se le necesita no está presente, los conflictos mineros amenazan en crecer de tal manera que se desarrollarán conflictos sociales donde no se deben presentar, como ya se vieron en Ica, donde se perdieron vidas, o los atentados a la propiedad privada, caso Las Bambas y Cuajone, con la desprotección y abandono del Estado y lo peor, dando nacimiento a otros factores de protesta como los mineros ilegales, como nuevos protagonistas.
Estos factores son precisamente la preocupación actual, el crecimiento de la minería ilegal de manera descontrolada, la presencia antiminera y de organizaciones ambientalistas que “llevan agua para su molino”, creando conflictos donde no hay necesidad, con la paciente complicidad del gobierno que de esa manera crean las condiciones para impulsar una nueva constitución, revisión de contratos, expropiaciones y crear zozobra en el sector privado que busca invertir en el país, todo lo contrario de lo que se necesita para impulsar la economía, convirtiéndose en una grave amenaza, por lo que se debe trabajar tomando en cuenta de manera responsable al sector privado.
Es necesario asegurar el crecimiento de la minería formal, para ello se precisa combatir la minería informal, prevenir los conflictos sociales, y garantizar el buen uso de los recursos que genera el canon minero y las regalías, porque allí se concentra los pedidos de autoridades que en muchos casos no saben emplear como deberían hacerlo, atendiendo las necesidades de su sector, procurando cerrar brechas que agobian a la población que son alarmantes en este momento.
No se trata de cambiar las leyes, pero sí de mejorarla porque una ley con varios años vigencia no quiere decir que sea mala, sino, hay que mejorarla y actualizarla en el sentido en que se debe promover las exploraciones para garantizar su continuidad, en este momento la industria minera representa el principal aportante de tributos a la economía del país, la cual se traduce en obras comunitarias en las regiones, por lo tanto, se debe aprovechar la potencialidad del país en el sector minero y convertirlos en un aporte sostenible en el tiempo para garantizar el crecimiento y el desarrollo de las regiones.